Por Lester Ramírez Irías
La Reforma Inconclusa
Cuando suceden escándalos de corrupción en las compras públicas, todos los ojos se vuelcan en los perpetuadores, sus maquinaciones y las redes familiares, políticas o económicas que participan, pero muy pocos ojos le prestan atención a las causas y los facilitadores.
Estos últimos cuatro meses hemos sido testigos presenciales de lo frágil y vulnerable quees la contratación pública, algo que ya sabíamos con hacer memoria de los grandes escándalos que han azotado al país en la última década, pero que en tiempos de COVID19 obviamente se magnifican más por el efecto directo en las vidas de las personas.
A pesar que el problema de la ineficiencia y corrupción en las compras públicas es bien conocido, nada de lo que se ha hecho ha tenido impacto. Se nombran juntas interventoras, se disuelven entidades como el Fondo Vial, se hace un intento de investigar y castigar a los corruptos o como ha sido el caso reciente de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) e Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H), se nombran nuevas cabezas en un intento de un “borrón y cuenta nueva”.
Por más de 20 años se ha querido ver el problema como un asunto meramente técnico. La cooperación internacional ha gastado millones de dólares apoyando la aprobación de la Ley de Contratación Pública en el gobierno de Ricardo Maduro Joest; el fortalecimiento de la Oficina Nacional de Compras y Adquisiciones del Estado (ONCAE) y el portal HonduCompras, durante el gobierno de José Manuel Zelaya; la aprobación de la Ley de Compras Electrónicas en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa; y más recientemente, en trasparentar las alianzas públicas-privadas en el gobierno de Juan Orlando Hernández.
El meollo del asunto es que, ante todo, se necesita resolver el problema político de las compras y contrataciones estatales. Algo que ni cooperantes u organizaciones de sociedad civil han podido revertir o logrado incidir. El problema político es mucho más complejo que el técnico, no solo se trata de políticos que buscan financiar sus campañas o llenar sus bolsillos, también hay empresarios que quieren mantener suculentos contratos, privilegios o mercados cautivos. Pero también está la dinámica autoritaria del presidencialismo hondureño que en momentos de emergencia concentra aún más poder.
Como se ha visto en la compra de los ventiladores pulmonares sin tomar en cuenta los requerimientos técnicos y las condiciones de los hospitales o la adquisición de hospitales móviles utilizando un vendedor de dudosa reputación, las decisiones en torno a las compras de emergencia han sido altamente discrecionales. En una administración pública en donde la toma de decisión se basa en lealtades personales, en vez de méritos o capacidades, se producen fuertes incentivos para que los funcionarios y empleados públicos actúan fundamentalmente para proteger y avanzar sus posiciones políticas, en vez de adherirse al mandato legal. Por eso, no nos debe de sorprender que Marco Bográn no consultó con el consejo directivo antes de adjudicar las compras.
En fin, la personalización del poder es el obstáculo más crítico que tiene Honduras para reparar las quebradas y vapuleadas compras de emergencia. En la ausencia de efectivos controles, incluyendo contrapesos institucionales y políticos, el presidente Juan Orlando Hernández es el único que puede hacer los correctivos en las compras de emergencia. La gran interrogante es si podrá prescindir del poder, fáctico y formal, dejando a los expertos y técnicos trabajar; y a la vez, controlando influencias indebidas de políticos y empresarios inescrupulosos.
Por el momento, es prácticamente imposible que el gobierno garantice que no habrá más corrupción en las compras de emergencia, pues simple y sencillamente, los riesgos y oportunidades están muy latentes.
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