Una mezcla de temor, desinformación e incertidumbre viven los millones de inmigrantes indocumentados que, esperando encontrar el paraíso, abandonaron sus países de origen y hoy afrontan el infierno de la persecución y la deportación, una vez que han entrado en vigencia las duras disposiciones legales anti-inmigratorias aprobadas por el Congreso y las autoridades de Estados Unidos.
Históricamente en Estados Unidos ya existía un marco legal punitivo contra las poblaciones migrantes. Sin embargo, con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca las medidas han sido incrementadas de manera acelerada para reducir la migración documentada e indocumentada.
Patricia Montes, directora ejecutiva del “Centro Presente” de Boston, Massachusetts, dice que se vive un ambiente de tensión e incertidumbre en muchos sectores de la unión americana, sobre todo en aquellos Estados que tienen una población más grande de inmigrantes indocumentados.
El anuncio de redadas realizado desde hace varias semanas por la administración Trump, se ha traducido en que buena parte de personas migrantes han dejado sus trabajos.
Patricia Montes asegura que como organización han podido observar cómo el departamento de seguridad nacional, por medio de sus dependencias, no solamente está implementando redadas, sino otro tipo de medidas; por ejemplo, la búsqueda de aquellos inmigrantes y de las personas que están trabajando en distintos lugares de manera indocumentada, además de las costosas multas a personas que están empleando a indocumentados.
Nuevas medidas
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció en las últimas horas que ampliará más allá de la franja fronteriza, la “deportación expedita” de centenares de miles de inmigrantes indocumentados que no logren demostrar su estancia en EEUU de al menos dos años.
Según el reglamento de 18 páginas “toda persona indocumentada que no logre mostrar su estancia consecutiva en Estados Unidos durante al menos dos años, quedará sujeta a una deportación expedita y sin derecho a defender su caso ante un juez de Inmigración”.
La medida aplicará también a inmigrantes que tienen al menos 14 días de haber entrado al país, pero menos de dos años y excluye a personas con casos de asilo u otros trámites migratorios pendientes, o a quienes entraron legalmente y permanecieron en Estados Unidos con visas vencidas.
Patricia Montes dice que esta medida significa que las personas que sean detenidas en los Estados Unidos, serán deportadas sin tener acceso a un juez de inmigración. Eso refleja la dureza de las medidas anti inmigrantes de la administración Donald Trump.
Tercer país seguro
Los gobiernos de Guatemala y Estados Unidos discuten la probabilidad que esta nación se convierta en un “Tercer País Seguro”, lo que implicaría que reciba a miles de migrantes centroamericanos y de otros territorios que huyen por la pobreza y violencia, librando así a los estadounidenses de un asunto que les incomoda.
La activista de Derechos Humanos, Patricia Montes, está convencida qué esto es una amenaza más, y significa la externalización de la frontera de los Estados Unidos y ampliación del muro.
“Estamos hablando de externalizar las políticas represivas, para que las poblaciones no hagan uso del derecho a migrar. Este tipo de medidas lo que hacen es precisamente reprimir y aumentar la persecución contra las poblaciones latinas”, asegura.
Montes cree que estas no son las medidas que van a detener la migración irregular hacia los Estados Unidos. La mejor manera de disminuir la migración indocumentada, es asegurándose que reduzcan los niveles de violencia, corrupción e impunidad, además de que haya oportunidades para que las personas puedan tener una vida digna en sus países de origen.
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