Es de conocimiento general cómo la élite política actual tomó el control del Estado hondureño hace diez años en 2009, a través de un golpe de Estado ejecutado por el Comando Sur, apoyado por el cardenal católico, los pastores evangélicos, los medios sanguijuelas, y ese zanate de la Escuela Americana como le llamaba el doctor Andonnie Fernández al “elector oculto”.
Aprovechando que la mayoría del pueblo hondureño estaba en las calles exigiendo la restitución del hilo constitucional roto por la fuerza chafarótica, esa pequeña élite mafiosa hizo un simulacro de elecciones en solitario y en 2010 se creyeron electos presidente, diputados, alcaldes y ministros.
Fue hasta después de la negociación forzada del Acuerdo de Cartagena que empezaron en 2011 a sacar las uñas legislativas, aprovechando la pacificación inducida de las masas en resistencia. Pero la mera desgracia empezó en diciembre 2013 con la diarrea de Juan Orlando Hernández candidato electo.
El zar del clan azul, la baraja oculta de la embajada de Estados Unidos que impidió a Pepe Lobo dirigir el país desde el 27 de enero 2010, se auto aprobó aquél paquete horrible de 67 leyes en una semana, antes de tomar posesión del primer fraude, para habilitarse legalmente un plan macabro contra Honduras, que incluía el segundo fraude.
Hoy es insoportable el hedor de aquél estiércol legislativo que abrió puertas a la corrupción, a la concentración de bienes en Honduras y el exterior, a la impunidad penal y a las operaciones del crimen organizado bajo protección policial y militar.
En todo el país lo que tenemos es una maquinaria de pobreza bien activada y un sistema de destrucción de las riquezas naturales, un aparato militar chupa sangre y una depredación de la empresa tradicional que es remplazada a la fuerza por los nuevos buitres del capital.
La CEPAL debe explicar, en consecuencia, a cuál crecimiento económico se refiere: Si es al crecimiento capitalista del grupo Pandora, la Red, la Caja Chica, el Planeta Verde, el cartel de Lempira o se refiere al país de la fantasía. Háganos el favor!
Esta dinámica de delincuentes creyéndose diputados y creyéndose presidente reelecto en la cuarta potencia económica del mundo tiene a Honduras convertido en un desastre humanitario. En una caravana interminable de desesperanza.
Hasta nuestros días el país llora a miles de personas asesinadas por la policía y el ejército – mujeres, jóvenes, opositores sociales, indígenas, activistas ambientales, campesinos, estudiantes – y centenas de torturadas y heridas entre nosotros.
El sistema interamericano ha solicitado más de 400 medidas de protección cautelar para periodistas, comunicadoras sociales, defensores de la diversidad sexual, activistas sociales de derechos políticos, etcétera, etcétera… Pero el derecho penal vigente no sirve más que para criminalizar su trabajo. Y mata, eso es lo peor.
Ahora viene el nuevo Código Penal, aprobado por los golpistas, publicado por la maquila de la Imprenta Nacional en mayo pasado y listo para entrar en vigencia en noviembre próximo, en tres meses. Y sus noticias son peores.
Desde todos los sectores organizados del país, desde los propios empresarios tradicionales que han dado soporte económico e ideológico a la dictadura, se levantan voces contrarias a ese mamarracho que llaman Nuevo Código Penal.
El Consejo Nacional Anti Corrupción, que leyó minuciosamente el texto, ha recomendado eliminarlo porque es ni más ni menos la Ley de los Impunes, de los violadores conscientes de la norma, de los delincuentes alevosos y asociados. El Código de la Impunidad.
Los periodistas, comunicadoras y población general que ejerce la libertad de expresión como derecho humano sin previa censura, han expresado sobradamente que el mamarracho de Oliva, Hernández y demás es un Código para revivir los delitos contra el honor, el típico discurso de la edad media inquisidora que hacía culto a la personalidad de los asesinos.
El uso de los nuevos medios sociales, que reemplazaron a los viejos instrumentos de control mediático, serían afectados brutalmente con la censura previa y la represión penal ulterior, para dejar intactos los medios predicadores, los medios propagandistas, los medios del silencio al servicio de los barones del Río Grande.
Las organizaciones de mujeres, igualmente, ven en el nuevo código una amenaza porque introduce nuevos criterios para juzgar a los agresores, violadores y asesinos de mujeres, y reduce las penas en muchos casos a trabajos comunitarios generalmente burlados por los victimarios.
Las organizaciones de defensa y promoción de los derechos humanos civiles y políticos ven llegar una serie de medidas restrictivas a su trabajo, además de la criminalización de la defensa cotidiana de dichos derechos en las postas policiales, batallones del ejército, casas de seguridad y tribunales de justicia.
Los delincuentes del erario público se aseguraron que, una vez que hayan sido denunciados o identificados en la comisión de un delito, les permitan devolver el valor de los bienes robados y evitar así cualquier proceso penal.
Los traficantes de drogas, los lavadores de dinero del crimen organizado y los delincuentes con poder en suma, se aseguran en el nuevo código que las penas sean reducidas al máximo. En algunos casos los castigos de 25 o 20 años son descendidos a 4 años.
Es una vergüenza para los países cooperantes que han aportado recursos a este tipo de legislación. Y es una amenaza seria para el trabajo de defensa y promoción de los derechos humanos, para las personas que ejercen este incomprendido trabajo en todo el país.
Y lo que es más preocupante, es la indefensión jurídica que se acrecentó con el control de las cortes y tribunales por el mismo grupo que está cuestionado por operaciones de crimen organizado nacional y transnacional.
¿A quién vamos a acudir para revocar los actos contra la ley?
Como ha escrito el ex fiscal Omar Menjívar, el derecho penal es la visión del grupo, casta o cartel que controla el Estado; el Código de noviembre es el instrumento mediante el cual esta estructura impone su visión de la delincuencia pública.
Ahora que estamos sin Constitución, nos toca entonces quemar el nuevo Código Penal convertido en la nueva carta magna de los criminales. O qué es lo que vamos a hacer? pensemos!
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