miércoles, 1 de julio de 2015

Honduras requiere un verdadero diálogo que conduzca a la reconciliación



Pese a la presión popular que ha mantenido por varias semanas a miles y miles de jóvenes exigiendo la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad para que investigue los actos de corrupción que han sepultado a la institucionalidad en Honduras, el presidente Juan Orlando Hernández descartó esta demanda y propuso iniciar con un diálogo social sin condiciones. 

Aun con la huelga de hambre a la que se han sumado ya 6 jóvenes en las afueras de Casa Presidencial como medida de presión para que se instale una CICIH, el presidente sigue ignorando el clamor popular y hasta criminalizándolo. 

“Como presidente electo decidí intervenir el Instituto Hondureño de Seguridad Social, nadie me obligó a hacerlo, no se podía soportar un atentado contra la salud del pueblo hondureño. La Comisión Interventora ha tenido todo mi respaldo para llegar al fondo de sus investigaciones administrativas y eso ha hecho posible descubrir los hechos que todos ahora conocemos y que además se castiguen los delitos que se cometieron, tal como lo ha planteado el Ministerio Público y lo ha ejecutado el poder judicial”, dijo Hernández en cadena de radio y televisión donde propuso la creación del Sistema Integral Hondureño de Combate a la Impunidad y la Corrupción. 

En la propuesta, el mandatario mencionó la necesidad de crear: 

1.- Una Unidad de supervisión y apoyo al Ministerio Público contra la corrupción y la impunidad, la cual estaría integrada por fiscales hondureños e internacionales de reconocido prestigio y comprobada experiencia para el acompañamiento técnico y científico.

2.- La creación de una Unidad de Supervisión y Apoyo al Consejo de la Judicatura y de la Inspectoría de Tribunales contra la corrupción e impunidad. Ésta instancia estaría integrada por juristas hondureños y jueces internacionales de reconocido prestigio y comprobada experiencia para el acompañamiento técnico y científico.

3.- Una Unidad Especial para la Seguridad de jueces, fiscales, sus familias e instalaciones, bajo la responsabilidad del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. 

4.- La instalación de un Observatorio del Sistema de Justicia, integrado por organizaciones académicas y de la sociedad civil que se guíe por una matriz de evaluación permanente del sistema de justicia; 5-Un Sistema de Integridad Empresarial, regido por los principios de transparencia e integridad internacionalmente aceptados y con el marco legal apropiado para su implementación.

En un programa de televisión de una cadena internacional, ante la consulta porqué si el Sistema Integral Hondureño de Combate a la Impunidad y la Corrupción y no la Comisión Internacional contra la Impunidad, el mandatario dijo que la CICIH es más tardado y menos efectivo, porque con su propuesta no busca únicamente fortalecer el Ministerio Público sino darle seguridad a jueces y magistrados para lograr un fortalecimiento integral de la institucionalidad.

Un diálogo con quienes promueven la política criminal 

Para el abogado y catedrático universitario Ramón Enrique Barrios, lo ideal sería que las instituciones jurídicas del país fueran capaces de enfrentar la corrupción en Honduras, que tuviéramos un Ministerio Público totalmente independiente y que pudiera presentar requerimientos fiscales contra todos los corruptos. Si existiera independencia de poderes los indignados e indignadas no estarían exigiendo la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad, dijo Barrios. 

El abogado Barrios cree que la propuesta de Juan Orlando Hernández no tiene fundamentos, puesto que llama a un diálogo nacional con los mismos actores que están desacreditados frente a los hondureños y hondureñas.

“Cuánto tiempo llevamos de presidencia y de gobernanza con el presidente Hernández, 4 años como presidente del Congreso y este periodo que ya abarca su presidencia del poder Ejecutivo y por qué no se había fortalecido el Poder Judicial, por qué no se ha fortalecido al Ministerio Público, si esto se hubiese hecho, desde cuándo se hubiesen emitido requerimientos fiscales contra toda la clase política y la clase empresarial que financió ilegalmente al Partido Nacional para poder ganar las elecciones. Realmente los requerimientos que se han presentado es por la movilización de los indignados, por la presión de los jóvenes, por la presión de la gente que ha salido a las calles, pero no ha sido una iniciativa del Ministerio Público”. 

El gobierno está llamando al diálogo con los mismo sectores que aplican política criminal en Honduras, dijo el también catedrático universitario. “Con actores que están deslegitimados, desacreditados frente a la hondureñidad”, concluyó diciendo Barrios.

Indignados rechazan propuesta de JOH 

Los jóvenes, con entusiasmo y sin experiencia política, han iniciado una huelga de hambre indefinida-ya cumplieron 5 días- para demandar la instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIH. Para saber acompañar esta demanda ahora ayuda la experiencia histórica. En Honduras hubo una huelga de los fiscales que inició el 7 de abril y culminó el 14 de mayo de 2008. Fueron 38 días de gloriosa lucha que inició con cuatro fiscales y logró la movilización de decenas de miles de personas en pie de lucha por la dignidad y en contra de la corrupción, mencionó el padre Ismael Moreno, director del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, ERIC quien participó en esta huelga de hambre hace 7 años. 

Para Moreno, es importante que desde el sector indignado no se pierda la capacidad de iniciativa, ni dejar que las iniciativas se estanquen. “Es importante mantener el espacio de análisis, debate, de búsqueda propositiva, y para no quedar reducido al estado de entusiasmo ni dejarse llevar por decisiones producto solo de la euforia”. 

Mediante una comparecencia ante los medios de comunicación, los jóvenes en huelga descartan aceptar la invitación a dialogar con el presidente Juan Orlando Hernández en el marco de instalar el Sistema Integral Hondureño para el combate a la Corrupción e Impunidad.

Ariel Varela, uno de los indignados en huelga de hambre, dijo que no aceptan la propuesta del mandatario hondureño porque no responde a su exigencia de instalar la CICIH, instancia que debe investigar a todos los responsables de generar y promover la corrupción en el país. 

“Nosotros la oposición indignada en vista de los acontecimientos expresamos lo siguiente: primero, que la oposición indignada severamente repudiamos las declaraciones vertidas por funcionarios del gobierno central, incluyendo el propio mandatario Juan Orlando Hernández, donde atacan y señalan a los miembros de las protestas de las antorchas de tener nexos con el crimen organizado y con deseos de ser desestabilizadores del país, eso es una falta de respeto del gobierno a gente honorable y decente que actúa en una de las demostraciones más puras de la sociedad, segundo, reiteramos nuestra postura sobre el diálogo nacional, no aceptamos el diálogo, si hay una petición para la instalación de la CICIH, destacando que el gobierno acude al diálogo con entes que no representan a la sociedad para sacar ventaja de ello, además cuando un gobernante ha sido reiteradamente ofensivo con su pueblo no puede haber diálogo alguno. Tercero, respaldamos y apoyamos a los seis compañeros que han iniciaron la huelga de hambre en pro de conseguir el objetivo que anhela todo el pueblo hondureño. Y finalmente cuarto, pedimos que se intensifiquen las protestas a nivel nacional, y que este viernes sea la más numerosa de todas las manifestaciones y poder demostrar la inconformidad del pueblo”, dijo Varela al momento de leer el comunicado.

Gabriela Blen, joven que lidera el movimiento de los indignados e indignadas aseguró a Radio Progreso, que el modelo que propone la oficialidad no muestra ninguna garantía e incluye a los mismos actores vinculados a la corrupción e impunidad en el país. Agregó que el movimiento Indignados se mantiene firme en exigir la  instalación de la CICIH. 

“Continuamos firme con la solicitud para que en Honduras se instale la CICIH. Creemos que le tienen miedo a esta instancia porque han hecho dos propuestas distintas, creemos que le tienen miedo a esta instancia, porque ya van dos planteamientos los que han hecho. Además de ser más honroso y vendría a estar a disposición del presidente Juan Orlando Hernández”, dijo Blen.

Miguel Briceño, en su quinto día en huelga de hambre, manifestó que el presidente con su propuesta de diálogo y una comisión nacional contra la impunidad ha colocado una cortina de humo para aplacar el movimiento contra él, que exige la comisión internacional.

¿Diálogo con los mismos? 

Esta semana por Casa de Gobierno desfilaron directores de medios de comunicación, empresario, comunidad internacional y algunas organizaciones no gubernamentales para conocer la propuesta de implementar el Sistema Integral Hondureño de Combate a la Impunidad y la Corrupción. El gran ausente el movimiento indignado, quien rechaza este plan y sigue firme ante la instalación de la CICIH. 

El sociólogo Eugenio Sosa dijo que esta propuesta únicamente favorece al gobierno, porque impone su ofrecimiento sin escuchar a los jóvenes que se han movilizado exigiendo un verdadero proceso que logre adecentar la corrupción e impunidad que han carcomido las instituciones públicas. 

Un verdadero diálogo para la reconciliación 

En su posición editorial Radio Progreso esta semana dijo que: “Hablar de diálogo y de reconciliación con demasiada facilidad, sin tocar el fondo de lo que origina las polarizaciones, divisiones y violencias puede ser engañoso, y en lugar de hacer frente a los conflictos, los podría evadir o esconder. Un diálogo que no enfrente las profundas desigualdades sociales y la verdad sobre la corrupción, puede convertirse en un instrumento al servicio de la impunidad. La reconciliación que habla sin más de un perdón sin tocar el actual estado de cosas, como si se tratara de un borrón y cuenta nueva sobre delitos, impunidades y corrupciones sería un recurso estupendo al servicio de los fuertes y en detrimento de las víctimas.

 Hay gente que concibe la reconciliación como resignación, o aceptación pasiva de lo que ha ocurrido, mientras que en el otro extremo hay otras personas y grupos que valoran la reconciliación como un prolongado y casi inacabado proceso de reconstrucción de los tejidos sociales, humanos, políticos, culturales y espirituales de las sociedades.

La reconciliación no puede ser jamás olvido de crímenes, abusos, corrupciones e impunidades ejercidas por personas y grupos amparados en el poder del Estado; ni puede reducirse a decretos en donde los impunes se quedan tranquilos y las víctimas humilladas y en el olvido. Para alcanzar una verdadera reconciliación es necesario un proceso de diálogo que saque a luz la verdad sobre los conflictos, las desigualdades y que identifique a los responsables de las violaciones y los hechos de corrupción.

Un proceso de diálogo hacia la reconciliación de la sociedad no puede ser convocado ni conducido por quienes son cuestionados o están identificados como parte fundamental del problema o promotores directos de la crisis. Un proceso de diálogo hacia la reconciliación de la sociedad liderado por un gobierno que, como el actual, tiene una de las cuotas más alta de responsabilidad en los hechos de corrupción y en la inestabilidad institucional, puede ser cualquier cosa, pero nunca puede ser llamado un diálogo y menos que sea un proceso que conduzca a la reconciliación. Y es de este diálogo, más literario que real, del que más se habla entre los círculos convocantes y que no han dado ninguna señal de querer hacer las transformaciones que necesitamos en Honduras.

El diálogo que conduzca a la reconciliación en asuntos políticos y sociales es un proceso que nos debía llevar a un rehacer relaciones de confianza y a un aprender a vivir juntos en medio de las diferencias y de los disensos. Y para que eso suceda, son necesarios procesos que lleven a saber la verdad, y que cada actor de la sociedad admitamos nuestra responsabilidad en la crisis; supone rendir cuentas conforme a un estricto proceso judicial;  y supone la reparación de la dignidad de las víctimas, apunto el editorial. 

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