Por Sandra Rodríguez
Miembros de la red de defensores de derechos humanos en el occidente de Honduras, continúan denunciado amenaza y persecución de parte de autoridades estatales o afines, contra quienes exigen sus derechos, justicia e investigación de casos de violaciones a derechos humanos.
Es difícil acompañar a interponer una denuncia ante las autoridades judiciales, cuando una persona está en peligro por su actividad política, y después hablar de él, como alguien que luchó por una transformación social, pero no pudo librarse de las amenazas contra su vida.
También ver cómo las mismas autoridades no atienden las denuncias y más bien marginan a los y las defensoras de derechos humanos, desconociendo las leyes y tratados que asisten a los procuradores, sin la necesidad de presentar una credencial para defender el derecho a la vida, en busca de la igualdad y la justicia, como lo establece la Declaración de los defensores de los derechos humanos, empezó a elaborarse en 1984 y fue aprobada por la Asamblea General en 1998.
Estas son algunas de las situaciones que denuncian los y las integrantes de las redes de defensores de derechos humanos de los departamentos de Lempira y Ocotepeque, quienes compartieron experiencias en el desarrollo de sus actividades, las cuales no han sido fáciles, pues se enfrentan a un sistema político y judicial parcializado en favor de los poderosos.
Según testimonios, cuando solicitan ver a algún detenido, los agentes policiales a cargo les niegan la petición sino les presentan un documento que les acredite como defensores de derechos humanos.
La criminalización es directa, pues los y las defensoras son personas conocidas por su trabajo social, lo que los hace más vulnerables a amenazas y persecución de parte de las autoridades locales, quienes cometen violaciones a derechos humanos, aumentando la impunidad en el país.
Y mucho tiene que ver la influencia política para no permitir que los y las defensoras ejerzan su labor, ya que, al no ser partidarios de las acciones del gobierno, se les excluye, se les margina y se les niega oportunidades de desarrollo personal y económico, así lo denunció el defensor de derechos juveniles de Ocotepeque, Marco Vega.
La situación se complica, hasta para aplicar a un concurso para una plaza magisterial, donde ya se señalan a los docentes que por ser de determinado partido político, sus posibilidades son mínima.
Y es que el gobierno ha sido incapaz de dar soluciones reales, denunciaron los defensores, pues pretenden levantar falsos perfiles diciendo que la policía o militares están realizando acciones para dar orden y seguridad, pero la realidad que se vive es otra, hacen creer que con los tratados económicos internacionales o visitas de organismos financieros, nos van a solucionar la crisis, pero para los que conocemos de nuestros derechos, sabemos que solo quieren endeudarnos más, y vender por pedazos nuestro territorio, el cual es rico en recursos naturales, pero estamos atentos a defenderlo, expresó Domingo Zelaya, de Lempira.
Con la militarización, lo que en realidad quieren es intimidar a la población, quieren que vivamos con miedo, comentaron en el intercambio. Y es que hay retenes y postas militares en el territorio occidental, cuya presencia ha incrementado en los últimos meses.
Para el caso, en Talgua, Lempira, el 23 de agosto fueron capturados seis jóvenes, llevados a las celdas y los golpearon, y por eso es importante la formación y conocimiento de los derechos humanos, porque si no, la policía y militares abusan de su poder, y las autoridades judiciales no hacen nada, compartió el grupo, reunido en Santa Rosa de Copán.
Al igual que el 75% de la población pobre hondureña, a estos defensores de derechos humanos, les preocupa que no haya acceso a crédito, los empleos son politizados, se margina a la juventud y no hay medicamentos.
Parece que no llenamos los requisitos para lograr nuestros sueños, porque hasta en los grupos de iglesias nos marginan, hay líderes religiosos que son actores intelectuales de la gran miseria en que estamos, generan injusticia y limitan el desarrollo de la población, comentó Bernardino Pérez, comunicador social y defensor de DDHH en Lempira.
Y afirmó, que ante las injusticias sociales, los únicos que levantan la cabeza son los miembros del Frente Nacional de Resistencia Popular, FNRP, pero a ellos se les excluye de los grupos de ejecución social.
En la reunión se recordó al compañero y líder político Orlando Castañeda, quien después de denunciar persecución y hostigamiento, de parte de policías y autoridades municipales de Talgua, Lempira, fue asesinado cruelmente por desconocidos el 30 de diciembre del 2013.
Una delegación del Ministerio Público, fue a hacer las investigaciones respectivas, y a las pocas semanas, Castañeda Perdomo fue ejecutado por varios hombres armados, que además incendiaron su vehículo, con un empleado dentro, aun no hay avances de la investigación.
Hay casos como en el que un defensor de derechos humanos, ha tenido que desistir de cargos en juntas directivas comunitarias, porque el señalamiento de parte de activistas políticos no lo dejan cumplir sus funciones.
Y por estas situaciones, que el intercambio de experiencias entre las redes de Lempira y Ocotepeque, formadas por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, es una oportunidad para fortalecer la lucha de sus integrantes.
Además de intercambiar experiencia, también juntan ideas y planifican acciones en defensa de la ciudadanía, los recursos naturales y los espacios sociales que se les son negados.
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