sábado, 29 de noviembre de 2014
Algo no cuadra
Uno de los grandes dogmas que han sostenido los diferentes gobiernos a partir de la década del 2000, es que el involucramiento de las fuerzas militares en tareas de seguridad ciudadana reduce los altos índices de violencia e inseguridad.
Desde el gobierno de Ricardo Maduro se inició abiertamente una política encaminada a privatizar y militarizar la seguridad pública. De esta manera, según un informe del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre el Uso de Mercenarios de la ONU, existen en el país 70 mil guardias de seguridad privada.
En este sentido, resulta preocupante que la proporción de policías estatales en relación con la población es de apenas 1 agente por cada 1,103 habitantes, mientras que la proporción de guardias privados de seguridad es de 1 por cada 113 habitantes.
Por otro lado, con el gobierno de Juan Orlando Hernández se ha profundizado el fortalecimiento del poder militar en todas las áreas de la sociedad, no obstante y pese al discurso oficial, las estadísticas revelan que militarización no es sinónimo de reducción de la violencia.
De acuerdo con la información de los últimos ocho años (2005-2012) se han producido en el país 40 mil 668 asesinatos, cifra que se acerca al costo social de un país en guerra. Solo en el quinquenio 2008-2012 los homicidios aumentaron en 52.67% y apenas se vio una reducción mínima de 0.58% durante el año 2012.
Las estadísticas indican que entre 2008 y 2012, a la par del aumento del presupuesto para las Fuerzas Armadas, también aumentaron los índices de violencia. Así, en 2008 se aumentó el presupuesto militar en más de $121 millones y hubo 4,473 homicidios.
En 2010 el presupuesto militar subió a más de $172 millones mientras que los homicidios subieron a 6,239. En 2012 el presupuesto militar aumentó en más de $188 millones mientras que los homicidios alcanzaron la cifra de 7,172. Para el año 2014, el presupuesto de las Fuerzas Armadas subió en más de $252 millones mientras se redujeron las partidas en educación y salud.
¿Cómo es posible seguir creyendo el discurso oficial de que los militares son la solución si las estadísticas dicen todo lo contrario? ¿Por qué continuar con esa creencia si después de 10 años de militares en las calles la tasa de homicidios ha aumentado en más de un 50%?
Los militares en las calles solo trasladan o retrasan la comisión de delitos pero no atacan las raíces del problema de la violencia. Militarizar y privatizar son fuentes de violaciones a derechos humanos como lo muestran los recientes ejemplos de participación de militares y guardias privados en crímenes contra la ciudadanía.
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