Sector Rivera Hernández abatida por la criminalidad.
La falta de políticas claras de seguridad ha provocado que muchas comunidades estLas alianzas público-privadas están de moda, incluso en países como Cuba. Una premisa fundamental a seguir es que el aporte y la participación del sector privado complementan la inversión nacional. En el caso de los recursos naturales e infraestructura económica concesionada como carreteas y puertos, los gobiernos no deben renunciar al ejercicio de la soberanía sobre estos bienes en tanto son bienes públicos que pertenecen a toda la sociedad.Las alianzas público-privadas están de moda, incluso en países como Cuba. Una premisa fundamental a seguir es que el aporte y la participación del sector privado complementan la inversión nacional. En el caso de los recursos naturales e infraestructura económica concesionada como carreteas y puertos, los gobiernos no deben renunciar al ejercicio de la soberanía sobre estos bienes en tanto son bienes públicos que pertenecen a toda la sociedad.
Las alianzas público-privadas están de moda, incluso en países como Cuba. Una premisa fundamental a seguir es que el aporte y la participación del sector privado complementan la inversión nacional. En el caso de los recursos naturales e infraestructura económica concesionada como carreteas y puertos, los gobiernos no deben renunciar al ejercicio de la soberanía sobre estos bienes en tanto son bienes públicos que pertenecen a toda la sociedad.
Existen tres condiciones básicas para que los negocios que se realicen a través de las alianzas público-privadas tengan éxito, o sea que contribuyan al crecimiento económico y al desarrollo del país e impacten positivamente en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población cuando se trata de programas y proyectos de mejoramiento de la infraestructura económica y social.
El primero es la transparencia. Son negocios que el Estado a través de las instituciones respectivas, Ministerio de Finanzas por ejemplo, tienen acceso a información relacionada con los procesos de licitación pública, diseño, ejecución y evaluación de los programas y proyectos, o de los servicios concesionados. Caso contrario, los negocios se realizan al margen de la institucionalidad publica y, por lo general, ocultan algo.
El segundo es el balance en los aportes de las partes de los fondos públicos y privados. En caso contrario, por lo general, cuando el aporte del gobierno es mucho mayor que el privado, los beneficios son menores para el primero. Si el gobierno de la Republica concesiona el cobro del peaje de una carretera construida con impuestos, préstamos y fondos donados por la cooperación externa, el aporte privado debe guardar relación con aquella inversión o, al menos, mostrarse de entrada y no como resultado de los cobros que se realicen a los usuarios. El gobierno debe exigir la asignación y depósitos de los fondos de la inversión privada, antes de que se cobre el peaje.
En tercer lugar el registro o depósito del monto de la inversión en la caja del gobierno y la asignación de recursos de contraparte o gastos fiscales en que se incurre una vez que el programa, proyecto o servicio concesionado entra en ejecución. El problema es la poca transparencia con que se licitan o ejecutan las inversiones en los programas y proyectos concesionados, que no permite a la Secretaria de Finanzas o de Hacienda programar dicha inversión como un componente de la inversión nacional dentro del programa plurianual de inversiones, mucho menos los compromisos financieros o fiscales (sacrificio) que el gobierno tendrá que hacer cada año; o el mayor endeudamiento no visibilizado ni registrado.
La Ley de promoción de la Alianza Público-Privadas fue aprobada mediante decreto N. 143-2010 del 16 de septiembre de 2010, con la finalidad de “gestionar y regular los procesos de contratación que permitan la participación público-privada en la ejecución, desarrollo y administración de obras y servicios públicos, potenciando la capacidad de inversión en el país a fin de lograr el desarrollo integral de la población” Para ello se crea la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (COALIANZA), cuyas funciones deben ser coordinadas con los entes reguladores del Estado y las inversiones ser parte del Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP) que coordina la SEFIN en conjunto con SEPLAN.
Y esta es una de las principales debilidades detectadas, ya que COALIANZA nunca entendió que era parte del SNIP, que debería rendir informes tanto a la SEFIN como a SEPLAN, por ser parte de las inversiones requeridas para el cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores establecidos en la Visión del País ( 2010-2038) y Plan de Nación ( 2010-2022) en desuso. COALIANZA fue denunciada también por no presentar información de sus operaciones y proyectos al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y Consejo Nacional Anticorrupción (CNA); incluso, varios diputados de los partidos liberal y anticorrupción denunciaron que los comisionados de COALIANZA comparecen al Congreso poco y cuando lo hacen presentan información muy general e incompleta sobre el proceso de licitación y aportes reales de los socios privados.
Otra crítica es que a los bancos que manejan los fideicomisos, se le asignan competencias de control, supervisión y cobro por los servicios en detrimento de las competencias que ejecutan las instituciones públicas. Además, como en el caso de la ENEE, sólo se han dedicado a cobrar sin buscar un socio estratégico que arriesgue recursos frescos y mejore la infraestructura, capacidad técnica y operativa de la empresa., Ello ha sido denunciado no solo por el Sindicato de la Empresa, sino también por los diputados de los partidos LIBRE y Anticorrupción. Preocupa al gobierno esta lentitud en la identificación del socio inversionista, ya que es una de las intervenciones propuestas para mejorar las finanzas de la ENEE y reducir pérdidas de cara a la firma de convenio con el FMI. En tal caso, uno o dos de los bancos que fueron seleccionados para manejar los fideicomisos de la ENEE, pueden argumentar que la crisis económica y financiera de Honduras más la inseguridad social, es de tal magnitud que no encuentran en el exterior socios inversionistas, por lo cual se retiran del proceso después de más de un año de operación.
Se ha cuestionado por la sociedad civil y diputados de los partidos de oposición, que los comisionados de COALIANZA son nombrados por el Congreso de la República por 7 años, y sus salarios no están sujetos a los regímenes del gobierno; se dice que son los salarios más altos del gobierno. COALIANZA cobra hasta 2% por cada proyecto adjudicado, cuyos recursos pasan a forma parte del fideicomiso de la institución y no entran a la caja única de tesorería de SEFIN. Se crea también la Superintendencia de las Alianzas Público-Privadas adscrita al Tribunal Superior de Cuentas pero con autonomía de vuelo, que cobra un 1% para su autososteniblidad. ¿Cuánta plata ha entrado a estos fondos?, no se sabe.
El 12 de noviembre de 2014, el Congreso de la República reformó la Ley que regula las operaciones de COALIANZA, para permitir que SEFIN autorice la contracción de nuevas concesiones de obras y servicios. En realidad esta es una exigencia “entre bastidores” del FMI ya que los personeros que visitaron Honduras exigen información financiera suficiente proporcionada por SEFIN, que incluya compromisos financieros y fiscales asumidos por el gobierno pero no registrados en el presupuesto de ingresos y egresos de 2014 y para el 2015.
Otra reforma es que la plata del 2% de comisión por proyecto adjudicado debe ir a la Tesorería General la Republica, no manejado por COALIANZA como si fuera piñata ya que se denunció de gastos en exceso en viajes, viáticos y asistencia a cursos en el exterior de los comisionados y los empleados. Tal como sucede en otros países como Ecuador, Chile y Guatemala, la Secretaria de Finanzas debe estar presente en todo el proceso de licitación y aprobación de concesiones; pero igual, debe revisar las ya otorgadas como una manera de trasparentar el proceso.
El presidente de COALIANZA, Miguel Ángel Gámez, ha denunciado que las reformas a la Ley ponen en riesgo una inversión de 2,000 millones de lempiras, ahuyentaran la inversión privada y pueden traer problemas legales al Estado (¿léase demandas de los inversionistas por incorporar COALIANZA a la administración y el presupuesto público?) Las quejas del Comisionado es que no se le consultó de las reformas y los diputados proyectistas solo hablaron con el Ministro de Finanzas. Habla que el proceso se volverá lento porque se harán priorizaciones de inversión y no habrá recursos para la pre/factibilidad aunque funcione en SEFIN el Banco Integrado de Proyectos (BIP). Duda que el presidente Juan Orlando Hernández fuera consultado ya que se encontraba en Washington ¿la sede del FMI?, por lo que debe haber una rectificación. Pero en el Congreso la consigna es ratificar dichas reformas ya que puede darse la impresión de estar en contra de Papa Fondo, aunque no le guste al Jefe del Ejecutivo como principal promotor de las Alianzas.
Tegucigalpa, 19 de noviembre de 2014
No hay comentarios:
Publicar un comentario