El abogado Juan Orlando Hernández está negociando presupuestos en Washington para las fronteras que traza el Comando Sur en el golfo de Fonseca y en el occidente con el Salvador y Guatemala.
Hernández aprovecha su visita a la capital del BID y del Fondo Monetario Internacional para persuadir a sus directivos con líderes de todos los partidos hondureños. Necesita 250 millones de dólares para apuntalar el presupuesto.
Mientras el Presidente busca dinero para sus planes militaristas, el pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alista maletas para llegar a Honduras en la primera semana de diciembre.
Con esa delegación del máximo organismo interamericano de derechos humanos llega también el relator especial para la libertad de expresión de la OEA.
Ambas delegaciones washingtonianas hablarán con organizaciones locales y funcionarios del gobierno. Ellos dirán que Honduras está cambiando y que todos los antiguos indicadores negativos por la violencia e impunidad hoy son números de vida mejor.
Nosotros diremos que ellos se preparan para continuar el militarismo y el terrorismo estatal; diremos que la persecución de opositores políticos y críticos sociales, continúa.
Vamos a acompañar a periodistas y comunicadores de la Asociación de Medios Comunitarios de Honduras y de ALTER ECO que van a relatar los avances y obstáculos en el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la comunicación.
Con Casa Alianza vamos a denunciar la masacre continuada de niños y niñas por un Estado adulto céntrico, esencialmente terrorista contra las personas menores de edad.
Con ACI PARTICIPA vamos a testificar sobre la situación que sufren las personas que defienden derechos humanos en el país y la deuda histórica del Estado con las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y amenazas.
La Comisión Interamericana llega con todos sus magistrados, mientras el gobierno les espera con todos sus militares.
Es irónico, el país más peligroso para ejercer el periodismo después de México; el más criminalizador de los derechos humanos; el más corrupto en América Latina; el más violento de casi toda la tierra, recibe a la comisión interamericana de derechos humanos con dos reformas constitucionales peligrosos.
Una, para convertir la policía militar del Comando Sur y de la DEA en policía constitucional con plenos poderes sobre la antigua policía de narcos y sicarios. Esta reforma está en proceso, pero pronto será obedecida la orden de Casa Presidencial en el Congreso de Oliva. La policía está entre las principales instituciones violadoras de derechos humanos.
Y la otra reforma ya fue aprobada, es la que dio plenos poderes al fiscal general del Ministerio Público, que pronto decidirá pronunciarse sobre el tema de la reelección presidencial y el continuismo. Y todo será secreto, excepto aquello que convenga al régimen.
Cuando Hernández Alvarado regrese de Estados Unidos quizás lo haga con una pinta de presidente exitoso, con las manos llenas de dólares verbales, listo para una cadena de radio y televisión.
Lo escucharemos, pero estaremos pensando en Peña Nieto y en México, pensando que las ilusiones y mentiras en ese país han comenzado a estallar en las calles humeantes…
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