Una ola mortal contra niños y jóvenes se levantó la última semana en Honduras. Cuatro jóvenes fueron acribillados mientras jugaban futbol, y en otro hecho, dos adolescentes fueron brutalmente asesinadas, una de ellas era hija de un periodista. Esa ha sido la dinámica en Honduras en los últimos años. Los jóvenes, niños y niñas son ejecutados inmisericordemente. Los gobiernos transitan pero la violencia es estática.
En Comayagüela el domingo anterior, la adolescente Abigail Espinoza, quien cumpliría 15 años el próximo 24 de noviembre, fue encontrada sin vida en el fondo de un precipicio; fue identificada por su padre, el periodista de la cadena Radio Globo, Rony Espinoza.
El periodista, entre lágrimas, dijo que recordará a su niña como la más inteligente y ordenada en sus estudios. Comentó que el Fiscal General de la República, Oscar Chinchilla, y el Designado Presidencial, Ricardo Álvarez, le prometieron que el asesinato de su hija sería investigado.
Pero en Honduras la realidad sigue haciendo de las suyas, al día siguiente una niña de 13 años fue encontrada sin vida en el sector Rivera Hernández, en San Pedro Sula. La impunidad es lo que reina, sostienen analistas. El gobierno actual intenta convencer a la comunidad nacional e internacional que los homicidios se han reducido y que las cosas van más calmadas, que la investigación está mejorando, pero no presenta ni programas ni políticas claras.
Según datos que maneja la Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez, Coiproden, la impunidad se ha convertido en un círculo vicioso, no se ha podido parar la violencia y la inseguridad; en los últimos 16 años llevamos un total de 9,799 asesinatos de personas menores de 23 años; y en los primeros 6 meses de este 2014 se ha registrado un total de 685 asesinatos, estos datos fueron recogidos solo de información brindada a través de los medios de comunicación, no se incluyen los asesinatos que deben ser reportados por las autoridades pertinentes.
El analista Marco Antonio Pérez de Coiproden, asegura que el Estado hondureño es incompetente en atender a la niñez y la juventud, manifiesta que no cumple ni siquiera con las recomendaciones básicas para prevenir y erradicar el tema de la violencia, se infringen los convenios internacionales a los que se está suscrito, únicamente se brindan paliativos y se montan shows; se maneja que se ha bajado la situación de violencia pero detrás de esa cortina, se están realizando todo tipo de violaciones, en especial contra la niñez y la juventud.
En Honduras, el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (INHFA), que ha atendido por más de una década a la niñez y juventud, está a las puertas de desaparecer; el gobierno ya no está dispuesto a atender a este grupo poblacional; los jóvenes y niños serán atendidos a través de la denominada Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf). El INHFA que representaba la apuesta estatal por la niñez y juventud se dirige hacia la guillotina, su etapa actual es la de la transición.
“Antes el INHFA, estaba en una categoría mucho más alta, y ahora el Dinaf, la Dirección de Niñez Adolescencia y Familia, está en una categoría mucho más baja, dentro de una súper Secretaría que muchas veces la oculta y que no la toma en cuenta definitivamente, afirma Pérez.
Para la periodista Sandra Maribel Sánchez la transición del INHFA al Dinaf, lo que está resumiendo es la falta de interés de la actual administración de resolver la problemática social, por un lado se producen pocos empleos, y por otro, se crean empleos precarios, se reduce el presupuesto en salud y educación, se incrementa el presupuesto de seguridad.
Entonces vemos que como ocurrió en los años 80 se está volviendo a una Política de la Seguridad Nacional, el resultado más terrible que podemos recordar, es la impunidad de los crímenes cometidos y la impunidad con que se cometían, eso lo podemos ver ahora en la Ley de la Policía Militar del Orden Público, donde según esa ley, no deben ser puestos ante tribunales comunes los uniformados que delincan, sino que serán tratados especialmente, y será el Estado, la propia Secretaría de Seguridad, la que debe garantizar la defensa a esas personas. Esto significa indefensión para los ciudadanos y ciudadanas y jóvenes víctimas de estos delitos, pero se ofrece protección, a los delincuentes, que con el uniforme estatal cometen delitos.
Marco Antonio Pérez, de Coiproden, asegura que el Estado no cuenta ni con programas ni con políticas de cómo atender a los 3 millones y medio de menores de 18 años, ni a corto, mediano y largo plazo. Afirma que este abandono se debe a que este segmento poblacional no vota, no va a los sufragios, no son un sector que interese al Estado; en los últimos momentos más bien se han reducido las instituciones, se ha dejado abandonado a este sector. Todo se va en hacer paliativos, en montar shows, más de beneficencia que se alejan a la raíz del problema.
El Estado hondureño ha hecho caso omiso a las siguientes recomendaciones según Pérez:
1) Fortalecer la institucionalidad para atender a la niñez.
2) Hacer un análisis de las situaciones de violencia para que no queden en la impunidad.
3) Manejar registros permanentes de cómo está la situación de violencia en el país.
Al sector justicia, por su parte, se le dijo que haga investigaciones claras, de la muerte de niños y jóvenes en el país; pero se ha comprobado que el Estado no tiene ninguna política, ningún plan, para poder atender a este sector. Se ha consultado a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por la problemática de violencia en niñez y juventud, a los jueces, que son los encargados en esta materia, pero nunca tienen claridad sobre cómo atender este tema.
Estigma: Tiro de gracia para jóvenes
Minutos después de que se supiera la muerte de la hija del periodista Rony Mendoza, surgió una avalancha de comentarios de periodistas, de analistas en diferentes medios informativos y de usuarios en las redes sociales, muchos culpabilizaron a la menor occisa y a su propio padre.
Una usuaria de Facebook dijo lo siguiente: “Qué hace una niña de catorce años a esas horas en la calles, sus papás solo se conforman con que ella llamara y dijera llego tal hora… con toda esa inseguridad... y ahora el padre dice en qué me equivoqué... pues se equivocó en poder controlar a su hija y ponerle atención en que pasos andaba…”
Otro caso de criminalización a la juventud se dio esta semana en Tegucigalpa.
A eso de las ocho de la noche, una balacera en la colonia Unidad y Fuerza, acabó con la vida de 4 jóvenes mientras jugaban futbol. Las víctimas fueron: Juan Cruz, 24 años; Wilfredo Canales, 20 años; Emilson Cruz, 24 años; y Rosa Gómez, 27 años. Según la versión policial, llegaron varios hombres armados y abrieron fuego en contra de las víctimas. Por lo general el gobierno asegura que estos crímenes se deben al “mal proceder de los jóvenes”, “ajuste de cuentas” o “crimen organizado y narcotráfico”.
Para la periodista Sandra Maribel Sánchez, el gobierno con esos argumentos lo único que hace es evidenciar su incapacidad para brindar seguridad.
“Criminalizar el hecho de ser joven no es nada distinto a lo que sucedió en el pasado cuando Óscar Álvarez Guerrero era ministro de Seguridad y perseguía a los jóvenes porque tuvieran tatuajes en el cuerpo, porque usaran pantalones cortos o porque se reunieran en las esquinas, eso era suficiente para las autoridades para decir que los jóvenes estaban incurriendo en el delito de asociación ilícita. Ahora se está haciendo lo mismo, con la diferencia de que ya no necesitan tener un tatuaje en el cuerpo para que el Estado los considere potenciales víctimas de los delitos que se comenten a diario,” afirma Sánchez.
En cuanto a la política de seguridad del gobierno, Maribel Sánchez nos recuerda que el presidente de Honduras Juan Orlando Hernández, en su visita a España, aseguró que Honduras seguirá el modelo colombiano, y solo basta saber qué ha implicado el Plan Colombia para los colombianos: crímenes horrorosos, no establecer tratos distintos contra criminales y ciudadanos comunes, entre otras cosas; lo que nos queda es prepararnos y además sumarle algunas características de patrones de violencia de grupos mejicanos, de criminales organizados como los Zetas, expresó.
110 organizaciones piden al gobierno de Honduras cumplir con los tratados internacionales relacionados con la niñez y juventud
Wilmer Vásquez, director de la Red Coiproden, encabezó esta semana una actividad que contó con la participación de 110 organizaciones de sociedad civil. Mediante un comunicado le exigieron al Estado de Honduras que cumpla con los tratados internacionales que ha ratificado en materia de derechos humanos, incluyendo aquellos en los que se ha comprometido a no permitir que la niñez sea utilizada en conflictos armados y que sea víctima de explotación sexual.
“Pedimos que se pueda construir una estrategia que sea más participativa, consensuada con la sociedad en general, pero sobre todo que esa gran cantidad de recursos que están destinados para las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA), tengan mayor eficiencia. Porque no se puede entender, que a pesar de que la mayor cantidad de recursos se esté yendo en seguridad, la violencia no pueda ser parada”, afirma el director de Coiproden.
Añade que un solo crimen no debe ser permitido en Honduras, se debe respetar la vida de los hondureños y las hondureñas, no solo porque existan tratados nacionales e internacionales, es porque ningún ser humano tiene derecho a quitarle la vida a otro, y más cuando intervienen aquí intereses de tipo personal, político-partidistas e intereses empresariales egoístas para tener secuestrado a un Estado.
Con relación a la muerte de la hija del periodista, Vásquez dijo que demandan una investigación exhaustiva al respecto, se debe aplicar la ley, con derecho y por la justicia, los responsables de cometer cualquier acto violento deben ser castigados, y en la medida en que se castigue a los responsables materiales y también a los intelectuales, se estará entonces contribuyendo para que ya no siga creciendo la impunidad en nuestro país.
No hay comentarios:
Publicar un comentario