Por Sandra Rodríguez
La criminalización contra los y las defensoras de Derechos Humanos en el Bajo Aguán continúa en aumento, después de que se le ha dictado medidas sustitutivas a la prisión a Irma Lemus, sub coordinadora del Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán, OPDHA.
El pasado 10 de noviembre, la defensora Lemus, asistió a la audiencia de presentación voluntaria en el Juzgado de Letras de Trujillo, departamento de Colón, tras una orden de captura en la que se le acusa, junto a otros campesinos por usurpación de tierras, hurto de ganado, daños y perjuicios contra el fondo ganadero y extorción, todo a forma de criminalización e intimidación para que no continúe con la defensa de la tierra, denunció la afectada.
Y esto en el marco de un conflicto con el Instituto Nacional Agrario, INA, ante el injustificado retraso, desde 2007, en la adjudicación de unas tierras que el Fondo Ganadero mantiene incultas en Ocotes Altos, por lo que unas 60 familias, de las 300 mil que no tienen acceso a tierra en Honduras, decidieron cultivarlas.
A las diez de la mañana del día lunes, Irma con su representante legal, Omar Menjivar, fue al Juzgado de Trujillo, y horas después, se le notificó que debe ir a firmar a esa instancia cada quince días y no debe salir del país, mientras se celebra la audiencia inicial el 10 de diciembre, justo el Día de los Derechos Humanos, proclamado así por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1950, para señalar a la atención de «los pueblos del mundo» la Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común de todos los pueblos y todas las naciones.
Lemus, dirigente y asesora de la Empresa Asociativa Campesina Fuerzas Unidas, ha recibido formación en derechos humanos de parte de varias organizaciones entre ellas el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, quien actualmente ejecuta un proyecto “Apoyo y protección a los defensores de derechos humanos, trabajando en conflicto por la tierra y recursos naturales en las zonas rurales de Honduras” con FIAN Internacional- Honduras y el Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC).
Por todos los hechos de persecución y criminalización que enfrentan los y las defensoras del Bajo Aguán, es que este proyecto respaldado por la Unión Europea tiene el propósito de proporcionarles mecanismos de apoyo y protección, para realizar su trabajo en medio de un contexto de conflictos de tierras, y por los efectos de las explotaciones mineras en el Valle de Siria, departamento de Francisco Morazán.
Irma lamenta que las autoridades judiciales y militares del departamento de Colón, minimicen la labor de los y las defensoras, ya que en reiteradas ocasiones se ríen de ellos, les niegan información o les dicen que “son los mismos campesinos los defensores”, que ya los conocen o que por no tener personería jurídica “no son nada”, como se los ha manifestado Jovel Martínez jefe de la operación Xatruch III.
Y en esta ocasión, cuando el juez de letras de Trujillo, le preguntó a Irma ¿A qué se dedica? Ella con seguridad le respondió que es defensora de Derechos Humanos, y el replicó ¿y así anda usurpando tierras? Después se rió, denunció Irma, pues esa acción le parece irrespetuosa.
Pese a sentirse ofendida, ella no le contestó porque lo que dijera se podría usar en su contra, sin embargo “ellos deben saber que tenemos derecho a la tierra para sobrevivir, que el Estado nos debe proveer donde cosechar nuestros alimentos, y el hecho que yo sea defensora de derechos humanos, no significa que no puedo tener mi parcela”.
A veces las faltas de respeto por defender los derechos humanos y ser campesinos, se hacen frente a representantes del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADEH, como Juan Frañon, o ante personeros del INA.
Cabe señalar que hay más personas con orden de captura, los acusan falsamente para que se detengan en la defensa de la tierra, hay compañeros procesados, con medidas sustitutivas a la prisión.
Desde el 2008 al 2013 el conflicto agrario ha cobrado más de 125 vidas, y seis personas desaparecidas, por las que los y las campesinas realizan diversas acciones para que se investiguen los hechos que violentan los derechos contra la vida.
Anoche se conoció del asesinato de Juan Ángel López, en la comunidad de Rigores, al momento que salía de una reunión religiosa. Él fue un dirigente campesino que participó en procesos de lucha por la tierra en beneficio de sus compañeros y por constantes amenazas permaneció fuera del país, regresando hace dos meses, según informaron algunos compañeros en la zona.
Estos hechos son condenatorios, pues se criminaliza a los y las defensoras, pero no se condena a los responsables de los quienes atentan contra la vida, intimidan, destruyen los cultivos botan o incendian casas y desaparecen personas, en medio del clima de impunidad que hay en la zona del Bajo Aguán, al norte de Honduras, custodiada por la fuerza de Tarea Xatruch III y guardias de seguridad privada contratada por terratenientes de la región, denunciaron defensores de derechos humanos.
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