* Entrevista con Líder comunitario
Con su hijo cargando en la espalda y una cubeta bien colocada en la cabeza, así van las mujeres lencas de las comunidades más empobrecidas en San José, La Paz a buscar agua limpia. Desde que comenzó la construcción del megaproyecto “La Aurora”, el río del que sacaban agua para el uso y consumo diario, se ha ido secando y ensuciando según cuentan pobladoras de este municipio.
La realidad, históricamente ha golpeado fuerte a las pobladoras y pobladores de la zona de la sierra en el departamento de La Paz. Mayoría indígenas, mayoría empobrecida. Y desde 2010, los municipios en la Sierra de este departamento mayormente indígena: Santa Elena, San José, Marcala, Opatoro, Tutule, Santa María y Guajiquiro; se sienten amenazados por concesiones hidroeléctricas y mineras.
Lea aprobación de concesiones hidroeléctricas aquí.
En estas comunidades sigue siendo un sueño tener servicios básicos como agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, etc. Y en medio de estas necesidades, empresarios que pretenden instalar represas sobre el río Chinacla, comenzaron prometiendo estos proyectos, sin embargo ahora que tienen todo arreglado con las autoridades nacionales y municipales, se olvidaron de esa promesa.
Pero el olvido no fue involuntario. Estas comunidades se oponen al proyecto hidroeléctrico. Se oponen a que no se les escuche y se les margine, aun cuando son los dueños ancestrales de esas tierras y aguas.
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Martín Gómez, líder del Movimiento Indígena Independiente de La Paz (Milpa) que nació en 2010, a consecuencia de la concesión de ríos y minerales en este departamento, asegura que el pueblo lenca se ha sentido indefenso por mucho tiempo y hoy lideran una estrategia de recuperación de tierras, de bienes naturales y de su cultura violentada por el occidentalismo.
“Hemos venido realizando consultas, cabildos abiertos, reuniones, pronunciamientos, estamos exigiendo el respeto al convenio 169 de la OIT porque no se nos consulta si estamos de acuerdo con los proyectos o no. Desde ese entonces hemos venido haciendo actividades para tratar que el alcalde del pueblo de Santa Elena, actualmente Víctor Ventura Vásquez, junto con el empresario de la hidroeléctrica nos dejen en paz, pero ha sido difícil porque el alcalde dice que el proyecto va aunque no estemos de acuerdo”, cuenta Martín.
San José no es el único municipio con las máquinas acechando, Santa Elena está en la mira.
Según ha denunciado públicamente el movimiento Milpa, desde la municipalidad y con ayuda de la Policía Nacional, se ha comenzado un proceso de levantar perfiles y armar un expediente para acusarlos por sedición y traición a la patria. Una réplica de lo que sucedió con el pueblo indígena en San Francisco de Opalaca cuando no reconocieron el resultado de las elecciones municipales en 2013. También esta organización impulsa un proceso de Consejo Indígena, que es como un autogobierno prescindiendo del gobierno municipal.
Empresa con poder
Martín asegura que la empresa Inversiones La Aurora SA de CV, es propiedad de Arnol Castro, esposo de la vicepresidenta el Congreso Nacional, Gladys Aurora López, diputada del partido Nacional. A ambos se les ha visto en las comunidades donde actualmente quieren comenzar otra de las represas en el plan de concesionamiento.
En Santa Elena, La Paz; este proyecto está detenido por la oposición de la gente, pero en San José, ha avanzado.
La represa en Santa Elena desplazaría tres comunidades: El Potrero, El Nazario y el Jocotillo; alrededor de 120 familias, asegura Gómez.
“En esto hasta los administradores de la municipalidad están interesados,” cuenta Martín, quien ha representado un pueblo bravo en esta lucha.
El año pasado, las comunidades opositoras realizaron una toma de control territorial en la comunidad de Azacualpa. Sesenta días en los que lograron el retiro de la empresa que ya trabajaba en el estudio de factibilidad. Ese estudio se pretende realizar actualmente y para lograr esto, la comuna convocó a un cabildo abierto para su aprobación.
Este cabildo convocado para el 6 de octubre revivió el conflicto con mayor fuerza. Gómez cuenta que la gente no se movilizó para el cabildo porque se invitó mayormente a personas que no eran de las comunidades y afines al gobierno local.
“El proyecto está en suspenso porque se están llevando trámites legales en la Fiscalía de etnias y la SERNA (Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente). Ellos han sido bien abusivos viniendo a meterse por las noches a la comunidad. La gente se da cuenta y escucha lo que hablan en la comunidad sobre planes, amenazas y el proyecto. El 6 de octubre hubo un cabildo abierto sobre el estudio de factibilidad y el pueblo de Santa Elena no salió al cabildo abierto, sin embargo estamos poniendo un escrito ante la fiscalía para decir que este proyecto y el cabildo abierto son ilegales por no realizarse con la gente afectada”, contó Gómez.
Capturas
Al momento que se estaba realizando una caminata y un posterior plantón frente a la municipalidad de Santa Elena el 3 de noviembre, el líder indígena Calixto Vásquez fue capturado por la Policía Preventiva llevándolo al municipio vecino de Yarula, donde el resto de sus compañeros lograron su liberación. Gómez comenta que ese día, la municipalidad y sus alrededores estaba militarizada, así como pasan los territorios donde la empresa ha comenzado a trabajar.
“Mientras sale la sentencia en la demanda por declarar ilegal el cabildo abierto que aprobó el estudio de factibilidad en Santa Elena, estamos viviendo mucha represión aunque tenemos la esperanza de que esto mantenga parado el proyecto”, explicó Gómez.
Gómez informó que el Centro de Prevención y Tratamiento de Víctimas de la Tortura y sus Familiares (Cptrt) está asesorando a Milpa para presentar una denuncia internacional en caso de realizarse este megaproyecto que comprende las represas: Aurora I, Aurora II, Aurora III sobre el río Chinacla en contra de la voluntad del pueblo indígena radica en sus riberas.
Convenio OIT
El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por Honduras, ha sido la justificación legal más importante del movimiento indígena contra la instalación de la gran industria extractivista en sus comunidades, porque ésta ha sido inconsulta en la mayoría de casos.
El espíritu de la consulta y la participación constituye la piedra angular del Convenio 169 sobre la cual se basan todas sus disposiciones. El Convenio exige que los pueblos indígenas y tribales sean consultados en relación con los temas que los afectan. También exige que estos pueblos puedan participar de manera informada, previa y libre en los procesos de desarrollo y de formulación de políticas que los afectan.
Los principios de consulta y participación en el Convenio núm. 169 no se relacionan únicamente con proyectos de desarrollo específicos, sino con cuestiones más amplias de gobernanza, y la participación de los pueblos indígenas y tribales en la vida pública.
En su artículo 6, el Convenio establece un lineamiento sobre cómo se debe consultar a los pueblos indígenas y tribales:
• La consulta a los pueblos indígenas debe realizarse a través de procedimientos apropiados, debuena fe, y a través de sus instituciones representativas;
• Los pueblos involucrados deben tener la oportunidad de participar libremente en todos los niveles en la formulación, implementación y evaluación de medidas y programas que les conciernen directamente;
• Otro componente importante del concepto de consulta es el de representatividad. Si no se desarrolla un proceso de consulta apropiado con las instituciones u organizaciones indígenas y tribales que son verdaderamente representativas de esos pueblos, entonces las consultas no cumplirían con los requisitos del Convenio.
El Convenio también especifica circunstancias individuales en las que la consulta a los pueblos indígenas y tribales es obligatoria.
“Tenemos derechos a los bienes comunes: el agua, la tierra, la madera, los minerales. Nuestros derechos indígenas nos dice que son nuestros, y al ser nuestros los primeros que tenemos que saber qué se quiere hacer con esos recursos y ser informados de todos los procesos, somos nosotros. Con estos proyectos, a pesar de todas sus promesas solo nos convertiríamos en esclavos de mano de obra y seríamos saqueados. Nosotros consideramos esto como un proyecto de muerte porque esto es, las aguas cambiarían de cauce, los peces morirían y desaparece el bosque y los animales”, explica Gómez.
Violencia
Como todo proyecto que no aplica la consulta previa, esta concesión ha generado división en las comunidades, rompiendo el tejido social y causando situaciones de violencia antes impensables en estos pueblos.
Las promesas de dinero, comida, servicios básicos, empleo y desarrollo comunitario no quedan fuera tampoco en este caso. Estas promesas van acompañadas de amenazas para quienes se oponen, según denuncian varios líderes comunitarios.
“No existe empleo, seguro de vida, seguro social, no existe desarrollo porque no es responsabilidad de los empresarios sino del Estado y si este no lo hace menos lo hará un empresario que lo que busca es enriquecerse. Ya ha habido agresiones pequeñas en cabildos abiertos. Nos preocupa que el tiempo pase y se arrecie esa violencia”, concluyó Gómez.
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