Las causas de la migración varían cada vez más. Las condiciones económicas, la inseguridad y la reunificación familiar son algunos de los factores que hace que la gente de nuestros países tome la decisión de abandonar su lugar de origen.
Los Estados de la región centroamericana y de México no ofrecen alternativas de desarrollo ni protección ante la violencia estructural que se vive cotidianamente, más allá de la militarización de las sociedades. Los niños, las niñas y los jóvenes no logran acceder a una educación de calidad, ni a un horizonte de trabajo digno, dice un reciente comunicado publicado por la Red Jesuita con Migrantes Centroamérica y Norteamérica.
El documento recuerda que el número de personas que huyen de Centroamérica, especialmente del triángulo norte, por causa de la violencia, es cada vez mayor. Según registros de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, únicamente el año 2012 se registraban unas 16 mil personas centroamericanas con estatus de refugiadas.
Otro dato que refleja el incremento del flujo migratorio es el proporcionado por el Instituto Nacional de Migración en México para el mes de octubre de este 2014, se registraban 63 mil 92 migrantes centroamericanos detenidos y repatriados a sus países de origen.
“Aquí no hay nada”
En esa cantidad de migrantes deportados desde México está Leticia, una mujer de 32 años de edad originaria del departamento de Santa Bárbara. Ella luego de varios años de buscar un empleo, sin resultados positivos, decidió migrar junto a sus dos hijas.
“Claro que me dio miedo tomar esas decisión, pero qué podía hacer, mis hijas necesitan comer y yo tengo la responsabilidad de darles la oportunidad de crecer y lastimosamente aquí no hay nada. Las condiciones en Honduras no nos brindan la oportunidad de contar con posibilidades”, dijo Leticia al momento de llegar a Honduras.
Leticia llegó en un bus proveniente de México. Ella y sus dos hijas fueron atendidas en el centro de albergue El Edén, una oficina improvisada con carpas para poder atender a miles de madres juntos sus pequeños que no tuvieron suerte al cruzar frontera.
Cada semana llegan a este centro 3 buses llenos con menores y madres detenidos en territorio mexicano. Mujeres y menores que vieron frustrado su sueño de vida mejor.
Crisis, ¿de ahora?
La crisis generada por el incremento de menores no acompañados refugiados o migrantes que estalló en junio de este año está siendo aprovechada para impulsar una política muy bien orquestada por el gobierno de Estados Unidos, a la que se han alineado México, El Salvador, Guatemala y Honduras. Con esta política que pretende cerrar y militarizar más la frontera de EE UU con México, México-Guatemala y Belice, y de Guatemala con El Salvador y Honduras para reducir el flujo de inmigrantes hacia EE UU. El enfrentar la priorización dada al control y a la seguridad policíaca y militar, especialmente en las fronteras.
Ante este contexto, la Red Jesuita con Migrantes exigió en un comunicado que se aplique la opinión consultiva dada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de 19 de agosto de 2014, sobre Derechos y garantía de los niños en el contexto de la migración y en necesidad de protección internacional.
Además señalan que es necesario garantizar la protección internacional en Estados Unidos y México. Que urge mejorar la supervisión de los procesos de control de asilo y trata de personas en Estados Unidos.
El documento continúa recomendando a los gobiernos que asuman su obligación de proteger y garantizar los derechos humanos de la ciudadanía y no abonen en la criminalización de las personas en situación de movilidad. Que promuevan una solución integral regional que prioricen la atención de las causas estructurales que originan la migración y la situación de refugio y sea concebida e implementada desde la perspectiva de la seguridad humana y no desde la seguridad nacional y la criminalización de la migración en situación irregular.
La Red Jesuita con Migrantes Centroamérica y Norteamérica, urge que las prioridades de las políticas de Estado enfrenten la reducción del desempleo, la desigualdad social, la violencia y la impunidad; el fortalecimiento del Estado de Derecho, el incremento de oportunidades de educación, la prevención de la violencia juvenil en la comunidad, el combate coordinado al crimen organizado, el apoyo y asistencia a las víctimas, así como un sistema de protección de testigos.
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