Por Sandra Rodríguez
Las mujeres en Honduras, se ven marginadas desde las estructuras de políticas públicas, hasta en círculos sociales o laborales donde ha predominado la cultura patriarcal, y las oportunidades no llegan a ellas.
A veces las mujeres por desconocimiento de sus derechos no los exigen, y pueden creer que ir donde la autoridad pública, es como pedir un favor, cuando en realidad, es hacer valer lo que por derecho le corresponde, después las autoridades aprovechándose de la situación manipula la acción para ganar adeptos y hacer creer que ha hecho un favor.
Grupos de sociedad civil, partes del programa gobernabilidad y justicia de género que apoya la organización Oxfam Internacional, han iniciado una lucha para hacer ver que el presupuesto general de la República de Honduras, no es neutral. Pues no se visibiliza a la mujer.
Suyapa Martínez, codirectora del Centro de Estudios de la Mujer-Honduras, CEM-H, dijo que después del estudio sobre etiquetado de género en el presupuesto general de la República, propondrán que se incluya un capítulo especial de la igualdad entre hombres y mujeres, y que ahí converjan los aportes dados en relación al presupuesto, pero que si no, se irán artículo por artículo, ya que sólo están tocando diez artículos de la Ley Orgánica del Presupuesto, poniéndole “párrafos y colitas”.
El 51% de la población hondureña que sobrepasa los 8.5 millones de habitantes, son mujeres, por lo que es lamentable que exista un presupuesto estatal excluyente hasta en el lenguaje, solo dos artículos hablan de la mujer, uno sobre indicadores de género en los proyectos nuevos y otro de la transferencia del cinco por ciento (5%) etiquetado para las mujeres en las municipalidades, ahí le hicimos un cambio para que se vaya incrementando cada año, explicó la defensora.
Debido a que algunos los alcaldes o alcaldesas utilizan ese fondo destinado a la Oficina Municipal de la Mujer, OMM, como bolsa común para otras actividades, y en vista que no hay control para ese gasto, se ha visto en la urgencia de formar mujeres para que monitoreen el destino de los fondos.
Las mujeres deben saber que esos fondos son un derecho, no es que ellas van a pedir a la municipalidad. Que los programas asistencialistas que ejecuta el gobierno no es un enfoque de género, sino para ganar adeptos. Esos programas como el Bono 10 mil es un problema para nosotros, ha incrementado la violencia doméstica, y no se ha hecho ningún estudio de impacto en la vida de las mujeres, dijo la representante del CEM.H.
El Estado debería hacerse cargo de que las mujeres se empoderen de sus derechos, sin embargo son las organizaciones no gubernamentales (ONG) las que fungen con el rol de formación, tal como lo ha hecho el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, con redes de mujeres de CEM-H y la Asociación de Organizaciones no Gubernamentales, ASONOG, en los departamentos de La Paz, Intibucá y Lempira, dando formación en varios temas de derechos humanos, en el marco de proyectos ejecutados por las organizaciones de Oxfam-Trocaire.
Tras varias jornadas de formación en DDHH con las redes contra la violencia hacia la Mujer, en el occidente de Honduras, se ha denunciado un panorama de la vida excluyente, sin oportunidades y donde predomina la ley del más fuerte.
Las mujeres no tienen acceso al crédito, a la tierra, a un empleo, la educación es limitada y las labores domésticas incrementadas. Poco o nada se preocupa el gobierno para que los programas de asistencia social las beneficien, pues hasta las ayudas económicas gubernamentales más bien agudizan el alcoholismo y con ello la violencia domésticas y hasta femicidios.
Según la codirectora del CEM-H, las necesidades y dificultades en las mujeres cambian en la población urbana y en la población rural.
En el marco de proyectos por la equidad de género, se ha construido agendas desde los barrios, por ejemplo vemos que la problemática en la mujer urbana, que se centra en su mayoría, según el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, del 2013, en los departamentos de Cortés y Francisco Morazán. A ellas se les controla su cuerpo, su vida, e incluso el color de su cabello o como vestirse, y esto lo hacen grupos de crimen organizados, dijo la defensora.
En cambio en el área rural, se enfrentan a violencia sexual, abusos, incesto, intercambio de las hijas por bienes o ganado, aunque se hace de manera muy discreta, continúa sucediendo.
También deben luchar contra la pobreza es más extrema y la información sobre derechos humanos es menor, y por eso no hay tantas denuncias. Los ataques son de manera directa hacia la mujer, ellas se desenvuelven en la defensa de la tierra, los recursos naturales, desplazamientos forzados por empresas transnacionales, son vivencias diferentes, pero algo nos une a todas: somos oprimidas de alguna forma.
Es por eso, que no funcionan las políticas de estado destinadas a la mujer, se debe tomar en cuanta al hacer un presupuesto etiquetado “ponerse los lentes de género”, ir mirando los artículos del presupuesto donde puede ser incluida la mujer.
Se debe promover recursos para proyectos productivos como el “Bono Tecnológico” donde se incluye mayormente a hombres, son ellos quienes tienen mayor acceso este tipo de proyectos y créditos.
Este problema se ha denunciado de parte de mujeres de Intibucá y Lempira, quienes dicen que a ellas les piden títulos de tierra, cuando están a nombre del marido, o a ellas les ponen más requisitos que a los hombres, para acceder a un crédito, aunque sea para una microempresa individual o grupal.
Martínez, dijo que se ha mocionado en el Congreso Nacional 600 millones de lempiras para un programa de “CREDIMUJER”.
En septiembre pasado, con el lema “las campesinas merecen todo nuestro crédito” representantes de organizaciones campesinas, indígenas, garífunas y cooperativistas presentaron en el Congreso Nacional y la cooperación internacional una propuesta de ley que otorgue acceso al crédito a las mujeres rurales de Honduras, como una propuesta para combatir la pobreza rural que afecta al 65 % de las mujeres que habitan en el campo.
Así mismo se pidió crear el Programa Nacional de Crédito Solidario para la Mujer Rural, CREDIMUJER, de modo que favorezca a las mujeres rurales organizadas con o sin tierra, que facilite el financiamiento para crear proyectos de inversión y de emprendimiento agrícola para las mujeres del campo.
Pero como en otras ocasiones, existen leyes, instancias, proyectos etiquetados para la mujer, pero no el presupuesto asignado, así que, hemos dicho que si no se puede asignar ese monto, al menos iniciemos la mitad que solicitamos, y es 300 millones de lempiras, dijo la defensora.
Y es que las mujeres del campo con acceso a crédito y capital semilla, beneficiarían a la economía de las mujeres del campo, y de esta forma se promoverá una mejor calidad de vida e independencia, tiempo para formarse en temas de su interés y organizarse con otras compañeras.
Y teniendo los conocimientos de sus derechos, también las mujeres empezaran a denunciar los delitos contra la vida de la mujer, denuncia de femicidios y se organizaran para defender sus derechos. Al mes de octubre, según estadísticas del CEM-H, hay unas 360 mujeres asesinadas, en su mayoría los casos están en la impunidad, donde se le da cadena perpetua a quien asesine a un funcionario, que un femicida con una pena de cuarenta años.
Parece que vale más la vida de los jueces, fiscales, diputados, presidente quienes viven con un fuerte cinturón de seguridad, que la vida de una mujer, denunció Suyapa Martínez, por lo que insisten en la organización y planificación de estrategias para obtener los logros planteados en los diferentes ámbitos sociales políticos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario