La situación de las comunidades y pueblos indígenas en relación al conflicto social que genera la instalación de proyectos mineros e hidroeléctricos, cada vez es más tensa, por la lucha emprendida en defensa de sus territorios. Habitantes de varias zonas del país están siendo hostigados, perseguidos y amenazados a muerte.
A raíz de estas amenazas, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a habitantes de la comunidad del sector la Florida en Tela, departamento de Atlántida, sin embargo el gobierno ha incumplido los compromisos de seguridad.
“Desde el 24 de diciembre la CIDH dispuso medidas de protección para más de 20 defensores de Derechos Humanos en la zona del departamento de Atlántida, muchos de ellos miembros del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) quienes están en situación de riesgo justamente por su oposición a los proyectos mineros en la zona”, explica el abogado Víctor Fernández coordinador del MADJ.
Según agrega “se han hecho múltiples esfuerzos para que el Estado asuma su responsabilidad de implementar medidas de protección pero no lo ha hecho, las situaciones se han agravado, y eso motivó a que se pidiera una reunión de trabajo en la CIDH, la cual se concedió y nos convocó el 28 de octubre en Washington. La Comisión sugirió una valoración integral de toda la problemática que está pasando, en este caso, el sector Florida y urgió al Estado para que convocara una reunión a fin de avanzar en una real implementación de mecanismos de seguridad”.
Ya la Secretaría de Seguridad había quedado mal en una fecha anterior, nos había convocado, habíamos movilizado a la gente y a última hora nos notificó que no podía llegar; dijo Fernández.
El coordinador del MADJ señaló que ante la falta de voluntad de las autoridades de seguridad del país de garantizar la protección a los habitantes amenazados a muerte, esta situación será notificada a la CIDH en su visita a Honduras programada para la primera semana de diciembre, para buscar nuevamente algún mecanismo mediante el cual el Estado termine asumiendo la responsabilidad que en este caso le ha indicado la Comisión Interamericana.
Las mismas comunidades ante el papel del Estado, están discutiendo el desarrollo de mecanismos de seguridad comunitaria, porque ellos y ellas se quieren proteger o auto proteger frente a las amenazas del crimen, de las empresas mineras, de las empresas hidroeléctricas y han querido que el Estado no entienda que se le está sustituyendo en su responsabilidad.
Locomapa: Otra comunidad amenazada
En este contexto de amenazas, la comunidad indígena de Locomapa ubicada en el departamento de Yoro, zona norte de Honduras, presenta similares riesgos por oponerse a proyectos mineros, hidroeléctricos y a la tala de bosques.
Las amenazas constantes contra dirigentes indígenas Tolupanes de la Tribu San Francisco de Locomapa, Yoro, se ha agudizado en los últimos días. La violencia comenzó en el territorio de la Tribu a partir del 25 de agosto de 2013, cuando fueron asesinados a manos sicarios; María Enriqueta Matute, Armando Fúnez Medina y Ricardo Soto, quienes participaban en una toma de carretera para impedir la extracción de antimonio y la tala del bosque.
A pesar de la existencia de medidas cautelares emitidas el 19 de diciembre del 2013, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de 38 habitantes de la Tribu San Francisco y sus familiares, el Estado de Honduras ha demostrado su incapacidad de proteger la vida de esas personas.
Merary Ramírez Soto de la Tribu San Francisco, es una de las habitantes que en los últimos días ha sido perseguida por hombres armados. “Yo estaba, como quien dice, segura con las medidas cautelares y dije jamás ni nunca vuelvo a ver otro objeto por mi casa, pero me llevo la sorpresa que en tres días de la semana pasada pude ver a dos personas que no son de acá por la estatura, no me fijé en el físico porque eran como las 9 de la mañana, y eso me preocupa porque atenta contra mi vida”.
Merary hace un llamado al Estado a cumplir con las medidas cautelares, porque dice sentirse insegura.
Consuelo Soto beneficiaria de medidas cautelares denunció esta semana que su casa ha sido rodeada en reiteradas ocasiones por individuos extraños. “Yo duermo en otras casas, allá ando de casa en casa por miedo a que me pase algo”. Aunque cuenta con medidas cautelares señala que ha llamado a las agentes policiales de la zona para denunciar irregularidades en la zona, pero mantienen los celulares apagados.
Ramón Matute del MADJ y habitante de la Tribu San Francisco de Locomapa denunció que desde hace 20 días se está utilizando otras estrategias de amenaza en la zona. “A mi padre le torturaron una yegua, al potrillo le pegaron un escopetazo, y eso es relacionado a las luchas que nosotros tenemos, a veces pensamos que esa intimidación viene de las mismas autoridades porque aquí hay una gran riqueza que nosotros no la hemos dejado ir”, expresó.
Vea el documental Libertad tiene nombre de Mujer que narra la vida de mujeres amenazadas por su lucha en defensa del territorio.
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