Por Germán H. Reyes R.
El convenio de colaboración y de buena fe para la promoción de la transparencia, combate de la corrupción y fortalecimiento de sistemas de integridad, suscrito entre el gobierno de la República y Transparencia Internacional (TI) define compromisos importantes para ambas partes. Sin embargo, su cumplimiento depende de la voluntad expresa del presidente, Juan Orlando Hernández y sus funcionarios.
El documento firmado por el Presidente Hernández, en representación del Estado de Honduras, Huguette Labelle , entonces presidenta de la Junta Directiva de TI y Carlos Alberto Hernández, presidente de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), capitulo nacional de ese organismo global anticorrupción, establece el compromiso del gobierno para llevar a cabo acciones de combate a la corrupción, imperante en este país centroamericano.
En tal sentido TI le dará seguimiento a las acciones de combate a la corrupción que bajo el enfoque de gestión por resultados pregona el gobierno central.
El documento, con vigencia hasta el 27 de enero de 2018, fecha en que finaliza el mandato de Juan Orlando Hernández, prioriza acciones de transparencia en los sectores de salud, educación, seguridad, infraestructura y gestión tributaria. La rendición de cuentas en las compras, contrataciones y gestión del recurso humano, será una labor prioritaria de parte de las autoridades.
Cabe mencionar que este convenio marca un punto importante en la vida institucional del país, porque Honduras es el primer país en el mundo que suscribe con TI un tratado que le permitirá evaluar los esfuerzos de combate a la corrupción.
| → Los compromisos del gobierno | → Responsabilidades de TI | → Compromisos sectoriales | → Evaluación |
Los compromisos del gobierno
Según el Convenio, el gobierno estaría obligado a conformar la Mesa de Acuerdo y Monitoreo, implementar junto a TI el Plan de Monitoreo Anual (PMA) y proporcionar con la mayor celeridad la documentación requerida para el seguimiento de las acciones. La difusión de los acuerdos, es responsabilidad de las autoridades, quienes deben formular un plan de comunicación y divulgación que contenga la planificación, recursos y medios. El Plan incluirá reuniones informativas y visitas a las regiones del país para socializar los informes.
Además, el gobierno debe adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las metas, coordinar que las actividades se realicen en el tiempo señalado, de acuerdo a los indicadores establecidos por la Mesa de Acuerdo y Monitoreo. Con apoyo de TI también debe construir un sistema de denuncia ciudadana en cada uno de los sectores que abarca el Convenio.
El gobierno debe garantizar que TI y ASJ gocen de independencia para el seguimiento de las acciones de combate a la corrupción. Las dos partes construirán un Índice Nacional de Transparencia y Buen Gobierno (INTBG), que se basará en la sistematización de los compromisos sectoriales y otros indicadores que la Mesa de Acuerdo y Monitoreo considere oportunos.
Responsabilidades de TI
Manteniendo independencia de criterio y distanciándose de toda injerencia política partidaria, TI será responsable de monitorear, evaluar y difundir el cumplimiento de los compromisos sectoriales y demás decisiones que surjan de la Mesa de Acuerdo y Monitoreo. También apoyará al gobierno en la formulación del Plan de Monitoreo Anual y demás instrumentos técnicos de gestión que se deriven del Convenio.
Además, TI servirá de canal con otras organizaciones de la sociedad civil para la socialización del Convenio y la presentación de informes a la población, cooperantes y al propio gobierno.
¿Qué es la Mesa de Acuerdo y Monitoreo?
Es una instancia conformada por funcionarios del gobierno y de TI que servirá para consensuar y desarrollar de manera conjunta el Plan de Monitoreo Anual (PMA), un documento que incluirá el nombre de los responsables, las metas, los plazos y los indicadores de cada uno de los compromisos sectoriales.
Esta Mesa la conformarán dos miembros propietarios y un suplente de cada una de las partes suscriptoras del Convenio y definirá las funciones, responsabilidades, procesos de toma de decisión, mecanismo de coordinación y comunicación, metodologías de monitoreo y demás elementos organizacionales.
A través de esta instancia se publicarán los informes trimestrales y anuales de los avances en el cumplimiento de los compromisos. Para tal fin, el gobierno a proveerá los espacios en los medios de comunicación oficiales y privados de mayor cobertura nacional con quienes tenga contratos de publicidad.
Compromisos sectoriales
Cada compromiso sectorial incluye la vulnerabilidad a la corrupción en las compras, contrataciones y gestión del recurso humano. Sin embargo, su cumplimiento depende exclusivamente de las decisiones del Poder Ejecutivo y del Congreso Nacional, cuando se requiera la aprobación de leyes y asignaciones presupuestarias. El convenio establece metas y plazos a corto, mediano y largo plazo.
Metas: Cuando hablamos de metas nos referimos a los productos institucionales esperados de la acción gubernamental plasmada en los compromisos sectoriales, orientados a generar mayor transparencia y a focalizar el control institucional en áreas susceptibles de corrupción.
Plazo: Es el tiempo previsto para el logro de una meta a través de las actividades previstas. Según el nivel de prioridad y de complejidad los plazos pueden clasificarse en corto, mediano y largo.
Corto plazo: Son tiempos hasta de 6 meses posteriores a la firma del Convenio y comprende metas que dependen exclusivamente del Poder Ejecutivo.
Mediano plazo: Abarca hasta un año después de la firma del Convenio y comprende metas que pueden requerir acuerdos y coordinación con instancias fuera del Poder Ejecutivo, aunque no serán necesarias las reformas legales.
Largo plazo: Sobrepasa de un año y son metas que requieren acuerdos legislativos, aun estando en la órbita del Poder Ejecutivo.
Evaluación
Para efectos de valuación el Convenio contempla calificaciones de los avances el compromiso gubernamental, grados que se encuentran categorizados en, meta cumplida, avance significativo, implementación en curso, déficit en la implementación y no muestra progreso.
Meta cumplida: Cuando se han desarrollado todas las tareas y el indicador así lo evidencia.
Avance significativo: Cuando se han tomado decisiones institucionales y se han movilizado efectivamente los recursos para el cumplimiento de metas. El indicador específico muestra avances.
Implementación en curso: Se han tomado decisiones relevantes para el cumplimiento y se han comenzado a movilizar recursos. El indicador específico muestra actividad y aún se encuentra dentro del plazo previsto.
Déficit en la implelemtación: Se ha mostrado voluntad política, se han tomado decisiones, pero por problemas prácticos no se ha cumplido o está atrasada y el plazo se vencido sin que hayan motivos válidos para modificarlo.
No muestra progreso: No se han tomado decisiones relevantes para el cumplimiento.
Después de la firma del Convenio, el Gobierno tendrá que establecer las metas concretas para atacar la corrupción en los sectores mencionados. Se espera que el plan de implementación y el de monitoreo estén terminados antes de que finalice el mes de enero de 2015. El jefe de investigaciones de ASJ, Lester Ramírez, informó que ya se han comenzado a conformar las sub mesas de trabajo.
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