Por Joaquin Mejia
Uno de los elementos fundamentales para determinar si un país puede catalogarse como un Estado de derecho es el respeto del principio que garantiza el imperio de la Constitución.
Ello implica que las leyes deben ser adoptadas por los órganos que representan la voluntad general, como por ejemplo, el Congreso Nacional, y además que el contenido de tales leyes no sea contrario a lo establecido por la Constitución de la República.
"Mientras el presupuesto de las fuerzas armadas se ha duplicado,
se contempla recortes para salud y educación."
En este sentido, es importante insistir en la importancia del artículo 64 constitucional que prohíbe la aplicación de leyes que disminuyan, restringen o tergiversan los derechos humanos establecidos en la Constitución.
En otras palabras, este artículo consagra el principio de progresividad que le impone a los poderes públicos la obligación de avanzar gradual y constantemente hacia la plena realización de los derechos humanos, y la prohibición de tomar medidas regresivas que reduzcan los niveles de protección de los derechos vigentes.
El posible recorte de 99 millones de lempiras que experimentará el próximo año el presupuesto de la Universidad Pedagógica Nacional “Francisco Morazán” es un nuevo ejemplo de lo que el gobierno tiene prohibido hacer pues tendrá unos efectos terribles en la calidad de la enseñanza y el derecho humano a la educación.
Y mientras se reducen los presupuestos de salud y educación, Honduras es el país centroamericano que más aumentó sus gastos militares desde 2008 cuando el presupuesto de defensa era de más de 121 millones de dólares, llegando a más de 252 millones de dólares en 2014, lo que implica un aumento de 108%.
Está claro que la prioridad de los últimos gobiernos son las armas en detrimento de derechos tan elementales como la salud y la educación de la población.
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