martes, 5 de agosto de 2014
Continúa su labor a pesar de amenzas y criminalización
Albertina dice consternada que en su comunidad pasan tantas cosas, “¿si yo no las digo quién más las va a decir?” Es una gran responsabilidad la que se ha puesto encima esta joven mujer al ser corresponsal de Radio Progreso en San Francisco de Opalaca. Este municipio de Intibucá del que ella es originaria ha salido a la luz por el conflicto político desatado con las elecciones generales de 2013, sin embargo esta comunidad tiene una larga historia de luchas y amenazas.
Albertina suma su responsabilidad de comunicadora desde 2008 a su rol como madre, como hija y como mujer organizada en este municipio habitado por indígenas lencas y azotado por el abandono estatal y la pobreza.
Los departamentos con mayores niveles de pobreza en Honduras, son Lempira e Intibucá con porcentajes que superan el 90%, justamente los departamentos con mayor porcentaje de población rural e indígena según indicadores del Banco Interamericano de Desarrollo.
Estos datos se traducen en la realidad de mujeres como Albertina que viven sin acceso a un sistema de salud que responda a sus necesidades y la de sus hijos. Sin acceso a una educación de calidad. Sin acceso a la defensa de su propio de territorio y su autodeterminación como pueblo al verse amenazada en el ejercicio de sus derechos.
Albertina se ha enfrentado a muchas dificultades en el ejercicio de su oficio como comunicadora desde 2008. Amenazada de muerte y acusada por el delito de sedición, esta comunicadora sigue su labor cada vez más riesgosa.
En 2012, fue amenazada para que callara un conflicto por la construcción de un complejo de represas en su comunidad, la mayoría del pueblo lenca estaba en contra de la concesión sobre el rio Gualcarque, por parte de la empresa Ríos Power S.A (RIPOSA). Desde su autodeterminación lograron detener el proyecto en cabildo abierto. Albertina, no solo como comunicadora sino como mujer en resistencia quedó en la mira de quienes tenían intereses ocultos.
Además de la pobreza que azota a la mayoría de la comunidad, también la violencia tiene expresiones constantes en la vida de las mujeres. Albertina cuenta esa realidad y a pesar de los riesgos asegura estar muy motivada de seguir informando lo que sucede en su comunidad. En este afán, este año Albertina se enfrentó a uno de los conflictos políticos más grandes ocurridos en San Francisco de Opalaca.
Conflicto político y persecución judicial
El 24 de junio del presente año, el Juzgado de Letras de Intibucá, citó a audiencia a 38 líderes Lencas del municipio de San Francisco de Opalaca, de la cual salieron con medidas cautelares que los obligaban a firmar en el Juzgado de Paz cada 15 días y movilizarse hasta La Esperanza, Intibucá para las audiencias, 4 horas de camino desde San Francisco de Opalaca. Todo esto, Albertina lo vivió con sus dos hijos con los que sale adelante solamente con ayuda de su madre.
Esta citatoria se dio ante la acusación por el delito de sedición contra 31 indígenas, entre ellos Albertina y por el delito de usurpación de funciones a 7 miembros de la alcaldía democrática que en Opalaca nombraron tras un empate en las elecciones generales de 2013.
El conflicto político en San Francisco de Opalaca se origina debido a que en las elecciones generales hubo un empate entre el candidato del Partido Libertad y Refundación, Éntimo Vásquez y el candidato del Partido Nacional, José Socorro Sánchez, situación que el Tribunal Supremo Electoral resolvió nombrando como ganador al nacionalista José Socorro Sánchez por un margen de ocho votos a su favor, que la mayoría del pueblo de San Francisco cuestiona.
Ante esto, hubo resistencia y se manifestó con la toma de la alcaldía, ante lo cual líderes indígenas del municipio convocaron al pueblo a una asamblea y el consejo de ancianos declaró alcalde a Vásquez del partido LIBRE exigiendo el reconocimiento legal, ya que actuaron amparados en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que les da ese derecho.
Sánchez, del partido Nacional los denunció y la respuesta fue casi inmediata por parte del Estado para procesar judicialmente a estos 38 lencas líderes del movimiento. Albertina fue citada también por el hecho de cubrir noticiosamente el hecho y hacer eco de lo que estaba pasando en su comunidad, algo que ha venido haciendo ya por 6 años.
“Sabemos que este problema no es a nivel local si no que a nivel de país; los periodistas, los comunicadores sociales, los defensores de derechos humanos somos amenazados pero a veces una no piensa que aquí se daría solo por cubrir la información, sabemos que es una amenaza a la libre expresión y que muchos lo estamos viviendo”, expresó Albertina en Radio Progreso después de conocer la resolución dada por el juez el 23 de julio que les brindaba un sobreseimiento provisional a ella y a sus compañeros acusados por el delito de sedición y sobreseimiento definitivo a los acusados por usurpación de funciones.
“Los resultados fueron exitosos, hemos logrado librar esta batalla. Después de la prueba presentada por la defensa hemos logrado desvanecer los falsos cargos que el Ministerio Público había puesto contra ellos”, explicó el abogado defensor de los lencas, Farabundo Godoy. Las medidas cautelares fueron suspendidas, por lo que Albertina y sus compañeros ya no tendrán que ir a firmar cada 15 días a los juzgados de paz.
El sobreseimiento provisional quiere decir que el caso es susceptible de volver a ser abierto si aparecieran nuevos indicios relevantes que pudieran desbloquear la resolución. El juez actúa así cuando se ha cometido un delito pero no sabe quién lo ha hecho o cuando no resulte debidamente justificada la perpetración del delito que haya dado motivo a la formación de la causa.
La amenaza queda abierta. Albertina no solo ha informado de este conflicto político, también al cierre de la administración pasada hubo un diagnóstico en el cual se denunciaban supuestos actos de corrupción de la comuna de Sánchez quien se tiraba a la reelección en los comicios pasados. Según la corresponsal, la gente señalada en ese caso está molesta, y en febrero de 2012 comenzaron a amenazar.
“Un familiar del alcalde dijo que nos iba a buscar para matarnos, yo no me preocupé primero pero mi familia sí porque a mi mamá se lo dijeron”, cuenta Albertina, con indefensión y lágrimas en sus ojos.
Luego de la amenaza vino la acusación por sedición. Muchas advertencias para que deje el ejercicio del periodismo en esta comunidad, según su familia. Pero para Albertina este servicio debe seguir. Aún resuenan esas palabras: “¿si no soy yo, quien va a contar tantas cosas que pasan en esta comunidad?”
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