miércoles, 27 de agosto de 2014

Son más de 47.000 hondureños las víctimas mortales de una guerra de declarada



Van más de 47 mil hondureños como víctimas mortales de la guerra no declarada en Honduras

Honduras sigue con los indicadores de inseguridad, justicia y violencia más altos del mundo. Y es que en los últimos diez años se contabilizan 47 mil 862 personas que perdieron la vida por la modalidad de homicidio.

La especialista en el tema de la violencia, Arabesca Sánchez, destaca las nuevas modalidades como extorsiones o impuestos de guerra que se convierten en el boleto a la muerte para quienes no cumplan con estas exigencias de los grupos violentos, el blanco más común es el sector transporte.

“Allí se han observado más de 185 muertes de conductores de taxis, de moto taxis y autobuses que por negarse a dar el pago de la famosa extorsión o impuesto de guerra terminan siendo asesinados” dijo Sánchez.

Actualmente, la mayoría de las muertes en Honduras se vinculan con acciones del narcotráfico. Muchas noticias de los últimos días han  girado en torno a este tema. Recordamos la captura y extradición de Carlos Arnoldo Lobo conocido como “El Negro Lobo”. En su momento también se dejó en evidencia pública la operación de los narcos en Colón. Luego hubo la captura al alcalde de Yoro, Arnaldo Urbina Soto, acusado de dirigir la banda Urbina Soto dedicada, entre otras, cosas al narcotráfico. 

Luego se vino la noticia del aseguramiento de bienes de la familia de Ramón Mata Ballesteros. Posteriormente se asesinó en un restaurante de San Pedro Sula a Gustavo Enrique Chinchilla Tábora, dueño de la cadena de tiendas el Bombazo y según la autoridad, un hombre del narcotráfico, y lo último que se vincula a la familia Valle Valle del occidente del país como narcotraficantes hondureños.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, anunció la designación de la organización de tráfico de drogas Los Valle en Honduras, como al hondureño Miguel Arnulfo Valle Valle, como narcotraficantes extranjeros de suma importancia de acuerdo a la Ley Kingpin de ese país.

Incluyen también a Luis Alonso y a José Reynerio Valle Valle como parte de la organización, puesto que “materialmente ayuda y actúa para y en nombre de su hermano Miguel Arnulfo Valle Valle y la organización de tráfico de drogas de Los Valle”.

Víctor Meza del Centro de Documentación de Honduras, Cedoh asegura que esto demuestra que han crecido, se han fortalecido y se han expandido las redes del crimen organizado en Honduras. “Así van surgiendo otras figuras delictivas, por ejemplo surgen los narco-políticos, surgen los narco empresarios, los narco banqueros, los narco diputados, los narco legisladores, los narco alcaldes, los narco regidores, es decir, surge, se consolida y se afianza la mafia de la narco política”.

Para Meza, la captura de algunos de los narcos y la extradición de una persona, a pesar que hay solicitud para más de una decena, sólo demuestra la escasa voluntad del Estado hondureño para reprimir personalmente a los narcos y su voluntad forzada por la presión norteamericana para quitarles sus bienes.

“Hay que capturar a capos del narcotráfico, encerrarlos y sentenciarlos, esos son los índices para medir la eficacia de una política de antinarcóticos. A Honduras le hace falta una política orientada a la captura y a la sentencia de los grandes jefes de los carteles del crimen organizado, nacionales y extranjeros” expresó Meza.

Masacres

La operación del narcotráfico ha dejado miles de muertos en Honduras, muchas de las acciones terminan en asesinatos múltiples o masacres. Sólo en lo que va del año, el Observatorio de la Violencia de la UNAH, destaca que ya suman más de 65 masacres y el Estado no tiene la capacidad para investigar de dónde y por qué se originan estos hechos violentos.

El último de estos hechos violentos se dio frente a la morgue de Medicina Forense en San Pedro Sula. La suma total de muertos fue de 9 personas y cuatro resultaron heridas. Cinco son miembros de la familia Terrero Piedi de Puerto Cortés que esperaban el cuerpo de un familiar que horas antes había sido asesinado.

“El informe que se tiene es que a las tres de la madrugada llegaron tipos desconocidos a bordo de vehículos, disparando contra la humanidad de quienes estaban afuera de medicina forense, cinco minutos después se presentan los cuerpos policiales tratando de buscar alguna información. Se tienen pistas y se espera en los próximos días dictar las órdenes de captura” detalló el vocero del Ministerio Público, Elvis Guzmán.

Indignado ante esto, Hugo Maldonado del Comité de Derechos Humanos, dijo que “esto nos demuestra la responsabilidad estatal que hay en la desorganización que tenemos en esta caricatura de país, en esta caricatura de Estado de Derecho.” 

En las masacres muere gente inocente. José Álvarez es un claro ejemplo. Se dedicaba a la venta de ataúdes en las afueras de la morgue judicial en San Pedro Sula y fue alcanzado por las balas de los sicarios.

“Estuvimos platicando con él y dejamos de platicar porque él vende ataúdes en la funeraria y me dijo después te llamo Mari porque voy a sacar un cadáver de la morgue, y me quedé esperando la llamada” narró Maritza Ríos esposa  de José Álvarez.

Para el abogado Fabricio Herrera, especialista en temas de seguridad, las masacres son efecto de la política errada de la militarización de la sociedad, de la dinámica militar-penal, un modelo que según él ha fracasado en países como Colombia y México.

“Una de las cosas que no consideran cuando aplican esta militarización de la seguridad y realizan estos ataques hacia aparentes organizaciones del crimen organizado, es que éstas actúan en red y que van a obtener una respuesta donde quien paga la factura con su vida y con su derramamiento de sangre es la población civil”, expresó Herrera.

Pacto por la seguridad
Como salida a estos graves problemas de inseguridad y de violencia, las organizaciones representantes de la sociedad civil organizada, con la participación de los partidos políticos, proponen, al gobierno que preside Juan Orlando Hernández, un “Pacto por la Seguridad de Honduras”.

“Lo que buscamos es un espacio de diálogo incluyente que busque revertir esta grave situación. Llegamos a la conclusión que el Estado ha sido desbordado en su capacidad de poder enfrentar el narcotráfico, el crimen organizado, la delincuencia común y las manifestaciones de violencia en los barrios y colonias” dijo el director del Grupo Sociedad Civil, Omar Rivera.

Para la sociedad civil, el dialogo debería tratar grandes temas o factores como ser: la distribución de la riqueza, la debilidad de las instituciones, la impunidad, la corrupción, el tráfico de influencias, la migración forzosa, el abuso de poder, entre otros.

Y entre los sectores que exigen ser tomados en cuenta en este pacto nacional se encuentran los grupos de mujeres organizadas, quienes tienen una propuesta y una visión sobre la seguridad nacional. 

“Estamos ante un gobierno cuyo eje central ha sido la seguridad pero desde esa mirada militarista, represiva, entonces es fundamental que como mujeres, que como jóvenes, como campesinos y campesinas podamos construir una seguridad diferente, centrada en la personas humana y no en las armas” dijo Carolina Sierra del Foro de Mujeres por la Vida, un espacio que busca reivindicar los derechos de las mujeres que estás siendo afectadas por esta guerra no declarada en Honduras.

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