Movilización
Miente a la población en el tema energético, financiero y sobre las deudas; miente en las operaciones de interdicción del narcotráfico, miente en la situación de seguridad del Aguán, miente en la reducción de la violencia, miente en el combate a la corrupción… miente y miente.
No puede esperarse nada distinto de un gobierno surgido de la mentira electoral y de la fuerza.
Pero el hecho que el gobierno le mienta a la comunidad internacional sin ruborizarse, es el colmo.
Hace unos días, el sabiondo Hernández Alcerro, gente buena para nada de la cancillería y de la secretaría del interior, mintieron frente al G-16 sobre la tragedia de la emigración infantil no acompañada.
Dijeron a los embajadores y representantes de organismos internacionales de cooperación que la niñez hondureña huye a los Estados Unidos por los problemas de educación, salud e ingresos de sus padres. No mencionaron la barbarie.
En la sala había algunos diplomáticos serios, inteligentes y honestos, que señalaron la omisión de la violencia e inseguridad como expulsores de la niñez.
No sólo cuestionaron el ocultamiento del problema, sino que afirmaron – como en efecto así es --, que esta tragedia va en aumento y que su manipulación por el gobierno sólo agrava la situación para el pueblo hondureño y las comunidades extranjeras que viven aquí.
Es pública ya la contratación de una firma colombiana por 1.5 millones de dólares, el Instituto Cisalva, para organizar 30 observatorios municipales del delito, paralelos al Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional.
El objetivo es maquillar la realidad de la inseguridad, desinformar sobre la negligencia gubernamental y su colusión con el crimen organizado, para arrinconar a la población y preservar la industria del miedo, que es súper rentable para las religiones, los partidos políticos autoritarios y el aparato poli-militar represivo.
Ese instituto Cisalva tendrá la tasa de seguridad municipal y un millón de lempiras adicionales por alcaldía para doblegar a sus regidores, casi nunca rebeldes a las causas que se resuelven con chequera.
El propósito es suplantar la credibilidad de la Universidad, cuyas autoridades tampoco pueden hablar mucho en contrario pues el régimen cortaría su presupuesto. Y eso produce silencio, cuando menos matices y docilidades.
Esta es la misma lógica que hemos observado a lo largo de los últimos cinco años, un régimen confundiendo deliberadamente las violaciones a derechos humanos con los delitos comunes para construir la impunidad, la ama y señora de los tribunales y cortes.
A las torturas, detenciones arbitrarias, desalojos violentos, asesinatos, persecuciones mediáticas y montajes criminales en zonas de conflicto ellos llaman acciones policiales en cumplimiento del deber. Daños colaterales en el lenguaje estúpido de Bush.
Y a cualquier reacción ciudadana a esos excesos de fuerza, abusos de autoridades y conductas criminosas, ellos llaman irrespeto a las autoridades, exageraciones especulativas y campañas de desprestigio en su contra. Ridículos.
No hay dudas, Honduras es un país fragilizado por los golpes militares y electorales de los últimos años; las elecciones no mejoraron su situación, más bien la empeoraron. Y no existe un diálogo estructurado sobre políticas públicas a la vista. Los factores de mayor riesgo de violencia siguen intactos: la desigualdad social, la impunidad, la corrupción, los millares de jóvenes masculinos sin perspectivas, la política de seguridad represiva y el fácil acceso a las armas.
¿Hacia dónde queremos ir en el futuro? Hallar esa respuesta es nuestro deber y el suyo también.
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