La situación de riesgo que enfrentan las personas que defienden los derechos humanos en Honduras, así como los y las periodistas y los operadores de justicia es grave. Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la ex Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de las defensores y los defensores de derechos Humanos, Margaret Sekaggya han manifestado su preocupación por la persistencia de ataques de distinto tipo, entre ellos asesinatos, amenazas, hostigamientos, allanamientos y robos en sedes de organizaciones, así como por la criminalización. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha conocido sobre este contexto de riesgo en sus sentencias Kawas Fernández y Luna López vs. Honduras.
Debido a esta grave situación, los citados órganos de protección así como el Consejo de Derechos Humanos a través del Examen Periódico Universal recomendaron al Estado de Honduras la creación de un mecanismo para la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos, que incluya a su vez, a los periodistas y comunicadores sociales.
En tal sentido, el pasado 4 de junio, el Congreso de la República de Honduras aprobó en primer debate el proyecto denominado “Ley de Protección para personas defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia” que busca cumplir con las citadas recomendaciones, no obstante, dicho proyecto presenta diversas deficiencias que podrían impedir el cumplimiento del objetivo que persigue.
Ante tal panorama, Protection International (PI) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), realizaron una misión conjunta a Tegucigalpa durante la semana del 28 de Julio al 2 de agosto. En la misión se expresaron algunas preocupaciones sobre el proyecto aprobado a representantes del Poder Ejecutivo y del Congreso hondureño, a la vez, se acompañó a las organizaciones locales en la reflexión y elaboración de propuestas de reformas que fortalezcan el mencionado mecanismo.
“Toda política pública de protección a defensores de derechos humanos y periodistas ha de ser consultada con sociedad civil y sometida a un buen análisis técnico. De lo contrario dicha política pública puede ser inaplicable, con lo que no obtendría los beneficios esperados”, destacó el Presidente de PI sobre el tema.
Por su parte, Marcia Aguiluz, directora del Programa de CEJIL para Centroamérica y México señaló que: “el Estado de Honduras tiene la obligación de considerar los estándares internacionales sobre protección a defensores y defensoras de derechos humanos y además debe consensuar con los diversos grupos en situación de riesgo la implementación de mecanismos que respondan a sus necesidades en forma efectiva”.
PI y CEJIL saludan y agradecen la buena disposición de las autoridades para escuchar las propuestas de mejora a la iniciativa. Asimismo reiteran el llamado para que se consideren los aportes de diversos sectores de la sociedad civil de manera que el mecanismo que persigue la protección de los y las defensoras de derechos humanos, periodistas y operadores de justicia sea producto de un proceso amplio, inclusivo, transparente y participativo.
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