Durante el desalojo policial militar violento ejecutado el pasado 3 de julio, en la finca Panamá, hubo mofas contra defensoras y defensores de derechos humanos que socorrían a las víctimas.
El coronel Jovel Martínez, que relevó al lancero Alfaro en la fuerza Xatruch, fue intolerante, agresivo, rabioso y despectivo contra las personas que portaban carnets y chalecos como defensores ese día.
Además de decirles ilegales, sin respaldo jurídico, les quitó memorias de cámaras fotográficas, chalecos e inclusive dinero.
La misma denuncia hicieron periodistas y comunicadores comunitarios independientes del discurso único de los militares, cuando cubrían aquél hecho.
Más recientemente, el miércoles de esta semana, un hombre hacía fotografías de las oficinas del Cofadeh tratando de captar la presencia de las personas sobrevivientes de la masacre de la DEA cometida en Ahuas el 11 de mayo de 2012.
Una de esas víctimas, Clara -que escuchamos en el programa esta noche- fue objeto de chantaje por parte de la DEA en marzo pasado aquí en Tegucigalpa.
Un hombre, que ella identificó como Edy, le llamó el martes para pedirle nuevamente que viniera a su oficina. Ella consideró la llamada como desafiante y peligrosa.
Es decir, periodistas, comunicadores, defensores y defensoras estamos expuestos a un Estado policiaco, controlado por el secretismo, la impunidad y los métodos violentos.
De eso mismo se quejan abogados, jueces y fiscales honestos, que desafían un sistema hecho para transgredir la ley y preservar los intereses arraigados de grupos fácticos, integrantes de mafias mortíferas.
La propuesta de Ley que socializa actualmente el Congreso de la República, para crear un mecanismo efectivo de protección que asegure la integridad y la vida de quienes procuramos el Estado de Derecho, es una ley sujeta a cambios.
No debe ser un instrumento de privilegiados, debe mantener el espíritu de alcance general en una sociedad donde todas las personas estamos expuestas al peligro en función del trabajo que realizamos.
Sin embargo, es una iniciativa que debe contener mecanismos claros, expeditos y funcionales en aquellos casos de mediano y alto riesgo, que deberán ser calificados sin burocracia inhumana, sin esperar que la víctima llegue a los frigoríficos de Medicina Forense.
La defensa de los derechos de las demás personas es un acto noble, de trascendental valía, expresión comprometida de un voluntariado humanista y expresión pura de la civilización frente a la barbarie.
Es una buena noticia que el Estado escuche el clamor de la comunidad internacional, que exige desde 2010 una política de defensa del derecho a defender los derechos humanos.
Por eso saludamos la iniciativa del Congreso de someter a estudio, consenso y enmienda los textos presentados por distintos partidos a la Cámara legislativa, hasta producir la ley. No cualquier ley.
Y ojalá que la nueva Ley que se apruebe deje con la boca cerrada al coronel Martínez, quien menosprecia a las y los defensores y malquiere a los programas y medios de libre expresión que no obedecen sus mandatos de pensamiento único en el Aguán.
Ojalá...
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