Con el objetivo de contar con un instrumento jurídico que pueda servir para que las personas que accedan a ese mecanismo, puedan sentirse que el estado realmente reacciona y es capaz de actuar, las organizaciones de la sociedad civil entregaron a la comisión ordinaria de derechos humanos del Congreso Nacional, un documento que contiene importantes aportes para consensuar la Ley de Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, que está en su segundo debate.
Reina Rivera Joya, que tiene más de 25 años de ejercer la labor de defensora de derechos humanos, expresó que en el país, además de vivir la violencia general, hay grupos de ciudadanos que tienen un particular riesgo y que ese riesgo es particularmente por el trabajo que hacen.
“Estamos hablando que los periodistas, los comunicadores sociales, las radios comunitarias por el trabajo que realizan muchas veces, se exponen a un entorno de mayor violencia, agresiones y repercusiones, y que ya hay a estas alturas más de 40 periodistas asesinados”, sostuvo la defensora de derechos humanos.
Agregó que igualmente de los lados de defensores y defensoras de derechos humanos, hay una historia acumulada de impunidad, pero particularmente después del Golpe de Estado, aumentó también la represión y aumentó el ataque a defensores de derechos humanos.
Ha habido un clamor de las organizaciones nacionales de solicitar una ley especial para la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia.
Reina Rivera indicó que al momento que el Poder Legislativo se encontraba debatiendo el anteproyecto de la ley de protección, las organizaciones de la sociedad civil, de libertad de expresión, de defensoras de los derechos humanos y organizaciones internacionales como la Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y Protección Internacional, que tiene su sede en Bruselas, solicitaron una participación para hacer aportes y mejorar la propuesta de Ley, ya que ésta no garantizaba el tema de presupuesto.
“De qué sirve una Ley declarativa si el estado no va a comprometer recursos para proteger a estos grupos poblacionales cuando estén en riesgo o que planteen que han sido amenazados”, señaló la defensora de los derechos humanos.
Por su parte, la coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), Berta Oliva, señaló que cambiaron algunos aspectos torales, porque era importante que en la Ley se contemplara el presupuesto y de donde se podrían sacar esos recursos, para que una vez que se apruebe y entre en vigencia, se haga de acción inmediata.
Añadió que desde la óptica de Cofadeh se aspiraba a una Ley que les permitiera tener autonomía, pero que sabe que por algo se debe iniciar y que es mejor tener el principio de una herramienta a no tener nada, como les ha tocado tantos años trabajar sin un instrumento legal que les garantice su accionar y que ratifique que las acciones de las defensoras y defensores de derechos humanos están enmarcadas en Ley.
La defensora de los derechos humanos expresó que "venimos aquí sin el ánimo de polemizar, sino de obtener ese instrumento que hace falta, hemos considerado que hay que tenerlo y que hay que proponer y luchar para lograrlo".
Añadió que en los aportes que se han entregado se menciona a cabalidad el accionar de los defensores y defensoras de los derechos humanos, para que no se vea que son personas que hacen una acción sin tener un instrumento nacional que los proteja.
Finalmente agregó que "vamos a apostarle a lo que salga del Congreso Nacional, haciendo aportes técnicos".
La viceministra de Derechos Humanos, Karla Cueva, indicó que con el fin de propiciar una ley mucho más sólida, las propuestas de las organizaciones de la sociedad civil son valiosas a fin de hacer más aplicable los mecanismos de protección a los grupos beneficiados.
Añadió que para esa secretaría, trabajar con las organizaciones de la sociedad civil, ha sido una experiencia muy constructiva y que también se ha aprendido en el camino, pues esa forma de dialogar y de construir podría irse replicando en el país, ya que el diálogo ha sido muy maduro, que ha germinado en una propuesta que va a servir para eficientar la aplicación de la Ley.
El diputado Yury Cristhian Sabas, presidente de la comisión ordinaria de derechos humanos del Congreso Nacional, agradeció a todos los sectores sociales involucrados en la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión, por los aportes entregados para mejorar la nueva Ley.
“Desde el momento que el Congreso Nacional apertura estos espacios para que ustedes nos ayudaran a mejorar la Ley, es porque las opiniones de ustedes son las que estamos buscando, porque con esas opiniones vamos a desarrollar un proyecto de decreto verdadero y que sea práctico”, expresó el parlamentario.
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