Entre los años 2010 a 2013, habrían sido asesinados al menos 78 periodistas en el continente americano, de ese total 15 crímenes se registraron en Honduras, según las cifras reportadas en el informe “Violencia Contra Periodistas y Trabajadores de Medios” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La Relatoría Especial para Libertad de Expresión destaca que Honduras “sufrió un drástico” aumento en el número de muertes de periodistas. “Habrían sido cuatro los periodistas asesinados entre 1995 y 2009, pero en el periodo 2010 y 2013 esta cantidad ascendió a 15, una cifra que particularmente resulta alarmante”, señaló la CIDH a través de la Relatoría Especial.
Ante esa realidad la Relatora Especial Para La Libertad de Expresión, Catalina Botero, manifestó que los gobiernos de la región están en la obligación de prevenir la violencia, proteger a las periodistas y los periodistas en riesgo y afrontar seriamente las investigaciones de los crímenes cometidos.
“Existen medidas y los Estados deben adoptarlas, esto no es una cuestión de si al Estado le gusta más o menos; tienen deberes por cumplir y son estos deberes: de prevención, de protección y de lucha contra la impunidad,” dijo Botero, al momento de presentar el informe.
Estado de Honduras sin capacidad y voluntad para crear mecanismo de protección
Para la periodista Sandra Maribel Sánchez un sistema de protección para periodistas en Honduras sólo es una “ilusión”, ya que nunca ha existido una institucionalidad que responda al mandato que tiene, “uno de los ejemplos más claros se dio durante el golpe de Estado de 2009 cuando el Comisionado de los Derechos Humanos hizo caso omiso a las denuncias de la ciudadanía”.
Sánchez agrega que otro ejemplo que sirve para ilustrar es el caso de los cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Sala de lo Constitucional, que votaron a favor de que se declarara inconstitucional la Ley de Ciudades Modelo.
“Los destituyeron por orden del actual presidente de la república; imagínese un poder judicial que no le permite a sus magistrados del más alto nivel defenderse de la acusación que le hacen. Entonces un sistema de protección para los periodistas, en un país como ese que he descrito, sólo es una ilusión porque las decisiones al final van a depender de otras personas que van a actuar con la misma lógica que han actuado los responsables de darnos seguridad”, arguyó Sánchez.
En junio pasado, el Congreso Nacional de Honduras aprobó un proyecto de decreto para la creación de la Ley de Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, proyecto que para la periodista Thelma Mejía, está marcado por la burocracia.
“Creo que el gobierno debe crear ese mecanismo de protección, pero los periodistas y la sociedad deben tener una participación en eso, para que no sea un requisito en el OEA –Organización de Estados Americanos- de un indicador cumplido y problema resuelto”, opinó Mejía.
Según Mejía, la Ley de Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia “tiene mucha burocracia, muchas contradicciones” entre las unidades y la generalidad de la ley.
“Es muy probable que muchos periodistas sigan cayendo en el ejercicio de su trabajo, mientras los organismos que se vayan a crear tomen la acción para investigar. Creo que esa unidad de investigación que pidió la relatora se debió crear hace dos o tres años, lo vienen pidiendo siempre y no hay mucha voluntad política fuerte que uno vea, el Estado reacciona por la coyuntura no por la convicción propia”, dijo Mejía.
Desde el golpe de Estado de 2009, en Honduras se han registrado 32 asesinatos de periodistas y comunicadores sociales, de los cuales únicamente dos han sido judicializados.
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