Por Javier Suazo
El ajuste estructural agrícola impactó negativamente en la producción de alimentos e ingreso de los pequeños productores rurales, por el aumento del costo de producción de estos rubros y abaratamiento de su importación. En Centro América, con la entrada en vigencia del CAFTA-RD, se trató de proteger estos bienes sensibles ampliando el periodo de gracia para su importación libre y estableciéndose cláusulas de salvaguarda, pero que en la práctica no se respetan y más bien se habla de una vía rápida de ejecución del Tratado.
Por otra parte y tal como ha sucedido en Honduras, uno de los problemas de los funcionarios públicos es que asumen el cargo sin aprender de la experiencia para tomar decisiones que afectan un sector, economía del país y población en general. Simplemente parten de cero, es decir que los resultados de las políticas ejecutadas por los gobiernos anteriores no interesan, e incluso repiten las malas decisiones.
En el caso del sector productivo algunas de estas decisiones han tenido impacto negativo en el desarrollo futuro del sector y en las condiciones de vida de los productores y familias campesinas.
Una de estas malas decisiones se refiere al expediente de la aprobación de importaciones de granos básicos sin tomar en cuenta la producción nacional y el ciclo agrícola de cada cultivo; se autorizan importaciones a cero aranceles para bajar el precio pero a costa de la ruina de los pequeños productores y de la producción futura.
Las experiencias han sido ampliamente documentadas. Un caso particular es el cultivo de arroz, donde los gobiernos han autorizado importaciones del grano para favorecer la agroindustria sin constatar la disponibilidad interna y la situación económica y financiera de los pequeños productores. EL negocio involucra altos funcionarios públicos que reciben comisión por autorizar la importación sin considerar los daños causados, igual a empresarios corruptos expertos en hacer negocios rápidos.
En la actualidad todo parece indicar que estamos próximos a enfrentar lo que la prensa ha dado en llamar el “frijolazo” azul, o sea la importación de 2,024 toneladas métricas de frijol desde Etiopia a un costo estimado de 70 millones de lempiras. El grano importado, supuestamente, llegará al país cuando la emergencia nacional decretada por la sequía ya no existe y más bien habrá suficiente grano para cubrir la demanda interna, aunque el gobierno dice lo contrario.
El problema se origina cuando el gobierno autoriza la importación de frijoles para enfrentar la escasez por perdida de la producción nacional en más de un 20% del estimado nacional, además de enfrentar la inseguridad alimentaria y hambre de aquellas familias localizadas en los municipios del llamado corredor seco. Y es que la crisis del frijol ha demostrado que el apoyo con el bono tecnológico fue marginal en 2013 y este gobierno ni lo tenía programado en el monto requerido en el presupuesto anual, por lo que ha tenido que erogar cerca de 90 millones de lempiras para importar frijoles como paliativo a la crisis de alimentos que es más profunda.
Se contrató a la empresa internacional GSI TREADING INC para traer el grano y un banco nacional para emitir la carta de crédito, pero el grano no fue entregado a tiempo ya que la propio empresa en carta pública se responsabilizó del atraso, pero no reconoció que la entrega del grano en el mes de septiembre puede resultar extemporáneo ni explicó si el gobierno a través del banco le adelantó parte de los fondos para cubrir gastos
Supuestamente el banco nacional, denominado banco FICOHSA, se embolsó 700,000 mil lempiras por emitir la carta de crédito a favor del Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA); hoy el gobierno espera el grano para mediados del mes de septiembre cuando la producción nacional ya salió y el gobierno espera una cosecha abundante. Un grupo de diputados y no el pleno del Congreso de la Republica interpeló al Ministro de Desarrollo Económico, Alden Rivera, evidenciándose que el gobierno no tiene a su disposición un contrato con la empresa y, por tanto, la transacción comercial y posibles demandas judiciales a la misma por el retraso no aplican.
El gobierno de la Republica puso a disposición de los productores del agro sin excepción un fideicomiso de 1,500 millones de lempiras donde pueden accesar los palmeros, azucareros, ganaderos y productores de granos básicos; siendo colocados a la fecha sólo 12 millones de lempiras por 3 bancos del sistema de 17 convocados. Está apoyando a los productores para que construyan reservorios o lagunas de agua y enfrenten de mejor forma la sequía, pero los fondos asignados son raquíticos, unos 10 millones de lempiras. Ha logrado que los bancos ¿no todos? acepten prestar a una tasa de interés de 7.25% para granos básicos, pero las denuncias son que el monto de crédito para siembra de frijol es muy poco y extemporáneo, y la poca banca que participa lo presta a aquellos productores (clientes) que no tienen problemas financieros ¿ la mayor parte de los productores de granos no son sujetos de crédito?, lo que limita el impacto de la política de crédito preferencial.
La preocupación de los productores de frijol es como el gobierno de Republica puede evitar un frijolazo que resulte dañino para todos. El gobierno ha fijado un precio de sostén de 1,000 lempiras el quintal del frijol para los productores, no de 1,500 lempiras tal como era la exigencia por los rendimientos promedios obtenidos ( 28 a 30 quintales por manzana) y el costo de producción que ha ido en aumento por la devaluación y lo caro de los insumos.
Si el grano de Etiopia ingresa sin pagar el arancel de importación, este precio de garantía puede caer, ya que su sostenimiento solo puede darse con un costo financiero mayor asumido por el gobierno al comprar el grano interno a través de IHMA. El gobierno puede convertirse en exportador del grano a países vecinos, mezclando grano interno con grano externo, en caso que el precio interno del grano almacenado sea menor que el pagado por países como el Salvador que ofrece 1,200 por quintal, aunque el costo de operación del IHMA siga alto.
Otra solución es reactivar el mecanismo de banda de precios manejado por el IHMA en situaciones especiales, pero el problema es que el grano etíope ingresará al país con cero aranceles, lo que dificulta su operatizacion. Además, el gobierno no debe permitir que empresas privadas locales adquieran grano importado a cero aranceles ya que con ello aumenta el riesgo del frijolazo por el efecto especulativo del precio.
Hay que estar atentos para denunciar el fríjolazo. Una manera para identificarlo es monitorear la evolución del precio sostén del grano; si hay caída, demuestra que hay mucho grano interno (incluyendo el grano etíope) que presiona a la baja con los consecuentes impactos negativos en los ingresos de los productores. El Ministro de Agricultura, Jacobo Paz, anunció que con la nueva cosecha de frijol donde se pretende sembrar cerca de 10,000 manzanas con la participación de medianos y grandes productores como Miguel Molina de AGOLIBANO, habrá un excedente que permitirá a Honduras no solo cubrir la demanda interna sino que exportar a los países de la región centroamericana.
Frente a esa bonanza, a lo mejor el gobierno desista de importar el grano etíope y cubrir la demanda con producción nacional. A mediano plazo a través de la Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG), se debe fortalecer el sistema de planificación agrícola, elaborar un plan de granos básicos creíble y volver a las hojas de balance de oferta y demanda de granos por usos y destinos.
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