Representantes de la sociedad civil de Honduras rechazaron una ley que sorpresivamente fue aprobada por el Congreso facultando a las autoridades a clasificar información del gobierno como secreta, lo cual -afirman- restringe las libertades de expresión y de prensa.
Dirigentes de 15 influyentes organizaciones no gubernamentales dieron a conocer en rueda de prensa una declaración denunciando que la ley "representa un retroceso en la lucha contra la corrupción (...) e interrumpe un proceso encaminado a tener un Estado más abierto y transparente".
Según trascendió este jueves en la prensa local, la ley fue aprobada por el Congreso sin que tuviera previa publicidad, con el voto de 71 diputados del gobernante Partido Nacional (PN, derecha).
La ley faculta al presidente y ministros a clasificar como secreta información oficial bajo varias modalidades: 10 años la confidencial, 15 la secreta y 25 la super secreta.
"Vamos a acudir a las instancias nacionales del caso para declarar esta ley como transgresión a nuestros derechos y si no logramos el propósito, elevaríamos la denuncia a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)", declaró a la prensa Omar Rivera, director ejecutivo del Grupo de la Sociedad Civil, una alianza de organizaciones.
Con esta ley están "suplantando al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP)" encargado de hacer cumplir la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública aprobada por el Congreso en el 2006, añadió Rivera.
"Las leyes de derechos humanos no pueden ser regresivas y vamos a acudir a las instancias internacionales" a denunciar esa nueva ley, afirmó a la AFP Doris Madrid, directora del IAIP.
Por su parte, la rectora de la Universidad Nacional Autónoma, Julieta Castellanos, expresó que "ninguna ley tiene que ser para debilitar el Estado de Derecho ni dar poderes incontrolables a funcionarios" por lo que "hay una altísima preocupación" con esa norma.
El jefe de Inteligencia del gobierno, Julián Pacheco, justificó en declaraciones al programa Frente a Frente de Canal 5 que la ley es "para proteger a funcionarios del estado que exponen su vida en defensa de la sociedad", porque los medios de comunicación han revelado nombres de autoridades que llevan casos delicados contra el crimen organizado.
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