Los resultados de las elecciones generales de noviembre de 2013, finalmente aceptados por todos los partidos políticos, expresan la voluntad del electorado de distribuir el poder entre los partidos Nacional, LibRe, Liberal y PAC; sobre todo en el Congreso Nacional y las corporaciones municipales.
Sin embargo, oponiéndose a la decisión del electorado en las urnas, los diputados salientes y el nuevo mandatario, respaldados por los grupos económicos más corruptos, eligieron anticipadamente –al cierre de la legislatura anterior- al Procurador y Subprocurador General de la República, los Magistrados del Tribunal Supremo Electoral y los comisionados de Coalianza; como meses atrás lo habían hecho al elegir los fiscales generales del Ministerio Público, irrespetando el procedimiento legal establecido.
Y en su ambición de trasladar al Poder Ejecutivo el poder que antes detentaba el Congreso Nacional, aprobaron a la carrera y pasando por encima de las demás fuerzas políticas y la ciudadanía, la concesión en pedazos de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL); formalizaron más de cien contratos que comprometen al Estado y favorecen a grupos económicos específicos; y, decretaron la cuestionada Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Control de Exoneraciones y Medidas Antievasión, un paquetazo fiscal que lesiona a la mayoría de la población al incrementar el precio de los combustibles y elevar la tasa del impuesto sobre ventas (ISV), de 12 a 15%.
A todo ello se agrega una acelerada militarización de la sociedad y del Estado, el “manejo discrecional” del presupuesto nacional por parte del Poder Ejecutivo y la aprobación de una ley que limita el acceso de la ciudadanía a la información pública; lo que sumado configura un escenario casi dictatorial y en manos de un solo poder del Estado y la figura presidencial.
En este contexto autoritario y escasamente legítimo, el destape de la olla de corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y en la Municipalidad de San Pedro Sula, así como la anunciada intervención del INHGEOMIN, la SERNA y la Dirección General de Transporte, se convierten en parte de una estrategia del Poder Ejecutivo para construir una legitimidad que le permita obtener respaldo nacional e internacional, y de paso taparle la boca al descontento general provocado por el estilo dictatorial de la nueva administración.
Ante la coyuntura política iniciada con el cuestionado triunfo electoral del Partido Nacional en noviembre pasado, las fuerzas políticas y sociales que asuman la oposición al nuevo mandato nacionalista están desafiadas a actuar oportunamente, con inteligencia, contundencia y audacia si quieren contrarrestar el proyecto político presidencial de consolidar la entrega de nuestro territorio y nuestra soberanía nacional a las empresas transnacionales y el neoliberalismo internacional.
Las luchas emprendidas por los sectores populares para oponerse a los designios del Partido Nacional y los grupos económicos que lo respaldan, deben avanzar hacia la construcción de un modelo alternativo de poder en lo político y lo económico, que rescate la soberanía y la dignidad nacional. Y esta lucha debe librarse en todos los espacios políticos y sociales posibles: en las calles, los medios de comunicación, los lugares de trabajo, los centros educativos, los gobiernos locales, el Congreso Nacional y las instancias jurídicas nacionales e internacionales.
En todo caso, la respuesta popular ante las pretensiones dictatoriales del nuevo mandatario, a pesar del control que este ejerce sobre todos los recursos disponibles, debe ser activa, organizada y movilizadora; y, sobre todo, unida firmemente en torno a la exigencia de justicia, libertad y una administración gubernamental transparente y obligada a defender los derechos humanos y demostrar respeto por la ciudadanía nacional y las mayorías populares.
Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ)
Febrero 2014
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