En Honduras la violencia sigue siendo progresiva, esa es la percepción de la gente, hombres y mujeres que a diario se rifan la vida en las calles. Miles ganan menos de lo que les permitiera sobrevivir, muchos y muchas se la pasan aguantando condiciones precarias de trabajo o sosteniendo la respiración mientras el cuerpo no se debilita sin alimentarse.
De la población total de Honduras, según el INE, unos 8 millones 535 mil 692; el 52% son mujeres y el 48% hombres. Concentrada mayor parte de esta población en el área urbana específicamente en el Distrito Central y San Pedro Sula, Cortés, la violencia es parte cotidiana de sus vidas. Estas dos ciudades han sido catalogadas como las más violentas del país y han sido el escenario en los últimos meses de los operativos militaristas propuestos como salida a la inseguridad por el actual gobierno nacionalista.
En el Sondeo de Opinión Pública realizado por el ERIC el pasado diciembre, las mujeres expresaron su preocupación con respecto a la violencia que está quitando la vida a miles de hondureños y hondureñas y colocaron este problema como el principal al que se enfrenta el gobierno. A pesar que el 70.7% de las mujeres encuestadas se dedican a los quehaceres del hogar y manifestaban no ser víctimas directas de esta violencia, su percepción sobre la realidad es muy cercana a lo que se vive en las calles y no le ven una salida pronta a pesar de conocer las medidas de gobierno para atacar este flagelo.
Femicidios
A pesar que se ha visto como un avance la reforma al código penal para la instauración de la figura de femicidio como delito, esto no es suficiente, según lo expresó Carolina Sierra del Foro de Mujeres por la Vida.
Las cifras siguen alarmando a la población, porque aunque el gobierno se esfuerce por ocultarlas o trastocarlas, la realidad habla por sí sola. A penas corren los primeros meses de 2014 y ya van casi 50 mujeres asesinadas.
El ERIC y Radio Progreso, en coordinación con el Foro de Mujeres por la vida, una plataforma que aglutina distintas organizaciones de mujeres a nivel noroccidental, llevan desde hace algunos meses la campaña Ni encerradas Ni con miedos, cuyo propósito es construir y exigir una seguridad que abarque todos los derechos de las mujeres, una seguridad que se base en el acceso equitativo de estos derechos y a la oportunidad de desarrollarse plenamente. La violencia tiene muchas caras en Honduras.
Violencia económica
La mayoría de las mujeres encuestadas son jefas de hogar, un trabajo que en Honduras no tiene remuneración ni beneficios laborales por lo cual entran en la población económicamente activa que no trabaja y en muchos casos tampoco estudia.
De allí esta cifra: del total de la población que trabaja el 69.3% son hombres y el 30.7% son mujeres. Entre los que sólo estudian no existen diferencias significativas entre ambos sexos, pero sí la hay entre los que ni estudian ni trabajan (NINIS), donde las mujeres son mayoría: 80.3% contra 19.7% de hombres. Este dato solo corrobora que en Honduras no se considera como empleo el trabajo doméstico, una de las causas por las que en este país no existen las mejores condiciones para que las mujeres se desarrollen al igual que los hombres, otra forma de violencia contra las mujeres.
Hay analistas que coinciden en que el mayor problema de las mujeres no es el desempleo sino el subempleo que se traduce en trabajo doméstico no remunerado o trabajos a domicilio o por cuenta propia que no permiten a las mujeres ni trabajar formalmente ni estudiar.
Migración
Cada año, el Foro económico mundial publica el informe "The global gender gap report" en el cual enlista a los países según el acceso que como Estados garanticen a las mujeres para su desarrollo económico, político, de salud y educativo.
En conjunto, la disparidad de género se redujo ligeramente en todo el planeta en 2013, ya que 86 de los 136 países estudiados, que representan más del 93% de la población mundial, mostraron mejoras. Pero "el cambio es definitivamente lento", dijo una de las autoras del reporte, Saadia Zahidi al presentarlo en noviembre pasado.
El único país latinoamericano que aparecía en la lista de los primeros diez, fue Nicaragua.
A pesar que frente al nuevo mundo, Honduras ha quedado atrás en el respeto y acceso a los derechos fundamentales, especialmente de las mujeres –que aún siguen en la lista de grupos vulnerables- las mujeres encuestadas en el sondeo de opinión del ERIC son mujeres estables que aseguran no tener deseos de migrar a pesar de que son conscientes de la realidad cruda que está afectando al país y a sus más allegados, su familia.
El 83% de los emigrantes hondureños en ruta hacia los Estados Unidos de América son hombres y 17% mujeres, según el Centro de Atención al Migrante Retornado (CAMR).
Sin embargo esta migración afecta directamente a las mujeres ya sea que trabajen fuera de la casa o dentro. En la encuesta, estas mujeres señalaron como segundo problema grave a la pobreza y reflejan que ese problema es muy cercano pues la situación económica no ha mejorado en el ámbito personal y familiar, además es una de las principales causas de que los hondureños y hondureñas migren.
El 57% dijo que en su familia la situación económica siguió igual y el 24% que empeoró. El que los porcentajes entre Siguió igual y Empeoró sean tan reñidos o cercanos significa que la economía viene en picada y al decir que ha seguido igual, significa que ha seguido igual de mal.
En cuánto a la pobreza fueron claras: el 47% dijo que empeoró en el país y el 45% que siguió igual, ha seguido igual de mortífera para las familias hondureñas, que ya viven en un 70% con menos de un dólar diario.
Derechos humanos
Con el Sondeo de opinión pública se puede verificar que es una necesidad general hablar del respeto a los derechos humanos pues la mayoría de las encuestadas y encuestados identificó que está ausente por parte del aparato estatal encargado de velar por los mismos. Aunque la respuesta Siguió Igual predominó en estas preguntas, el panorama es desalentador pues el que siga igual, sin acceso a los derechos es reflejo de la impunidad con la que funciona el sistema estatal hondureño y denota cierta indiferencia o poca esperanza por parte de las mujeres en que las cosas puedan cambiar en este ámbito si se atiene a la voluntad política del Estado.
Si hablamos de la administración del Estado, a través de la cual las políticas públicas deberían canalizarse, actualmente el Estado de Honduras cuenta con un mecanismo nacional responsable de coordinar las políticas públicas para el avance de las mujeres, el Instituto Nacional de la Mujer, entidad cuenta con una planta de cincuenta empleados/as, los cuales generalmente son removidos con los cambios de las gestiones gubernamentales, perdiendo con ello la experiencia técnica y política acumulada, indispensable en un Estado históricamente androcéntrico.
A ello se suma el poco presupuesto otorgado que corresponde al 0.001% del presupuesto nacional y el 0.026% del presupuesto de la administración central.
Según el Centro de Derechos de Mujeres, en Honduras existen 75 instituciones de gobierno, dependientes de los tres poderes del estado y solo 4 de ellas tienen en su estructura organizacional una Unidad de Género que promueva las políticas públicas sectoriales en esta materia.
La Embajada de los Estados Unidos en Tegucigalpa ha estado siguiendo de cerca la situación de los derechos humanos desde que ocurrió el golpe de estado el pasado 28 de junio, incluyendo la situación de los derechos humanos de las mujeres, y ha concluido que hubo un deterioro general en la protección de los derechos humanos en Honduras a raíz del golpe. La Embajada ha reportado sobre el deterioro a la mínima protección que ya existía antes del 28 de junio hacia los derechos humanos de comunidades vulnerables, incluyendo las mujeres.
Asi también organizaciones como ACI-Participa ha segregado a la población, incluyendo en los grupos vulnerables a las mujeres.
"Las muertes de mujeres y de jóvenes en Honduras son "invisibilizadas", cuestionó Leo Valladares en medios de comunicación nacional.
Ante esta situación, campañas como Ni encerradas Ni con miedos se enfrentan a la pared que el mismo Estado pone en la materia y aun se convierte en un enemigo cuando las políticas públicas sobre seguridad van en contra de los nuevos conceptos que de la misma tienen las mujeres. Hablamos de las políticas represivas de seguridad como la salida a las calles de los militares, acción por la cual la campaña y otras muchas organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres se han pronunciado en contra.
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