Existen en Honduras gravísimos índices de criminalidad e impunidad por violaciones de derechos humanos. El índice de homicidios, que aumentó consistentemente en la última década, fue el más alto a nivel mundial durante 2013. Los responsables de asesinatos y otros delitos violentos pocas veces son llevados ante la justicia. La actuación de las instituciones a cargo de la seguridad pública sigue siendo en gran medida ineficaz y ha estado asociada con numerosos señalamientos de corrupción y abusos, mientras que las iniciativas que procuran reformar estas fuerzas no han conseguido avances importantes.
Entre las personas más vulnerables a ataques se encuentran periodistas, activistas campesinos y personas LGBTI. Aun así, el gobierno no juzga a los responsables ni brinda protección a quienes se encuentran en riesgo.
Tras despedir arbitrariamente del cargo a cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia en diciembre de 2012, el Congreso sancionó una ley que habilita a este poder a destituir jueces y al fiscal general, una medida que profundiza el debilitamiento de la independencia judicial y fiscal.
Abusos y corrupción policial
La impunidad en casos de graves abusos policiales representa un problema crónico. Entre enero de 2011 y noviembre de 2012, 149 civiles murieron a manos de policías, incluidas 18 personas de menos de 19 años, según surge de un informe de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El entonces Comisionado de Policía Nacional Preventiva Alex Villanueva confirmó las conclusiones del informe e indicó que posiblemente haya habido muchos más asesinatos cometidos por policías que nunca fueron denunciados. El gobierno no respondió a reclamos del rector de la universidad de que informara cuántos de estos asesinatos habían sido investigados o permitieron la imposición de condenas.
Evidencias convincentes recabadas por una investigación de Associated Press en mayo de 2013 sugieren la participación policial en al menos cinco ejecuciones extrajudiciales o desapariciones de presuntos miembros de pandillas en Tegucigalpa. Las autoridades han aportado versiones contradictorias con respecto a los avances de iniciativas para erradicar la corrupción policial. La implementación de estos esfuerzos ha sido lenta e ineficaz. En abril de 2013, el entonces jefe de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial comunicó al Congreso que, de 230 policías que fueron evaluados según parámetros sobre corrupción, 33 no superaron la prueba. No obstante, solamente siete de estos fueron suspendidos, y algunos fueron reincorporados posteriormente.
Intervención de militares en operativos de seguridad pública
En noviembre de 2011, el Congreso sancionó un decreto de emergencia que permitió a militares llevar a cabo funciones de seguridad pública, y desde entonces se ha prorrogado periódicamente. En agosto de 2013, el Congreso sancionó una ley que autorizó la creación de una fuerza de policía militar con atribución para controlar barrios donde haya violencia y efectuar detenciones, entre otras funciones, a pesar de los antecedentes de abusos militares contra civiles.
Independencia judicial y fiscal
En diciembre de 2012, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia determinó la inconstitucionalidad de una ley sobre vigilancia policial, que había conseguido el apoyo de la mayoría en el Congreso y del presidente. Poco después, el Congreso destituyó a cuatro de los cinco miembros de la sala por “conducta administrativa” impropia. En enero de 2013 se designaron los reemplazantes, y en febrero la Corte Suprema desestimó un recurso interpuesto por los jueces destituidos. El Consejo de la Judicatura, un órgano independiente creado mediante una reforma constitucional en 2001 para designar y destituir jueces, podría contribuir con su trabajo a frenar la interferencia policial en procesos judiciales, pero al momento de la redacción de este documento sus miembros aún no habían sido designados.
En abril de 2013, el Congreso suspendió en funciones al Fiscal General Luis Rubí y a su adjunto, y nombró en reemplazo a una comisión interventora, mientras se encontraba pendiente una investigación sobre la efectividad de esta fiscalía y presuntos actos de corrupción cometidos en su ámbito, una potestad que se confirió al Congreso tras una reforma constitucional en 2002. Rubí y su adjunto renunciaron en junio, antes de que concluyera la investigación.
Impunidad de abusos posteriores al golpe de Estado
Luego del golpe militar de junio de 2009, el gobierno de facto suspendió varias libertades civiles fundamentales, incluida la libertad de prensa y de reunión. En los días siguientes, las fuerzas de seguridad respondieron a manifestaciones mayormente pacíficas con un uso excesivo de la fuerza y clausuraron medios opositores, lo cual derivó en varias muertes, numerosos heridos y miles de detenciones arbitrarias. La comisión de la verdad establecida por el Presidente Porfirio Lobo publicó en julio de 2011 un informe que documentó 20 casos de uso excesivo de la fuerza y asesinatos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad. Honduras obtuvo avances muy limitados en el juzgamiento de abusos durante 2013.
Ataques contra periodistas
Sigue siendo habitual que periodistas sufran amenazas, agresiones y asesinatos en Honduras. Las autoridades no investigan estos delitos eficazmente. Según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), 36 periodistas fueron asesinados entre 2003 y mediados de 2013, y otros 29 desde que el Presidente Lobo asumió la presidencia. En junio de 2013, el presentador de noticias de televisión Aníbal Barrow fue llevado por la fuerza mientras circulaba con su vehículo en San Pedro Sula, y restos de su cuerpo desmembrado fueron encontrados varias semanas después. Si bien varias personas han sido acusadas por su presunta participación en el secuestro y homicidio de Barrow, ninguna ha sido condenada.
Violencia rural
Más de 90 personas han sido asesinadas en los últimos años en relación con controversias de tierras en la región del Bajo Aguán, la mayoría de ellas a partir de 2009, conforme indica un informe publicado en marzo de 2013 por el CONADEH, y muchas más han sido víctimas de ataques y amenazas. Las controversias a menudo enfrentan a empresas agroindustriales internacionales y organizaciones campesinas que reclaman ser legítimas propietarias de tierras transferidas tras una reforma de la ley agraria del país. Si bien la mayoría de las víctimas han sido campesinos, también guardias de seguridad fueron asesinados o sufrieron lesiones. Ninguna de las investigaciones sobre los asesinatos relevados en el informe del CONADEH ha dado lugar a una condena.
Violencia contra personas LGBTI
Los ataques dirigidos específicamente a personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) constituyen un grave problema en Honduras. Según organizaciones locales de derechos, más de 90 personas LGBTI fueron asesinadas entre 2009 y 2012, y muchas más sufrieron agresiones y hostigamiento. La presunta participación de policías hondureños en algunos de estos violentos abusos constituye un dato particularmente alarmante. En 2011 y 2012, el gobierno creó fiscalías especiales para investigar estos delitos, pero pese a ello en general estos hechos quedan impunes.
Condiciones en centros de detención
Existen en las cárceles hondureñas condiciones inhumanas sistémicas, que incluyen sobrepoblación, nutrición inadecuada y salubridad insuficiente. Según el CONADEH, en mayo de 2013 había más de 12.600 presos en las cárceles del país, que tienen capacidad máxima para aproximadamente 8.200 internos. La corrupción es particularmente pronunciada entre los funcionarios penitenciarios. Un informe publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en agosto de 2013 determinó que el gobierno no había asignado suficientes recursos para abordar estos problemas crónicos, ni tampoco había investigado exhaustivamente distintas tragedias, como el incendio ocurrido en la Penitenciaría Nacional de Comayagua en 2012, durante el cual murieron 362 personas.
Defensores de derechos humanos
Continúan los hechos de violencia y las amenazas contra defensores de derechos humanos. En julio, dos observadores internacionales de derechos humanos que acompañaban a activistas amenazados por oponerse a un proyecto minero en Nueva Esperanza afirmaron haber sido llevados por la fuerza y amenazados por hombres armados, quienes les advirtieron que iban a desaparecer si no se iban de la comunidad.
Si bien en agosto de 2013 el gobierno presentó un proyecto legislativo ante el Congreso para proteger a defensores de derechos humanos, periodistas y profesionales del derecho, diversas organizaciones de derechos humanos de Honduras indicaron que el proyecto no prevé medidas de protección adecuadas. A la fecha de elaboración de este documento, la ley aún no había sido sancionada. El gobierno tampoco ha cumplido su compromiso de crear un mecanismo nacional de protección para defensores de derechos humanos y periodistas en riesgo, que según informó a la CIDH en febrero de 2013 se encontraba en “proceso de consulta”.
Actores internacionales clave
Estados Unidos destinó más de US$ 50 millones de asistencia a objetivos de seguridad en Honduras entre 2010 y 2012, y mantiene esta ayuda a través de la Iniciativa Regional de Seguridad para América Central (Central America Regional Security Initiative, CARSI). La normativa estadounidense que prevé la ayuda militar y policial a Honduras indica que el 20 por ciento de los fondos estarán disponibles recién cuando el Departamento de Estado de los Estados Unidos informe que el gobierno hondureño ha cumplido una serie de requisitos de derechos humanos.
En su informe de 2012 sobre tales requisitos, el Departamento de Estado de los Estados Unidos dispuso la entrega de los fondos condicionados, pero estipuló que no se debía destinar asistencia al director de la Policía Nacional de Honduras, Juan Carlos Bonilla, ni a otras personas bajo su supervisión directa, debido a una investigación sobre presuntos abusos cometidos en el pasado. No obstante, ha trascendido en la prensa información que indica que continúa llegando asistencia estadounidense a policías que actúan bajo el mando de Bonilla. En una entrevista realizada por Associated Press en noviembre de 2013, Bonilla afirmó que recibía apoyo logístico continuo de la Embajada de Estados Unidos para operativos policiales. Al momento de redacción de este informe, el Congreso de Estados Unidos retenía aproximadamente US$10 millones de los fondos correspondientes a 2012 a la espera de que se resolvieran investigaciones sobre abusos graves.
En enero de 2013, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados expresó que la destitución de cuatro magistrados de la Corte Suprema por causas administrativas constituía una violación del derecho internacional y “un grave atentado a la democracia”.
En febrero, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la utilización de mercenarios expresó que el gobierno no había regulado adecuadamente a las empresas de seguridad privada y manifestó preocupación ante su presunto “involucramiento en violaciones de derechos humanos, […] incluidos asesinatos, desapariciones, desalojos forzados y violencia sexual”.
En abril de 2012, la Oficina del Asesor en Observancia/Ombudsman de la Corporación Financiera Internacional (International Finance Corporation, IFC), el organismo de préstamo al sector privado del Grupo del Banco Mundial, inició una investigación sobre un préstamo otorgado en 2008 a Corporación Dinant, una empresa hondureña dedicada a la producción de aceite de palma y alimentos. El informe de la IFC, que aún no se había divulgado al momento de la preparación de este documento, evaluará si la IFC cumplió de manera suficiente sus propias políticas sobre seguridad y derechos humanos en relación con el préstamo, y si respondió adecuadamente al “cada vez más grave conflicto social y político” tras otorgarlo.
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