Por Israel Cruz
Para el abogado y juez del Tribunal de Sentencia, Ramón Barrios, en Honduras no ha existido el imperio de la Ley sino el “imperio del caudillo y del político de turno” al grado que el pueblo expresa en cada esquina “esta corte antes le pertenecía a Roberto Michelletti, a Jaime Rosenthal y ahora al titular del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández.
Hay mucho de cierto en esto, la Corte Suprema de Justicia ha venido siendo un botín de guerra de los políticos, por lo que ahora la estructura Judicial se encuentra dependiente y secuestrada por parte de la voluntad del Poder Legislativo, encabezado por el señor Juan Orlando Hernández.
El juez remarcó que “aquí no manda la ley sino las personas, por ejemplo, en los actuales momentos tanto Juan Orlando Hernández como el propio presidente de la República, Porfirio Lobos Sosa, están por encima de todo precepto jurídico por lo que urge un pacto que nos conduzca a una constitución que venga a regir las relaciones estado y sociedad”.
Al preguntarle sobre el rumbo de la aplicación de la justicia en el país señaló que antes de responder habría que hacer la diferencia entre la aplicación de la ley y la justicia. “De la primera podemos encontrar algo, pero de la segunda aún estamos lejos de alcanzarla”.
A su juicio, la destitución de los cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el 12 de diciembre del año anterior, resultó ser un golpe al Estado de Derecho, el cual señala la división de poderes, la legalidad en la administración pública, el imperio de la ley y el respeto de los derechos humanos.
“Al Congreso Nacional le corresponde supervisar y evaluar la actividad administrativa de la Corte Suprema de Justicia en ningún momento se habla de destituir”, aclaró el profesional de las ciencias jurídicas.
“Lo que debió hacer el Congreso Nacional es pasar lo evaluado a la Fiscalía del Ministerio Público para que esta acusara a los magistrados, en aras de respetar el debido proceso”, profundizó.
Sin embargo, “hay que recordar que esta misma Sala de lo Constitucional es la que dio trámite solo a una de las 120 demandas presentadas en torno a las violaciones cometidas en contra del pueblo en el marco del golpe de Estado del 2009. Y la única demanda que admitió es la que favorecía al general Romeo Vásquez Velásquez”.
Es decir que esta misma sala en el pasado reciente no respetó el debido proceso, y pasó de ser “golpeadora a golpeada”, pero de igual forma le asiste en el marco de la búsqueda de un Estado Derecho, la aplicación del debido proceso, sostuvo.
“Las personas se encuentran desprotegidas y no se puede negar que lo que ocurrió el 2009 como lo del 12 de diciembre fueron golpes de estado, la única diferencia es la reacción de la población”.
“En Honduras no existe un Estado de Derecho, estamos presos de la violencia y no del imperio de la ley porque quienes deben cumplir con la misma son los primeros en violarla entre ellos el presidente de la República y los diputados, ambos la utilizan como instrumento de sus pretensiones particulares”.
“El ciudadano tampoco cumple con la ley, usted lo puede ver reflejado en el pago de los impuestos, de todas las personas que nos corresponde hacerlo hay un reducido número que acude a las instancias a ser efectivo el pago”, añadió.
Explicó que el Tribunal que le toca presidir “solo se juzga a los pobres, no a los ricos muchos menos a los ex presidentes como en es el caso de Costa Rica. Aquí solo llegan los pobres y una muestra de esto es que el 90 por ciento de los que guardan prisión son pobres que al no tener una oportunidad de educación optaron por delinquir”.
Al final señaló que “ante todo se debe tener esperanza, el país cuenta con buenos recursos humanos y a partir de eso hay que plantear un pacto social más justo y equitativo”.
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