Gravar la canasta básica e incrementar los precios de los combustibles elevará la pobreza que actualmente supera el 70 por ciento de los 8.4 millones de hondureños, argumentaron.
El paquete de medidas fiscales debe ser derogado, porque aumentará los índices de pobreza extrema y de desempleo, al final reducirá los ingresos del Estado, porque deprimirá la economía del país, manifestaron ayer representantes de gremios y académicos en un foro patrocinado por la sociedad civil.
Uno de los expositores fue el economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) y docente-investigador de Unitec, Hugo Noé Pino, quien presentó un panorama sobre los factores que ahondaron la crisis fiscal del gobierno saliente.
Pino explicó que la crisis económica mundial, que explotó en el 2008, jugó un papel clave en la reducción de ingresos, además, la inflexión económica y la crisis generada por el golpe de Estado.
Lo que derivó en menor crecimiento económico que es insuficiente para reducir la pobreza y crear empleos, no menos importante fue el aumento del déficit fiscal, que a esta fecha se estima en 7.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
Carga salarial bajó pero se perdió disciplina fiscal salarial bajó pero se perdió disciplina fiscal
Mientras esto ha sucedido, a la par no ha habido interés en reducir el gasto corriente, pero se recalcó en que en las partidas salariales el gobierno saliente cierra con dos puntos menos, en parte, por el congelamiento del Estatuto del Docente, de 11 por ciento en el 2010, bajó a 9 y las proyecciones para este año es que se reduzca al 8 por ciento.
No obstante, esos esfuerzos fueron en vano, porque en el 2012 se perdió la disciplina fiscal cuando la política económica fue implementada por el Poder Legislativo y no por el Ejecutivo como debe ser.
En resumen, Pino expresó que el déficit fiscal es de aproximadamente 25,000 millones de lempiras, monto que se pretende financiar con las medidas de ajuste fiscal decretadas recientemente.
En tal sentido, los sectores ahí presentes se mostraron en contra de que sea la población la que pague los errores que en materia económica cometió la administración saliente.
Argumentaron que el aumento del 12 al 15 por ciento del Impuesto sobre Ventas (ISV) y a 74 productos de la canasta básica, más el incremento a los combustibles, detonará el incremento acelerado de la miseria.
Concesiones oscuras
Aparte, que cuestionan que no se haya profundizado en el tema de las exoneraciones y evasión fiscal, pese a que hubo un esfuerzo de toda la sociedad porque se redujeran al mínimo los beneficios fiscales que poseen algunos grupos económicos.
A la par, lamentaron que el gobierno se haya endeudado para financiar entidades estatales para después concesionarlas al sector privado mediante la Comisión para las Alianzas Público-Privadas (Coalianza), ente desconcentrado al que consideran que actúa bajo un manto de oscuridad.
Según los expositores, el Presupuesto de la República del 2010 a la fecha aumentó 4.3 por ciento en relación al PIB, sin embargo la pobreza extrema se mantiene.
Estiman que el “costalazo navideño”, proyecta recaudar alrededor de 13,500 millones de lempiras, pero a la vez, consideran que la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) no podrá cumplir con esa tarea.
Roldán Duarte, presidente del Colegio de Economistas de Honduras (CHE), mencionó que el Presupuesto de Ingresos y Egresos aprobado por los diputados es insostenible.
En tal sentido, argumentó que se aprobó con poco debate, es abultado, deficitario y que requerirá endeudamiento para financiarlo.
Escuchar a todos los sectores
Del mismo modo, nunca hubo sacrificio del gobierno reduciendo el gasto corriente y presentará un déficit de 4.7 en relación al PIB nominal.
En conclusión, Duarte expresó que presenta un déficit total de 19,482.8 millones de lempiras, menos los 13,500 millones provenientes de las medidas de ajuste fiscal, quedando una diferencia de 7,047 millones de desfase.
El titular de la Secretaría de Técnica de Planeación y Cooperación Externa (Seplan), Julio Raudales, se mostró a favor de escuchar los planteamientos de la sociedad civil, porque todos pueden dar aportes importantes para mejorar la convivencia en el país.
Aspectos puntuales de las medidas fiscales
Se aprobaron sin socializarlas y bajo la obscuridad de la noche, faltó transparencia y se le dispensaron dos debates.
El único propósito es agenciarle recursos al gobierno sin un marco de seguridad fiscal.
Se recuestan sobre los asalariados, en contraste amplió las exoneraciones a sectores económicos como los “call center”.
Afectarán negativamente el crecimiento económico, por mucho será de 2.65 del PIB.
No hay sacrificio del gobierno reduciendo partidas innecesarias.
Tampoco tienen mecanismos de control del gasto ni combate a la corrupción.
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De igual manera, la Sociedad Civil cuestionó el diálogo nacional al que ha convocado por el presidente electo Juan Orlando Hernández, indicando que “impulsar un Pacto Por Honduras, sin garantizar la amplia participación de todas las organizaciones, no representa más que la búsqueda desesperada de legitimidad del gobierno entrante.
Asimismo, criticaron que el Gobierno únicamente trata de implementar una campaña publicitaria con intenciones de mejorar la imagen del Partido de Gobierno y sus líderes, declarados gobernantes en un proceso electoral sumamente cuestionado por masivas irregularidades”.
“Una improvisada convocatoria a declarar intención de un Pacto Por Honduras, resulta injusto, en medio del rechazo generalizado de la población hondureña a las medidas fiscales emitidas atropelladamente por el Congreso Nacional, nocivos acuerdos ejecutivos y decretos legislativos que ponen en peligro la institucionalidad publica, los recursos naturales y los bienes nacionales, tal es el caso de la Ley de Secretos Oficiales y contratos de CoAlianza”, denunciaron.
El GSC y la ASONOG, en una manifestación conjunta dijeron que “la gobernabilidad de un país se sustenta en la práctica de una democracia participativa y transparente de los gobernantes y no sobre la base de campañas de prensa o manipulaciones mediáticas que, como cortinas de humo, esconden la pobreza del pueblo.
A su juicio la inseguridad ciudadana y la toma de decisiones dictatoriales por aplanadoras parlamentarias que no responden a las expectativas de sus representados sino a los intereses particulares de los políticos de turno y sus patrocinadores financieros”.
Finalmente, las organizaciones de la Sociedad Civil se comprometieron a trabajar por la promoción de un Acuerdo Nacional coherente con la actual situación de crisis que atraviesa nuestro país e incidir para provocar los grandes cambios estructurales que demanda la multicris actual.
En el evento estuvieron, denominado Foro “Impacto Social y Económico de la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Control de las Exoneraciones y Medidas Antievasión en la población hondureña” participaron Omar Edgardo Rivera, director del Grupo Sociedad Civil (GSC), y José Ramón Ávila, director de la Asociación de Organismos No Gubernamentales (ASONOG).
Asimismo, se contó con la participación, como conferencistas, de Eugenio Sosa, Experto Asociado del Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD); Hugo Noé Pino, Director Nacional del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI); y Roldan Duarte, Presidente del Colegio Hondureño de Economistas de Honduras (CHE).
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