Cada vez es más común que periodistas que publican noticias sobre delincuencia organizada, corrupción gubernamental y otros temas sensibles sean objeto de amenazas y agresiones letales en Honduras, mientras que los responsables gozan de impunidad casi absoluta, señaló PEN International en un nuevo informe divulgado hoy en colaboración con PEN Canadá y el Programa Internacional de Derechos Humanos (International Human Rights Program, IHRP) de la Facultad de Derecho en la Universidad de Toronto.
El informe, denominado Honduras: periodismo bajo la sombra de la impunidad, documenta el agravamiento de la violencia contra periodistas tras el golpe de estado que depuso al presidente José Manuel Zelaya en junio de 2009, y el fracaso de los mecanismos estatales e internacionales encargados de investigar y sancionar a los responsables. Desde junio de 2009, al menos 32 periodistas hondureños —que en su mayoría trabajaban en medios de radio y televisión— han sido asesinados, y muchos más continúan llevando a cabo su trabajo en un contexto de temor y autocensura.
“Honduras se encuentra sumido en una profunda crisis. Este informe paradigmático e incisivo elaborado por PEN describe en detalle la fatal combinación de corrupción e impunidad que está destruyendo a Honduras. El país y la comunidad internacional deben tomar con urgencia la decisión de trabajar conjuntamente para fortalecer el estado de derecho en Honduras”, observó Marian Botsford Fraser, Presidenta del Comité de Escritores en Prisión de PEN.
La profundización de la violencia y la impunidad generalizada han convertido a Honduras en uno de los países más peligrosos del mundo. Según señala el nuevo informe, si bien los carteles transnacionales del narcotráfico son en parte responsables por los altos índices de homicidios, la crisis de violencia actual es provocada en gran medida por autoridades del Estado.
El grado de corrupción entre las fuerzas policiales es absolutamente alarmante, y socava además la confianza entre los organismos del Estado, debilita el respeto del público a instituciones clave y, en definitiva, obstaculiza la capacidad institucional del sistema judicial. Existen demasiados organismos que supuestamente se ocupan del problema de la violencia y la impunidad, lo cual provoca que finalmente ninguno se encargue verdaderamente de asegurar justicia a víctimas y familiares.
Como era de esperar, la reciente ola de muertes violentas de periodistas ha tenido como respuesta una combinación de recursos insuficientes, ineptitud burocrática, señalamientos recíprocos y negación. Es poco habitual que se investiguen adecuadamente o se esclarezcan los homicidios de periodistas: de los 38 periodistas asesinados desde 2003, solamente en dos casos se obtuvieron condenas.
“El clima actual de impunidad generalizada que prevalece en Honduras es el resultado de la falta de justicia por graves violaciones de derechos humanos que se han cometido durante décadas. La impunidad es un campo fértil para la violencia. Honduras continuará inmersa en un círculo de impunidad y violencia hasta tanto haya medidas genuinas de justicia”, señaló Carmen Cheung, directora interina del Programa Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho en la Universidad de Toronto.
PEN International, PEN Canadá y el Programa Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho en la Universidad de Toronto desean instar al gobierno hondureño a investigar de manera exhaustiva todos los casos de periodistas asesinados, y a dotar a las instituciones y mecanismos del Estado existentes de los recursos necesarios —además de crear otros nuevos— a fin de asegurar que todos los miembros de los medios de comunicación reciban plena protección de la ley.
Principales recomendaciones formuladas por estas tres organizaciones al gobierno hondureño:
El gobierno hondureño debería:
• Asegurar que se establezcan organismos y protocolos de investigación adecuados para delitos cometidos contra periodistas.
• Empoderar al Fiscal Especial de Derechos Humanos para que investigue y juzgue a los homicidas de periodistas y defensores de derechos humanos, y asegurar que su fiscalía reciba suficientes recursos financieros, humanos y técnicos para llevar a cabo su labor.
• Asegurar que cualquier nuevo mecanismo legal destinado a mejorar la seguridad de periodistas, como el Proyecto de Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, comience a operar con suficientes recursos financieros, humanos y técnicos, además de la necesaria voluntad política, para garantizar su implementación efectiva.
El informe también expresa diversas recomendaciones a medios de comunicación hondureños y la comunidad internacional para la protección de periodistas en el país, incluido un llamado a los estados donantes, como el Reino Unido y Canadá, para que trabajen conjuntamente con Honduras en estos temas.
“El gobierno hondureño, por sí solo, no implementará ningún cambio”, manifestó Tasleem Thawar, Directora Ejecutiva de PEN Canadá. “Cada país y organización internacional con intereses en Honduras —ya sea en materia económica, de seguridad, social o cultural— deberá supeditar su apoyo al cumplimiento, por parte de Honduras, de sus obligaciones de derechos humanos”.
Para obtener más información y programar entrevistas, deberán comunicarse con:
Sahar Halaimzai: sahar.halaimzai@pen-international.org | t. +44 (0)20 7405 0338
Disponibles para entrevistas:
• Dina Meza, periodista hondureña y activista de derechos humanos
• Eduardo Bähr, escritor hondureño y director de la Biblioteca Nacional de Tegucigalpa
• Julio Alvarado, periodista hondureño
• Brendan de Caires, PEN Canadá, Programas y Comunicaciones
• Carmen Cheung, directora interina del Programa Internacional de Derechos Humanos, Facultad de Derecho, Universidad de Toronto.
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