Gobernabilidad o autoritarismo

Diario Tiempo

Con el banderín de la gobernabilidad, el Partido Nacional (PN), en el poder, gestiona la Presidencia del congreso nacional, o sea el control total del gobierno conformado sobre el Legislativo, el Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia.

De acuerdo con la teoría democrática, el equilibrio entre los Poderes en el Estado es indispensable para la realización del contrato social, y su funcionamiento –de pesos y contrapesos—requiere de la representatividad, por una parte, y del cumplimiento de las limitaciones que impone la contraposición ideológica para acercarse o conseguir el justo medio.

Desde esa base de legitimidad, que constituye el principio sobre el que se realiza la dinámica del poder en el Estado, los partidos políticos -en tanto intermediarios entre el colectivo ciudadano y la superestructura estatal- tienen la responsabilidad de garantizar la balanza, en cumplimiento de la voluntad popular manifestada en elecciones transparentes y libres.

De no ser así, el poder republicano se desnaturaliza y es sustituido por un Estado monstruoso, o Leviatán en la concepción de Hobbes, “ese poder descomunal, rey de todos los soberbios”. Eso significa, además, que en la República desaparece la seguridad individual y colectiva, a la vez que predominan  los intereses particulares, caldo de cultivo del conflicto.

Lo que se plantea en Honduras en torno a la separación de los poderes en el Estado es, precisamente, la existencia o la desaparición del republicanismo, que es la esencia de nuestro sistema democrático, aún con sus muchos defectos. Es un propósito absolutista que pretende la abolición de los límites que permiten la vida en sociedad.

Por ser de esa manera es que estamos presenciando -y resintiendo- el desmantelamiento de la plataforma natural de la gobernabilidad, bajo la idea truculenta y absurda de que la dictadura es la garantía de la gobernanza. Bajo tal concepto, la oposición es enemiga y se la trata como tal, con todos los recursos y poder del Estado, transformado en Leviatán.

En juego con ese propósito, cualquier Pacto Político o Pacto Social debe estar supeditado al control absoluto, a la dictadura, lo cual implica, como lo estamos viendo, la militarización de la sociedad y la mordaza a la libertad de expresión, a través, en nuestro caso, de la Ley de Información Secreta, con el falaz pretexto de la preservación del orden público.

De ese modo -y con el libreto del autoritarismo- prosigue el obsesivo empeño por conseguir el control del Legislativo, con el alegato de que “los partidos de oposición quieren atentar contra la gobernabilidad” y que si al partido en el  poder no le dan la Presidencia del congreso nacional, eso sería “una usurpación del poder que el pueblo le ha dado”.

Se dice todo esto sin considerar una realidad en contrario: que el atentado contra la gobernabilidad reside en la búsqueda del poder absoluto. Los partidos políticos -incluyendo al PN- están en la obligación de reconocer los principios del republicanismo, sobre todo en este momento crucial de nuestra Historia.

Es un deber que va más allá de las preferencias partidarias y de los prejuicios ideológicos, ya que se trata, con entera certitud, del destino de nuestro país y de su pueblo.