Por Giorgio Trucchi
Durante el seminario internacional “La situación política en América Central y la situación de los periodistas”, realizado en Tegucigalpa en octubre pasado y que contó con la presencia de periodistas provenientes de toda América Latina, la coordinadora de noticias de Radio Progreso, Karla Rivas, presentó un informe en el que se señalaba la gran concentración de medios que existe en Honduras.
Según ella, el modelo neoliberal impulsado en el país a partir de la década de los 90, así como la creación de la Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones (1995), fomentaron la idea de la comunicación como una mercancía, y no como “un derecho humano que posibilite la obtención de otros derechos”, cuyo ejercicio libre sea la base de la democracia y “el mecanismo indispensable para la formación de la opinión pública y la toma de decisiones de manera informada”, relata Rivas.
Asimismo, la consultora independiente de telecomunicaciones, Norma Flores, evidenció en su artículo ‘¿Democratización o concentración de las telecomunicaciones en Honduras?’, como ese mismo modelo neoliberal fue desvirtuando el significado de ‘espectro radioeléctrico’, convirtiéndolo en algo que, a pesar de ser un recurso natural propiedad del pueblo, puede ser adquirido solamente por las personas que poseen grandes recursos económicos.
Esa situación generó una creciente concentración de medios en muy pocas manos, tanto que se calcula que no menos del 80% de las frecuencias de radio y televisión y de la prensa escrita esté controlado por cuatro grupos mayoritarios. Un hecho que quedó dramáticamente evidenciado durante el golpe que en 2009 derrocó al presidente Manuel Zelaya, cuando se desencadenó una feroz represión y persecución contra medios y periodistas que criticaban la ruptura del orden constitucional en el país.
Golpe y desinformación
“Después del golpe, fue evidente como el oligopolio mediático en Honduras produjo un cerco desinformativo sobre la población, que derivó a un verdadero terrorismo mediático, suplantando la realidad que estaba aconteciendo. Mientras los militares se tomaban la Casa Presidencial y las personas protestaban y sufrían la represión en la calles, los medios transmitían dibujos animados y viejos partidos de futbol”, dijo Félix Molina, director de Alter Eco (Alternativas en Comunicación), a Opera Mundi.
Pocas semanas después del golpe, llegó a Honduras una misión tripartita conformada por delegados de AMARC-ALC (Asociación Mundial de Radios Comunitarias – América Latina y Caribe), ALOP (Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción al Desarrollo) y de la Mesa de Articulación de Asociaciones Nacionales y Redes Latinoamericanas de Ong, cuyo objetivo era investigar la situación de los medios de comunicación, radios comunitarias y las organizaciones sociales del país.
En su reporte, María Pia Matta, entonces presidenta de AMARC-ALC, señaló como el alto nivel de concentración de medios en Honduras era factor determinante en el cerco informativo que el gobierno de facto había tendido sobre sus acciones represivas. “La colusión entre la gran prensa, representantes de grandes empresarios y las autoridades de facto fue un elemento clave en la censura informativa", afirmó Matta.
De igual manera, Frank La Rue, relator especial de Libertad de Opinión y Expresión de las Naciones Unidas, reportó que las autoridades estaban violando el derecho a la comunicación y a la libertad de expresión de los hondureños y hondureñas. “Esta situación se ve agravada por la complicidad de los grandes medios de comunicación que actúan coludidos con los intereses del gobierno ilegitimo”, resaltó La Rue durante su permanencia en el país centroamericano.
Ahondando en su denuncia, el relator especial concluyó que “en Honduras no existe la libertad de expresión ni para comentar los hechos de cada día, ni para criticar a las autoridades de facto, ni para condenar el golpe de Estado”.
Medios comunitarios
En aquellos días de violencia y de fuerte división de la sociedad hondureña, quedó evidenciada la necesidad improrrogable de un proceso serio y real de democratización del espectro radioeléctrico. El mismo Frank La Rue auspició redefinir “el interés social del uso de las frecuencias de telecomunicaciones y su forma de distribución, para dar a los ciudadanos una participación y un acceso a la información amplio”. También sostuvo que “las frecuencias comunitarias o las públicas deben tener los mismos derechos y obligaciones que las comerciales, por lo que no se debe presumir que necesariamente sean de baja potencia y de poco alcance”, dijo.
A su vez, la gubernamental Comisión de la Verdad y Reconciliación recomendó al Estado, en su informe final, “garantizar la equidad en el acceso al espectro radioeléctrico”, facilitando que los pueblos indígenas, mujeres y otros grupos sociales “dispongan de medios propios de comunicación, que les permitan su derecho a expresar opiniones y a ser parte del proceso de toma de decisiones públicas”.
La exigencia de una democratización de los medios y de una comunicación administrada y gerenciada por las propias comunidades aumentó después del golpe. Eso quedó reflejado de manera contundente en los informes de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), del EPU (Examen Periódico Universal), de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA (Organización de Estados Americanos), pero también de parte de las víctimas que brindaron su testimonio a la Comisión de Verdad Alternativa.
Según Molina, la falta de democratización del derecho a la comunicación en Honduras está directamente ligada a la falta de democracia política que ha impuesto el bipartidismo al país durante los últimos 130 años. “Si sumamos este anclaje histórico a la nefasta experiencia que vivimos en 2009, podemos entender el porqué del interés creciente de la sociedad organizada hacia nuevos proyectos de telecomunicación”, explicó.
Después del fracaso la propuesta del presidente Porfirio Lobo de reformar la Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones, basada inicialmente en un proyecto presentado por la organización C-Libre (Comité para la Libre Expresión), y que incluía el concepto de servicios comunitarios y aseguraba la asignación equitativa y justa del espectro radioeléctrico, el mandatario hondureño encargó las autoridades de CONATEL (Comisión Nacional de Telecomunicaciones) de buscar otra solución.
“El Presidente trató de consensuar este proyecto con el número más amplio posible de organizaciones sociales, sin embargo se enfrentó a la firme oposición y al chantaje de las grandes corporaciones de las telecomunicaciones. Fue así que, después de un diálogo con varias organizaciones sociales, decidimos crear un Reglamento Especial para Medios Comunitarios”, explica Mauricio Aguilar, Comisionado de CONATEL.
Fue en este contexto que, en junio de 2013, se creó la AMCH (Asociación de Medios Comunitarios de Honduras). Molina explicó que fue un diálogo muy amplio del cual participaron varias organizaciones, y que llevó a tres conclusiones: constituir una asociación de medios comunitarios con personalidad jurídicas para animar a las organizaciones a solicitar su frecuencias, procurar el reconocimiento del Estado a las frecuencias que están transmitiendo en ‘forma libre’, y redactar una normativa para los medios comunitarios que dieran varias garantías y requisitos fácil de cumplir.
El Reglamento, entonces, además de tener rango de ley, permitió a CONATEL convocar a las organizaciones sociales y las comunidades a solicitar una nueva frecuencia de tipo comunitario o a pedir el reconocimiento de parte del Estado de las frecuencias que ya estaban siendo usadas. “Comprimimos el espectro radioeléctrico y generamos nuevas frecuencias, dividiéndolas entre comunitarias y comerciales. Las comerciales se subastan, mientras que las comunitarias se entregan a través de un procedimiento legal y técnico sencillo, ágil, gratuito, pero al mismo tiempo jurídicamente muy sólido”, dijo el comisionado de CONATEL.
Además, argumentó que se trata de frecuencias primarias. “El viejo concepto de que a las comunidades había que darles ‘radios alambritos’ y de muy baja potencia quedó atrás”, aseguró.
Hasta el momento, de las 45 frecuencias comunitarias disponibles, que representan el 33% de las nuevas que fueron generadas con el Reglamento, ocho ya fueron asignadas, mientras que otras 35 están en proceso. Entre otras, se encuentran las solicitudes presentadas por el COFADEH (Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras), la CNTC (Central Nacional de Trabajadores del Campo), Radio La Voz de Zacate Grande, Radio Orquídea del MCA (Movimiento Campesino del Aguán), el MUCA (Movimiento Unificado Campesino del Aguán) y la RDS (Red de Desarrollo Sostenible).
El inminente reacomodo de cargos institucionales que se llevará a cabo después del 27 de enero, fecha en que el presidente electo en los comicios del 24 de noviembre pasado, Juan Orlando Hernández asumirá, parece no afectará el proceso recién iniciado. “Ya nos hemos reunido con el comisionado Aguilar y nos aseguró que el proceso no se detiene, y que se va a hacer todo lo posible para entregar las frecuencias disponibles”, dijo Carlos Enamorado, director de Radio Revelación de Curarén, cuya frecuencia fue otorgada de forma oficial en agosto pasado.
El entusiasmo generado por la iniciativa ha contagiado a organizaciones, comunidades y grupos sociales en todo el territorio nacional. “Con o sin el reconocimiento de parte de las autoridades de telecomunicaciones, las comunidades se están organizando y están montando sus radios. Es algo que nadie puede parar”, afirmó Enamorado.
Redes de radios comunitarias
Para Félix Molina, lo que se está promoviendo, con esto nuevo impulso hacia el reconocimiento de las radios comunitarias, es la capacidad de suplir a tres déficit históricos de la población hondureña. “El primer déficit es el auto-reflejo de las comunidades en el escenario mediático, es decir una sociedad ninguneada por tantos años que goza ahora de la felicidad de oírse en sus propios medios. A la vez, se logra solventar, en parte, la grave dificultad que estas poblaciones han tenido en tener acceso a los medios”, argumentó.
Un tercer elemento señalado por el comunicador social es la posibilidad de tener una conexión con la globalidad, elevando su agenda local a la agenda nacional e internacional, lo cual supone un trabajo de articulación en alianza con otros medios similares.
“Hemos iniciado a hablar con la ALER (Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica), con AMARC, COMPPA (Colectivo de Comunicadores Populares por la Autonomía) y con Indymedia. Mi sueño es que todo eso se convierta en un fenómeno de comunicación social, integral y nacional, y que la ciudadanía enfrente por si misma estos tres déficit, haciéndoles de contrapeso a los medios tradicionales que informan desde su visión de grupo dominante”, vaticinó Molina.
Para el comisionado Aguilar, los grupos hegemónicos representan un modelo que ha fracasado y que está desgastado. “Tienen que darle paso a un nuevo modelo de desarrollo nacional, y eso incluye la democratización de los medios de comunicación”.
En definitiva, un nuevo escenario que también implica nuevos y más grandes desafíos. “No tendría sentido democratizar el espectro radioeléctrico si no es en un sentido alterno, anti-hegemónico y anti-poder, sin reproducir modelos urbanos dominantes de comunicación que hemos tenido hasta ahora”, agregó Molina. En este sentido, el comunicador social explicó que habrá que acompañar el actual proceso con formación humana, capacitación técnica, búsqueda de mercado justo para buena y nueva tecnología.
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