Defensores en Línea
Las fuerzas armadas de Honduras han reaccionado, efectivamente, con espíritu de cuerpo frente a la reacción colectiva de la población hondureña, que exige castigo a los asesinos de Keyla Patricia Martínez.
En el acto uno, la secretaría de seguridad asumió en Tegucigalpa la defensa de la jefatura policial de La Esperanza, Intibucá, acusada de matar a la enfermera la madrugada del domingo 7 de febrero. A través de un comunicado público, el Ejecutivo mintió sobre las circunstancias del crimen cometido al interior de la policía. Indujo la teoría del suicidio.
En el acto dos, luego de la autoconvocatoria de la población para exigir verdad y justicia frente a la fortaleza medieval donde ocurrió el crimen, las tropas antimotines, esencialmente pelotones de artillería y de inteligencia, llegaron a La Esperanza desde Comayagua, La Paz y Lempira.
Las tropas llegaron con furia militar lanzando gases, perdigones y balas contra la manifestación y luego atacaron viviendas durante la noche del lunes, causando intoxicaciones masivas de niños, niñas y mujeres embarazadas, que huyeron a los servicios de emergencia locales.
En el acto tres, los dos informes de Medicina Forense – uno estatal y el otro independiente – confirman en Tegucigalpa que Keyla Martínez fue asfixiada con presión sobre la tráquea y la boca. Fue matada. Un femicidio agravado dentro de un edificio del Estado hondureño.
Desde la capital, y desde diversas partes del mundo, la exigencia ha sido una sola: castigo para los asesinos de Keyla. Y hasta las Naciones Unidas han alzado su voz contra esta pandemia que ya caracteriza a Honduras como Estado femicida en el mundo.
En el acto cuatro, desaparece la férrea seguridad alrededor de la fortaleza medieval de la policía en La Esperanza y extrañamente intrusos prenden fuego a la celda donde fue asesinada la enfermera. Unos policías eufóricos filman la escena y los bomberos llegan tarde, cuando el escenario del crimen ha sido destruido.
En el acto cinco, el jueves, aparece finalmente el influyente médico nacionalista Edgar Velásquez, quien fue detenido junto a Keyla la noche del sábado 6 de febrero. Aparece acompañado de un reconocido defensor de figuras políticas del crimen organizado. Aparece en CNN con Fernando del Rincón. Y su discurso es inesperado: reproduce la teoría del suicidio, fortalece la coartada de la policía.
De inmediato, estallaron las redes sociales con un video del doctor Velásquez en estado de ebriedad y Keyla en control de sus actos dentro de una patrulla policial. El público, informado, atento e implacable, señala la filiación del doctor con el Partido Nacional y sus nexos sanguíneos con un ex director de la policía nacional, el general Villanueva.
La diputada Olivia Zúniga Cáceres, hija de la martir Bertha Cáceres, denuncia que el médico pertenece a una élite poderosa en el departamento de Intibucá, donde han ocurrido varios casos de acoso y violación sexual contra mujeres, con participación directa de policías.
Hasta aquí lo que parece una obra teatral en la radio, la televisión y los periódicos hondureños durante la última semana. Detrás de todo, además de un pacto patriarcal como llama la feminista Jessica Isla a este acuerdo cobarde entre los criminales de Keyla, está en marcha una operación de guerra psicológica para desviar la atención de la sociedad hondureña.
El debate sesgado hacia el suicidio de la vícitima de femicidio no sólo busca lavar la cara mugriente de la policía abusiva y la reputación del dicho doctor del hospital “Aguilar Cerrato”. La manipulación de la tragedia busca salvar al jefe de la manada.
En el transcurso de la última semana han surgido evidencias desde una Corte en Nueva York donde se impulsa un proceso criminal contra el impostor presidente de Honduras, por conspiración terrorista contra la seguridad interior de Estados Unidos.
El caso es tan serio que la propia Casa Presidencial de la dictadura emitió declaraciones negando la persecución penal del señor Hernández, quien culpa a cárteles enemigos de incriminarlo en operaciones corruptas y de narcotráfico.
Es tan serio el tema que los activistas organizados del partido que controla a Honduras con bonos y armas han amenazado con la guerra “a los gringos que intenten llevarse a Juan Orlando Hernández”.
Este es, sin duda, el tema políticamente más sensible que está sobre la mesa en momentos cuando el partido demócrata parece empuja desde Washington una agenda anticorrupción que apunta a los peones del expresidente Trump en el triángulo norte de Centroamérica.
Un debate patriarcal sobre los vellos púbicos de una víctima y su victimario dentro de una posta policial, una discusión morbosa sobre los posibles pactos del doctor cobarde con la policía corrupta, eso está amenazando la justicia para Keyla y la venganza moral contra la dictadura.
La sociedad hondureña ha madurado, afortunadamente, y está de más pedirle máxima atención frente a esta malévola operación psicológica. La consigna es clara desde las calles: identificación y castigo a los asesinos de la enfermera, y justicia para la élite corrupta que metió a Honduras en el crimen organizado desde 2009. ¡Sigamos en esta línea!
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