"El caso Guapinol demuestra que la justicia está subordinada a decisiones políticas"

Radio Progreso HN - La voz que está con vos

Para el sacerdote jesuita Ismael Moreno, director del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación Eric-sj, e integrante de la Convergencia contra el Continuismo, el caso de Guapinol demuestra que la institucionalidad hondureña, particularmente la justicia, está subordinada a decisiones políticas y económicas, por lo tanto, no existe el Estado de Derecho, sino el Estado de los más fuertes.

El padre Melo dijo esto en un recorrido que las organizaciones que integran la Convergencia realizaron por Tocoa, Colón, para expresar su solidaridad y apoyo con las familias de los ambientalistas presos y con toda la comunidad que está luchando contra la instalación de la minera Inversiones Los Pinares y la peletizadora Ecotek propiedad de Lenir Pérez y Ana Facussé.

En este recorrido también se visitó a José Abelino Cedillo, José Daniel Márquez, Kelvin Alejandro Romero, Porfirio Sorto Cedillo, Orbin Nahúm Hernández y Arnold Javier Alemán, los 7 defensores de los ríos Guapinol y San Pedro, presos desde hace 18 meses en centro penal de Olanchito, Yoro.

En su análisis el padre Melo dijo que, en el caso de Guapinol, se juntan varios factores de injusticia como ser el encarcelamiento de jóvenes como Arnold Alemán, quien ni siquiera participó en las acciones de protesta de la comunidad. Únicamente estuvo presente en un concierto que el cantante Elmer Vides brindó en el campamento que la gente había instalado contra la minera.

“A él y a los otros jóvenes, en su mayoría menores de 30 años de edad, se les niega el derecho de estar con sus familias y el derecho de estudiar y desarrollar sus capacidades académicas y culturales”, señaló asegurando que es un hecho que deja al desnudo la injusticia en Honduras sobre los sectores más indefensos. 

Agregó que la lucha de Guapinol es símbolo de soberanía nacional, porque su gente está teniendo la capacidad de construir sus propios espacios y tomar sus propias decisiones. Además, Guapinol ha traspasado fronteras y varios personajes de la vida política de Europa y Norteamérica tienen la mirada y el oído puesto en esa comunidad que se opone a la destrucción de sus montaña y ríos ante la imposición del poder político y económico en Honduras.

Al concluir la visita en el centro penal de Olanchito en Yoro, Bertha Oliva, parte de la coordinación nacional de la Convergencia, dijo que, a pesar del encierro, los defensores están animados, con la esperanza puesta en la libertad para regresar a su comunidad. Por ende, las organizaciones están más comprometidas a realizar acciones de presión nacional e internacional para lograr justicia, para no normalizar la criminalización contra las personas que defienden sus bienes naturales y territorio.

Ambiente de terror

Desde que llegó la empresa minera Inversiones Los Pinares al municipio de Tocoa, el miedo y las amenazas están presentes en el día a día de la población, especialmente de la comunidad Guapinol donde se instala la empresa peletizadora Ecotek.

Reynaldo Domínguez es el presidente de la Junta de Agua en Guapinol y uno de los 32 pobladores criminalizados por oponerse al proyecto minero. Dijo a Radio Progreso que las familias están viviendo una situación difícil: primero por el retraso en el proceso judicial contra los 8 ambientalistas presos, y segundo porque desconocidos en motos y vehículos sin placas rodean por las noches las casas de los líderes.

En la comunidad hay familias desplazas por miedo a ser asesinadas, pero hay otras que se resisten a perder el patrimonio que costó muchos años de trabajo y sacrificio tener. Reynaldo es víctima directa de amenazas.

Domínguez aseguró no tener miedo porque confía en Dios y porque su lucha es justa, sin embargo, lleva noches de no dormir bien porque frente a su vivienda vehículos no identificados se estacionan generando intimidación y hostigamiento. Como él hay otros líderes que tienen miedo a denunciar públicamente.

Acciones

En el marco del Día de la Mujer Hondureña las madres, esposas e hijas de los ambientalistas de Guapinol, realizaron un plantón frente al Ministerio Público de Tocoa, Colón, denunciando la confabulación de esta institución con la empresa Inversiones Los Pinares, que ha generado un conflicto socio ambiental en el municipio por la explotación minera en el Parque Nacional Carlos Escaleras.

Para las mujeres, el Ministerio Público es el responsable de fabricar los delitos contra la población que públicamente se ha manifestado contra la explotación minera. Es el ente que está siguiendo las directrices de la empresa para mantener a los ambientalistas en prisión.

Juana Esquivel integrante del Comité Ambiental de Tocoa y directora de la Fundación San Alonzo Rodríguez, dijo en entrevista a Radio Progreso, que la vida para las mujeres se ha precarizado desde la instalación de la minera porque viven con miedos, amenazas y privadas de estar junto a sus seres queridos que permanecen en prisión.

Desde el Comité Ambiental de Tocoa se han planificado acciones exigiendo a la Corte de Apelaciones que se pronuncie, ante el recurso presentado por la defensa de los ambientalistas en diciembre de 2020, donde se rechaza la decisión de la jueza Zoé Guifarro, de mantener la medida de prisión preventiva.