Radio Progreso
Después de conocer el crimen de Keyla Martínez, asesinada en sede policial de La Esperanza, Intibucá, Radio Progreso ha tenido acceso a testimonios de mujeres que relatan haber ser sido detenidas, violentadas y amenazadas por los mismos policías acusados de asesinar a la enfermera.
Este asesinato vino a develar la violencia y abuso de autoridad que ejerce los cuerpos de seguridad del Estado, Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, contra las mujeres, especialmente en comunidades indígenas. Denuncias que no pueden desligarse del caso Keyla y de una serie de crímenes cometidos por los uniformados.
Una de las víctimas, ahora en el exilio junto a su amiga, contó que el 06 de enero de 2021 se conducían en su vehículo cuando fueron interceptadas por una patrulla de la policía en la ciudad de La Esperanza. La excusa era revisar los documentos del carro, pero el jefe del operativo propuso registrar el cuerpo de las mujeres para verificar si portaban armas o drogas.
Ellas se rehusaron solicitando que fueran agentes mujeres las que hicieran la revisión. Cuando fueron requisadas se les dijo que se podían ir, sin embargo, el jefe dijo que no, que estaban detenidas. Por considerar que era injusta la detención, las mujeres comenzaron a oponer resistencia, pero fueron arrastradas hasta una patrulla a base de golpes y gas lacrimógeno.
“Estando en la patrulla nos lanzaron más gas. Mi amiga andaba 10 mil lempiras y se lo robaron”, dijo una de las víctimas asegurando que en la posta les negaron una llamada telefónica y les dijeron que no existía el dinero. El dinero fue decomisado por una agente apellido Suazo y según la víctima era para pagar la compra de un fardo de ropa usada porque a eso se dedicaba.
Cuando fueron llevadas a la celda unos policías que andaban de civil comenzaron a celebrar que había llegado “mercancía nueva”, haciendo referencia a las mujeres. “Nos trataron mal, nos insultaron y los policías que estaban de guardia nos enseñaban una navaja amenazándonos. Uno de ellos cargaba un sobrecito blanco”, detalló.
En la madrugada un sujeto de camisa rayada en rojo y blanco se acercó a la celda donde se encontraban las mujeres. En un primer instante pensaron que era un abogado o defensor público. “Nos pidió nuestros datos personales, pero con burla dijo que ya nos mandaban, y que, iba a entrar a la celda para calentarnos”. Les amenazó con violar, pero ellas se opusieron con todas sus fuerzas a pesar de estar golpeadas y afectadas por el gas lacrimógeno.
Las mujeres no entendían porque tanta violencia. Sin poder comunicarse con sus familiares pasaron horas de agonía dentro de la celda. “Yo suplicaba que no me golpearan, pero más fuertes eran los golpes, hasta sangre tenía en el cuerpo”, dijo la otra víctima contando que algunos policías se paseaban semidesnudos frente a ellas diciendo palabras obscenas. Cuando fueron puestas en libertad les advirtieron que no podían denunciar lo sucedido, de lo contrario las iban a matar.
A pesar del temor interpusieron la denuncia, pero eso desató que la policía les montara vigilancia. “Hombres encapuchados se estacionaban frente a mi casa y nos mandaban mensajes de amenazas. El día que nos tocó ir a los juzgados una mujer policía nos grabó con su celular e inmediatamente llegó una de las patrullas que nos detuvo. Nos dijeron que nos iban a devolver 7 mil de los 10 mil lempiras a cambio de retirar la denuncia”, contó una de las víctimas.
Aunque las organizaciones de mujeres no precisan el dato, aseguran que, en el departamento de Intibucá hay mujeres que intentan denunciar esas agresiones, pero lejos de recibir justicia son víctimas de amenazas a muerte y desplazamiento forzado. Otras guardan silencio y sobreviven en la oscuridad. Las dos mujeres tuvieron que abandonar el país por las constantes amenazas.
Pude ser yo la asesinada, relata joven víctima de la policía.
Cuando en diciembre de 2020 el Gobierno flexibilizó las medidas de circulación, Carol fue a ver a su novio jugar fútbol al coliseo de la ciudad de La Esperanza, Intibucá sin imaginar que iba a ser capturada y golpeada por agentes policiales sin justificación alguna.
Varios agentes de la policía a bordo de dos patrullas esperaban el final del partido para revisar las mochilas de los jóvenes – amigos de Carol- quienes se disponían a regresar a casa. “Cuando nos detuvieron comenzaron a insultarnos y a mí me empujaron contra una pared. Eso me molestó y les dije que era abuso de autoridad”, relató la joven.
Carol tiene apenas 19 años de edad. Es estudiante de trabajo social en la universidad pública. Vive en un barrio céntrico de La Esperanza junto a su madre y dos hermanas. Durante las protestas en demanda de mejoramiento a la educación y salud en Honduras, su hermana mayor, Maribel, fue detenida y su rostro quemado por una bomba lacrimógena. Hecho violento que marcó la vida de su familia generando desconfianza y temor hacia las fuerzas de seguridad del Estado.
Una policía la agarró por el pelo y lanzó al suelo para someterla. Como la joven se resistía fue tomada por el cuello provocándole asfixia y dejándole claras marcas de violencia. “Ya no podía respirar. Recuerdo que yo trataba de pedir ayuda con mis manos, pero cada vez era más difícil”, dijo.
Fue traslada a la posta policial para vivir con mayor intensidad el acoso y violencia policial. Su novio y amigos provocaron que los vecinos y vecinas del barrio se plantaran frente a la posta exigiendo su libertad.
Maribel cuenta que rompió en llanto al escuchar los medios de comunicación informar sobre el asesinato de Keyla “Sino nos hubiéramos plantado frente a la posta, hoy sería yo la que llorara a su hermanita muerta”, dijo alzando la voz para contar la historia y clamar justicia, porque están convencidas que solo la aplicación de justicia puede evitar que más mujeres sean víctimas de la policía.
En Honduras estas detenciones violentas por parte de la policía en Intibucá tienen un patrón común; mujeres jóvenes, que en algunos casos se encontraban acompañadas de hombres, quienes son dejados en libertad, mientras ellas son encarceladas. Así lo comprueba el caso de Keyla y el doctor que la acompañaba la noche de su asesinato.
Las organizaciones de derechos humanos que trabajan en la región aseguran que hay casos de mujeres desaparecidas, que habrían salido de sus comunidades en busca de trabajo a la ciudad, pero que sus familiares desconocen su paradero. También hay una violencia sistemática provocada por la policía y el ejercito que, según testimonios de las víctimas podría corresponder al delito de trata de personas.
Hasta el momento no hay ninguna persona condenada por estas agresiones. Incluso el caso de Keyla que ha sido mediático se encuentra en la impunidad, a pesar de que existe una prueba científica que, valga la aclaración es irrefutable, es decir que, en un juicio, aunque la defensa de los policías haga sus apreciaciones es muy difícil que pueda sea desmentida, porque esas pruebas son determinantes y no se pueden cambiar o manipular, especialmente cuando han sido practicadas por Medicina Forense que es un ente del Estado. El Ministerio Público sigue sin librar requerimiento fiscal cuando existe suficiente capacidad probatoria.
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