Radio Progreso
La joven estudiante de enfermería, Keyla Patricia Martínez, fue asesinada por asfixia mecánica, reveló el Ministerio Público, tras conocer los resultados de la autopsia realizada por Medicina Legal.
El portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, dijo que, de acuerdo a Medicina Legal, “esto lo que demuestra es que fue un homicidio, sin embargo, hacen falta algunos resultados anexos que agregar a esta autopsia”.
Mora aseguró que los fiscales que llevan la investigación “han girado instrucciones a la Dirección de Policía para sean puestos a la orden del Ministerio Público todos los oficiales y los agentes de policía que estaban asignados a la posta de la ciudad de La Esperanza”.
Keyla Patricia fue detenida por agentes de la Policía Nacional en La Esperanza, Intibucá, la noche del 7 de febrero, la mañana del domingo fue encontrada muerta en una de las celdas de la posta policial.
Por su parte, el titular de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Rommel Martínez, afirmó, en comparecencia de prensa, que desde el momento que se registró la muerte de Keyla Patricia solicitaron al Ministerio Público que se asignara la investigación a otro cuerpo de inteligencia para garantizar la transparencia y objetividad.
“En lo que respecta al procesamiento de la escena y las primeras diligencias para esclarecimiento del hecho, DPI local, sumado a un equipo de apoyo de Tegucigalpa, procedieron a realizar sus actuaciones bajo la dirección técnica y jurídica de los fiscales del Ministerio Público de La Esperanza, Intibucá”, comentó Martínez.
El asesinato de Keyla Patricia se da en medio de un toque de queda, como parte la suspensión de garantías constitucionales, impuestas por el gobierno nacionalista que argumenta que así frenará el aumento de la positivad del virus Covid-19.
Portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora.
Toques de queda aumentan el riesgo de violencia hacia las mujeres
La muerte de Keyla Patricia demuestra que los toques de queda o restricción de la circulación aumentan el riesgo de violencia hacia las mujeres, cometa la coordinadora del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, Merly Eguigure.
“Nosotras hemos dicho hasta el cansancio, que ser mujer en este país es un alto riesgo, pero en toque de queda es aún mayor, puesto que estamos viendo que ni las autoridades, que son las obligadas de proteger nuestra vida, están vulnerando la mismas”, afirma Eguigure.
Eguigure expresa que la ciudadanía debería de reaccionar con indignación ante la violencia contra las mujeres, sin embargo, se observa una total apatía y una justificación al problema.
Por su parte, Melissa Cardoza, coordinadora del área de registro de la Red Nacional de Defensoras, interpreta que los asesinatos de cuatro mujeres en Honduras, en menos de 48 horas, entre el 6 y 8 de febrero de 2021, entre ellos el de Keyla Patricia, deben comenzar a “desmontar la idea de que la Policía pertenece a la población trabajadora, la Policía Nacional solo representa la violencia, la barbarie y la tortura, su rol es preservar un orden”.
Cardoza analiza que el femicidio de Keyla Patricia y la sistemática agresión contra la vida de las mujeres hace entender la cultura patriarcal, que es un sistema de violación, de dominación que se encarga en cuerpos concretos: “que son los cuerpos de las mujeres, agredidos por cuerpos de hombres armados”.
Para el doctor de derechos humanos e integrante del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), Joaquín Mejía, el caso de Keyla Patricia tiene 3 implicaciones. La primera es que la Policía ejercía un fuerte control y dominio sobre ella; en segundo lugar, Keyla se encontró restringida para ejercer sus derechos y satisfacer sus necesidades libremente; y la tercera, la Policía asumió una posición de garante de los derechos a la vida e integridad personal de Keyla.
“En consecuencia, todo lo que le pasó a Keyla es responsabilidad de la Policía Nacional y debe iniciarse una investigación imparcial y efectiva para determinar las responsabilidades individuales e institucionales”, señala Mejía.
El Centro de Derechos de Mujeres (CDM), en pronunciamiento público, manifiesta que el femicidio de Keyla Patricia se suma al historial de abusos de poder y ejercicio desmedido de la fuerza,” que con o sin toque de queda han ejercido funcionarios públicos, sobre todo policía y militares, en contra toda la población, particularmente contra jóvenes, defensoras y defensores de territorio”.
Organizaciones defensoras derechos humanos y movimientos de mujeres y feministas, concluyen que, una vez más, la institución policial “pone en evidencia su involucramiento en desapariciones y asesinatos de ciudadanía bajo tutela”.
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