Página/12
Por Eduardo Febbro
La Unión Europea lleva bastante tiempo elaborando un marco legal para las cuestiones de la libertad digital. El principio es que lo que es ilegal en el mundo físico también los es en la esfera virtual.
Las redes sociales como Twitter y Facebook lanzaron la gran limpieza de muchas de sus cuentas, empezando por la del mismo y actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, más otras 7.000 cuentas suplementarias afiliadas a la galaxia conspiracionista de extrema derecha pro-Trump, entre ellas, la del grupo Qanon. Luego de haber abierto las puertas a lo más ruin y bajo de la política, las redes alegan ahora que se trata de impedir un nuevo episodio violento como el de la invasión del Capitolio alentada por Trump, y ello ante la fecha inminente de la investidura de Joe Biden. Según Twitter, existían planes para un nuevo ataque al Capitolio previsto para el próximo 17 de enero.
Algunos aprobaron esta medida, otros, en cambio, la consideraron un acto de censura. En Europa la canciller alemana Angela Merkel calificó de “problemática” esta decisión. En Francia el ministro de Economía, Bruno Le Maire, puso en tela de juicio el hecho de que la base de la suspensión de las cuentas no sea un marco legal de regulación, sino que “lo impactante es que sea Twitter quien decidió cerrar”. En suma, que sea la elite tecnológica la que haga y deshaga a su antojo y cuando le conviene, fuera de toda referencia a una norma nacional o internacional elaborada por los Estados y sus representantes electos.
La práctica de “Yo el Supremo” por parte de las empresas globales de Estados Unidos no es nueva ni cambiará con este atentado a la esencia democrática. Jean-Luc Mélenchon, líder de Francia Insumisa (izquierda), recordó que “el comportamiento de Trump no puede servir como pretexto para que los GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) se arroguen el poder de controlar el debate público”. Es exactamente lo que ha ocurrido con el Pinocho-presidente y Twitter. Por otra parte, Washington aplica desde hace mucho una suerte de extraterritorialidad. La ley estadounidense se utiliza por encima de la nacional, sea cual fuere el país donde se resida. Las condiciones de utilización de Google, Facebook, Apple, e incluso la de las franquicias de las empresas de Estados Unidos, remiten a la ley de la empresa o a la legislación de la sede central. A su vez, la industria digital se benefició, hasta ahora, con la inmunidad jurídica que le ofrecía el artículo 230 del Communications Decency Act. Por más que Trump sea un Pinocho siniestro y, gracias a su ejército digital, haya protagonizado el primer golpe de Estado de la era moderna en una democracia occidental, hay algo de cínico en estas reacciones. Poco o nada dicen las regulaciones europeas cuando se trata de proteger a los usuarios de internet del espionaje masivo del que son objeto cada milisegundo de sus vidas. La fortuna de esas empresas proviene, esencialmente, de la conversión de los datos robados en capital. No obstante, el debate tiene cabida, es una necesidad y plantea otros interrogantes: ¿por qué sería “problemático” el cierre de la cuenta de Twitter de un presidente que preparó en tres fases un golpe de Estado (denunciar el fraude antes de la elección, afirmar luego que le robaron la elección y, al final, aceitar una insurrección cívica) y no la de una cuenta islamista, de extrema derecha o de extrema izquierda? En Francia las leyes dieron lugar a que personalidades de la extrema derecha como Hervé Ryssen o Alain Soral vieran sus cuentas de YouTube y Facebook suspendidas.
La Unión Europea defiende su metodología porque lleva bastante tiempo elaborando un marco legal para estas cuestiones de la libertad digital. Existe, de hecho, una legislación europea que está en curso de aprobación. Se trata del DSA, Digital Services Act, impulsada por Thierry Breton, el Comisario Europeo del Mercado Interno. El campo de aplicación del DSA atañe únicamente a los países de la Unión Europea. Por consiguiente, cuando Trump convocó a sus partidarios a invadir el Capitolio lo hizo dirigiéndose a su pueblo y no a Europa. En este caso, el DSA no habría servido para nada. Hubiese sido muy distinto cuando Trump invitó a los franceses a sublevarse contra su presidente. Thierry Breton ha sido el que mejor planteó la encrucijada. En un artículo publicado por el portal Politico, el Comisario europeo escribió que la toma del “Capitolio es el 11 de septiembre de las redes sociales”. Breton agrega la paradoja que late en toda esta situación porque, hasta ahora, las redes sociales miraban hacia otra parte, como si el brexit, Trump y otras barbaries digitales no las concernieran. A este respeto, Breton anota que, al cerrar la cuenta de Trump «las plataformas admiten su responsabilidad. Ya no pueden seguir ocultando su responsabilidad ante la sociedad con el argumento según al cual sólo ofrecen un servicio de hosting”. El Digital Services Act europeo se basa en un principio y una serie de reglas: el principio es que aquello que es ilegal en el mundo físico también lo es en la esfera digital. Las reglas fijadas por los 27 países de la UE consisten en forzar a las plataformas a que apliquen las leyes nacionales, así como también las directivas europeas. Deberán, por consiguiente, retirar los contenidos terroristas, las incitaciones a la violencia y todo contenido ilegal (pedopornografia, armas, etc.).
Entre enero de 2017 y enero de 2021 el mandatario estadounidense se despachó con 23.234 tweets. La plataforma le permitió insultar, agredir, rebajar a sus adversarios, burlarse de otros presidentes, proferir insultos raciales, respaldar a las ultraderechas violentas que lo veneran, anticipar los comunicados oficiales, gobernar por internet, difundir un montaje en el que Trump golpeaba a un periodista que llevaba una máscara de la cadena CNN y hasta llamar al levantamiento contra Emmanuel Macron. Salvo para los apóstoles digitales, no hacían faltas pruebas para demostrar que la libertad de expresión no la manipulan los “medios del sistema” o los otros sino las plataformas sociales. Allí sale y entra toda la porquería que el mercado admite. Las redes autorizaron a Trump a diseñar un golpe y, como fue muy lejos y corrió sangre en el Capitolio, se convirtieron repentinamente en guardianes de la galaxia. Las sociedades son vergonzosamente vulnerables ante las tentaciones y barbaries de los espacios digitales. Trump no ha sido la excepción presidencial sino la confirmación de las capacidades de ese monstruo con millones de cabezas que se expande sin que, hasta ahora, nadie haya sido capaz de encontrar un antídoto.
Resulta contradictorio, pero, así como nadie se ocupó del derecho a difundir o a evitar la propagación de basura, tampoco se le garantizaron los derechos a Trump sobre su cuenta. Ellos son los amos del mundo, sin la más lejana sombra de una supervisión democrática. El botón de la libertad está en las sedes de Google, Facebook, Twitter, Instagram y otros imperios digitales, no en la calle o las asambleas. El sábado pasado Twitter suprimió un mensaje del guía supremo de Irán, Ali Khamenei, donde afirmaba que no era prudente tener confianza en las vacunas norteamericanas o británicas contra la covid-19. El disparatado y horroroso episodio de Trump nos demuestra que, ante lo peor, la libertad está en manos privadas. Depende de tres palabras y una sigla, que son las obligaciones a las que los tentáculos digitales someten a los usuarios: CGU,” Condiciones Generales de Utilización”.
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