Por Javier Suazo
Foto: Procesodigital.hn
“Hay una presión de empresarios, funcionarios públicos y dirigentes políticos
porque no se ajuste u otorgue un aumento de salarios no mayor de 4% en 2021,
sin ver que los empleos generados son mayormente de mala calidad”.
Juan Barahona, diputado de LibRe y dirigente obrero
Las cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) muestran que con el Covid-19 se perdieron unos 34 millones de empleos en Latinoamérica y el Caribe, muchos de los cuales corresponden a los generados por micro, pequeñas y medianas empresas, incluyendo las familiares e informales; faltando todavía camino por recorrer, aunque las cifras mejoraron a finales de 2020 (OIT; noviembre de 2021). Por su parte, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) con cifras compartidas con OIT, estima que el impacto de la pandemia en el empleo afectó a 47 millones de latinoamericanos, especialmente en el segundo trimestre de 2020; por lo que la recuperación del empleo será uno de los retos de las políticas públicas a partir de 2021 (CEPAL-OIT, noviembre de 2020).
Se dice muy poco acerca que los empleos perdidos, en su mayor parte de las medianas y grandes empresas, eran empleos de mala calidad, no solo por el monto de los salarios devengados, duración de la jornada de trabajo y la desprotección social del trabajador y sus familias, sino por su creciente inestabilidad, es decir empleos por hora en actividades económicas, productivas y de servicios poco sostenibles. La recuperación de empleos perdidos, entonces, refiere a este tipo de empleos, y no a la reinvención del empleo, o sea apostarle a una mayor calidad del mismo.
En el caso de Honduras, antes del Covid-19, los diagnósticos destacaban que la mayor parte de los empleos generados eran de mala calidad, no solo por su falta de sostenibilidad través del tiempo (empleos por hora mayormente), sino por la baja remuneración y la extensión de la jornada de trabajo oficial, sumado a la falta de acceso efectivo de la población trabajadora a servicios de protección social y salud en forma rápida y justa.
En 2020, se estima que la tasa de desempleo será superior a 10%/PEA, cuando antes se hablaba de 7%/PEA.
El presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Juan Carlos Sicaffy, dice que fueron 800 mil empleos perdidos por la pandemia y los huracanes, y espera que con el Plan de Reconstrucción en 2021 se recuperen entre el 35% y 40% de dichos empleos este año. (El heraldo.hn, 11-01-2021).
A ello se suma el problema del subempleo, ya que entre 2009 y 2019, la tasa de subempleo aumentó en más de un millón de personas, situándose en 2.4 millones de personas, o sea el 63% de la PEA. (UNAH: Observatorio Demográfico). Con el Covid-19, se estima que la tasa de subempleo aumente más, lo que se considera un problema estructural de la economía hondureña, ya que la mayor parte de la población en edad de trabajar, lo hace en trabajados mal remunerados y laborando más de la cuenta, profundizándose esta dependencia laboral y salarial.
Recién, el gobierno de la República, tal como manda la Ley, instaló la mesa tripartita para la negociación y aprobación del nuevo salario mínimo para 2021, el cual tiene un carácter retroactivo a partir del 1 de enero. Contrario al pasado, donde las negociaciones giraban en torno al porcentaje de aumento, usualmente en la misma proporción que creció la inflación el año anterior, en la actualidad existen varios temas de discusión que no deben ignorarse, sobre todo por las centrales obreras y gobierno.
El primero es ponerse de acuerdo sobre el número de personas que fueron suspendidas y despedidas en el sector formal y su estado; igual si se cumplen las condiciones para que, una vez eliminadas las restricciones para operar, los trabajadores volvieron o vuelvan a sus puestos de trabajo sin penalizaciones, como ejemplo aceptar de entrada una baja del salario o renuncia a su derecho de prestaciones laborales en el monto establecido por las leyes vigentes; implica también la presentación por el gobierno de un informe sobre la situación de las empresas que se acogieron al régimen de suspensión temporal de operaciones, y aquellas que decidieron cerrar pagando todos los derechos a los (as) trabajadores.
Para José Luis Baquedano, dirigente obrero, los representantes a la Mesa Tripartita, deben debatir otros temas como “la pérdida de empleos, constatar si los trabajadores están recibiendo la totalidad del salario mínimo, como el cumplimiento a sus derechos y la recuperación de plazas de trabajo. Señaló que, según sus estimaciones, más del 50 por ciento del sector empresarial del país no paga el salario mínimo a los trabajadores, siendo un tema a tratar, pero la agenda debe centrarse en la recuperación de empleos para evitar que más hondureños se marchen en busca del sueño americano”. (Procesodigital.hn, 3 de diciembre de 2020).
Otro tema tiene que ver con los costos de las empresas y de los trabajadores, causados por la pandemia, El impacto del Covid-19 no ha sido igual para todos. La maquila, industria de la construcción, farmacéutica e higiene, y el agro, siguieron operando normalmente, incluso ciertos rubros agrícolas e industrias agroalimentarias como el camarón, hortalizas, ganadería, azúcar, arroz y café, no se vieron afectadas como se esperaba (producción de bienes e importación de insumos), incluso después del paso de ETA i IOTA.
En el caso de la maquila se habla que cerró 2020 con 170,000 empleos y espera generar 7,000 nuevas plazas en el primer trimestre de 2021 con la apertura de una nueva fábrica de ropa deportiva marca Nike (La prensa, 11, de enero de 2021). No sucedió lo mismo con las MiPymes de servicios comerciales, producción industrial y alimentos, el turismo y prestación de servicios de cuidado y transporte. Ello implica, de nuevo, una diferenciación en los porcentajes de ajuste al salario mínimo, donde aquellas empresas de mayor tamaño beneficiadas con políticas de gobierno, como ejemplo compra de mascarillas y alimentos, construcción de viviendas y puentes, y créditos agrícolas, deben aceptar una mayor tasa de ajuste de dicho salario.
La demanda del sector obrero es que se reconozca que las familias, sumado al problema de la falta de empleos, han tenido que enfrentar mayores gastos como la compra de mascarillas y productos médicos, pago de energía eléctrica, teléfono e internet para que los hijos puedan recibir clases virtuales. Para dirigentes empresariales, no todos, hay que llevar la negociación hasta junio y olvidarse del ajuste del salario mínimo en 2021, dejándolo en 9,623 lempiras promedio mensual, ya que lo que debe preocupar en restituir el empleo perdido por el Covid-19, lo que llevará hasta 2024. El gobierno, al parecer, por ser un año político, está en la disposición de aprobar un nuevo ajuste por decreto, pero no mayor a la tasa de inflación registrada por el Banco Central menor del 5%; o sea un ajuste marginal, que no compensa la pérdida del salario por el mayor aumento del costo de la canasta básica de alimentos, unos 15,000 lempiras mensuales.
Aunque solo sirve de recordatorio y retórica en las mesas de negociación del salario mínimo, destaca el problema de la pobreza y su aumento en el país, con más de 500,000 mil nuevos pobres, a causa de la pandemia y los fenómenos naturales. Hay evidencia de un aumento importante en la pobreza extrema, sobre todo en los centros poblados urbanos y en aquellos municipios donde el problema de la inseguridad alimentaria es mayor. Empleos de mejor calidad y salarios justos ayudan a paliar este problema, ya que Honduras es uno de los países donde cerca del 20% de las familias viven con un dólar diario (INE: 2018).
Todo lo anterior vuelve al punto de partida, o sea la carrera empresarial y gubernamental por generar empleos espurios y de mala calidad, como una política de Estado para favorecer al sector maquilador, exportador y turismo corporativo, que supuestamente compite con base a bajos salarios y una productividad del trabajo no compensada. Se necesita una revisión detallada de la política de empleos y salarios seguida por el gobierno (¿si es que existe?) y de la legislación vigente, como aquella que pretende aumentos sostenidos en la cotización de los obreros a regímenes de protección social, donde cada vez más los servicios son prestados por operadores privados, sin que exista garantía de acceso a mejores servicios de atención y retiro voluntario asegurado.
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