Por los delitos de usurpación, incendio, robo agravado, privación injusta de la libertad y asociación ilícita están siendo acusados 32 pobladores de Tocoa, Colón, quienes se oponen a la instalación de una minera propiedad del empresario Lenir Pérez y Ana Facussé.
Estas personas son líderes comunitarios y delegados de la palabra de Dios que, a través de un campamento en el sector de Guapinol, pararon los trabajos de la minera y denunciaron los daños provocados al río.
13 de ellos, incluida una mujer de 28 años, se presentaron voluntariamente al juzgado de La Ceiba, Atlántida, para someterse a la audiencia de Presentación de Imputados, como reflejo de los procesos honestos y de resistencia pacífica que libran las comunidades en defensa del agua y la vida. “Da pesar de tener un sistema de justicia cuestionado por favorecer a la clase política y económica del país”, expuso Juan López, uno de los criminalizados.
Sin embargo, para sorpresa de los abogados y las comunidades, el juez Carlos Irías de León con jurisdicción nacional, de forma extraoficial dijo que existe otro requerimiento fiscal contra 32 personas, incluidos los ambientalistas que estaban listos para la audiencia. Con este nuevo requerimiento, el juez dictaría prisión preventiva para los acusados sin conocer los argumentos preparados por la defensa.
En Honduras, la Constitución de la República establece en el artículo 313, que la potestad de impartir justicia corresponde al Estado a través de jueces y magistrados independientes. Eso incluye la condición de jueces imparciales. En base al artículo 83 numeral 10 del Código Procesal Penal, la defensa interpuso la causal de Recusación contra el Juez por haber manifestado antes de la audiencia su opinión sobre el caso, y por haber informado la existencia del nuevo requerimiento fiscal.
El 28 de enero, la defensa presentó en los juzgados de La Ceiba el escrito solicitando la audiencia de Presentación de Imputado. Aquí el abogado defensor Omar Menjivar preguntó a la secretaria del juzgado si existía otro requerimiento. En esa fecha la respuesta fue no, generando un poco de tranquilidad en las comunidades. No obstante, hicieron la misma investigación en los juzgados de Tocoa y la respuesta fue la misma.
¡Pero si existe otro requerimiento! presentado en La Ceiba el 17 de enero de este año. 11 días antes de que la defensa hiciera la solicitud. “Eso nos hace dudar de la imparcialidad de este juzgado, porque parece estar viciado y lleno de prejuicios”, expuso el abogado Menjivar en el argumento de la Recusación.
La opinión de forma extraoficial es lamentable porque el juez solo puede manifestarla después de valorar las pruebas, “Sobretodo porque lo hizo despreciando el hecho de que nuestros representados estuvieran aquí de forma voluntaria”, apuntó Menjivar. Como reflejo de su incapacidad para llevar el caso, entre titubeos el juez Irías de León intentó justificarse ante la sala, pero su alegato fue inútil ante el argumento que presentó la defensa.
Entre los líderes criminalizados están: Juan López, coordinador del Comité Ambiental, Reinaldo Domínguez, líder comunitario de Guapinol, Orbin Hernández, líder del Sector San Pedro y Carlos Leonel George de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguan, Copa y corresponsal de Radio Progreso. También José Eugenio Esquibel, Santos Hernández, Lourdes Gómez, Juventino Cruz y el empresario Adalid Cedillo.
Luego de presentar la Recusación a la Corte de Apelaciones, se determinó realizar dicha audiencia en la capital. Con un fuerte contingente policial fueron trasladados los ambientalistas de Tocoa a Tegucigalpa. La ciudadanía repudia esta acción al considerar que están siendo trasladados como criminales de alta peligrosidad.
El Comité Municipal Ambiental de Tocoa, a través de la Coalición Contra la Impunidad, presentó el 20 de febrero, una denuncia penal contra funcionarios públicos del Instituto Hondureño de Geología y Minas, Inhgeomin, por suponerlos responsables de aprobar una concesión minera en el Parque Nacional Carlos Escaleras.
Además, se presentó una denuncia penal contra diputados del Congreso Nacional que aprobaron el decreto 252-2013, por medio del cual se modificó la zona núcleo del parque nacional para que Inhgeomin pudiese otorgar dicha concesión.
La reacción de esta bebé de tres añitos provocó ternura cuando con voz clara y firme dijo que detuvieran a la policía para que su papá regresara. Un día antes de la audiencia ella viajó junto a su madre y hermana mayor a La Ceiba, para encontrarse con el hombre que adora, que le cuenta cuentos y la hace reír. A pesar de su corta edad tiene una facilidad para expresarse y opinar sobre temas que la sociedad dicta que no son para niñas, peor de su edad. Pero la educación en casa la hace ser como es. Lo mismo pasa con su hermana mayor. Ellas conocen que su papá está defendiendo el agua.
Su padre es Juan López, pedagogo y delegado de la palabra de Dios. Reconocido por trabajar a favor de las comunidades teniendo de base la formación recibida por la Compañía de Jesús, dice su hermano Melvin, quien estuvo bajo el sol con un cartel afuera de los juzgados exigiendo justicia para los acusados. Al lugar también llegaron las familias de los otros ambientalistas, así como vecinos, amigos y organizaciones de derechos humanos.
Doña María, de casi 70 años, denuncia que su comunidad se volvió insegura por la presencia de la minera, la policía y los militares. Ella, viajó temprano para La Ceiba junto a un grupo de vecinos de Guapinol, para solidarizar con quienes considera sus compañeros.
Cuando sus compañeros se disponían a ingresar a la audiencia, no puedo contener las lágrimas, ¡Presentía lo peor!, como pudo abrazó a Juan y entre sollozos dijo “Gracias hijo, por arriesgar su libertad y vida”. Así fue abrazando y agradeciendo el sacrificio que hombres y mujeres hacen en su comunidad por defender el agua.
El Padre Ismael “Melo” Moreno, director del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación Eric, invitó a las comunidades a no desanimarse. “El balón está en nuestra cancha”, dijo el padre asegurando que hay que jugar con pie limpio, pero con fuerza y en equipo, porque se están enfrentando a un aparato de justicia diseñado para beneficiar únicamente a los corruptos y violentos del país.
El padre Melo también hizo un llamado a las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, para que a una sola voz se exija la liberación de todos los presos políticos, incluyendo estos nuevos: los ambientalistas de Tocoa.
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