Por Lucía Converti *
El Foro Económico Mundial elabora desde 2006 un informe anual[1], que evalúa la diferencia de género existente en cada país (fueron evaluados 144 países en el último informe). Con estos datos elabora un índice que cruza variables tanto de ingresos como de participación y oportunidades, educación, empoderamiento político, salud y supervivencia. Para el 2017 el informe muestra una brecha de desigualdad promedio de 68 %, sin embargo, este índice disminuye a 58 % cuando se considera el subíndice relacionado con la participación económica y las oportunidades.
En el análisis de temas económicos, el indicador de desigualdad del ingreso es uno de los más importantes para evaluar cómo se distribuyen los recursos en las sociedades que estudiamos y sus posibilidades de desarrollo. La desigualdad de género, sin embargo, no se utiliza con tanta frecuencia. Su estudio es mucho más frecuente en el campo de la sociología, la ciencia política o la antropología, aún cuando el tema se supone parte de la agenda económica regional desde hace cuatro décadas.[2]
Esta nota evidencia la importancia que la desigualdad de género ejerce sobre la estructuralidad de la pobreza en la región. Es importante aclarar que se hará énfasis en la diferencia entre el género femenino y masculino exclusivamente, sin embargo, la desigualdad se extiende y hasta se agrava si se considera otras identidades de género. Asimismo, se estudiará la desigualdad de género en el ámbito laboral, dejando pendiente el análisis de otras desigualdades existentes.
Las cifras de la desigualdad
Del total de la población en edad de trabajar, el 52,1 % son mujeres. Sin embargo, sólo la mitad trabaja o está buscando trabajo y del total empleado solo el 41,1 % son puestos ocupados por mujeres[3].
En el mercado laboral, los varones cobran 50 % más que las mujeres.[4]
El 53,7 % de las mujeres tiene un empleo informal mientras que los varones llegan hasta un 47,8 %.
Mientras que el 22,8 % de las mujeres tienen trece o más años de educación, solo el 16,2 % de los varones alcanza o supera este resultado, sin embargo, el 78,1 % de las mujeres ocupadas trabajan en sectores de baja productividad y tienen poco acceso a los cargos de mayor jerarquía.[5]
El 26 % de las mujeres mayores de quince años reciben como remuneración menos de un salario mínimo.[6]
El desempleo de las mujeres alcanza el 9,1 %, mientras que la de los varones es de 6,3 %.[7]
La proporción de mujeres sin ingresos propios (es decir, sin trabajo ni trasferencia del estado) asciende a un 28,9 % en 2014[8].
Teniendo en cuenta estos números puede entenderse el fenómeno de feminización de la pobreza. Mientras que ésta cayó de un 43,9 % en 2002 a un 28,2 % en 2014, el índice que mide la proporción de mujeres que viven en hogares pobres aumentó 1,1 puntos entre 2002 y 2013[9]. Esto ocurrió especialmente en los países de mayor ingreso per cápita (Argentina, Chile y Uruguay).
Una sociedad hecha a la medida de los varones
Así como podemos definir al sistema económico en el que vivimos como capitalista, debemos definir a nuestras sociedades como patriarcales. Se entiende como sociedad patriarcal aquella en la que los varones dominan a las mujeres.
A este dominio se debe que la mujer esté un 40 % menos escolarizada en la etapa preescolar que los varones, siendo discriminada desde su educación, en la niñez, hasta en el trabajo, en su adultez. Esta discriminación se ve reflejada, como muestran las cifras mencionadas, en el bajo nivel de acceso al trabajo, en la desigualdad de remuneración por igual trabajo, en el tipo de trabajo y en el nivel de precarización. Cada una de estas formas de discriminación se acentúa si son mujeres trabajadoras rurales, indígenas, afrodescencientes o migrantes.
Debido a la división sexual del trabajo establecida internamente en nuestras sociedades existe un tipo de actividad donde la mujer se inserta mayoritariamente. Este trabajo es el relacionado con el cuidado del hogar y de la familia. Según la OIT (2012), el mismo concentra el 15,3 % de la ocupación femenina en el mercado de trabajo.
En la mayoría de los países la legislación laboral a la que están sujetas las empleadas domésticas es más limitada que las que regulan el resto de las actividades asalariadas, dejando a esta actividad prácticamente por fuera de los derechos laborales. Esto evidencia el desprecio social y económico que se asigna a esta ocupación. Sin embargo, en Ecuador, por ejemplo, el valor económico de las labores domésticas y de cuidados alcanza el 15,2 % del PIB, compitiendo con cualquier actividad económica del país.
Asimismo esta ocupación no sólo la ejerce el 15,3 % de las mujeres mal remuneradas por esta labor, sino también el resto. La equidad en el trabajo doméstico en el hogar, aún deja mucho que desear.
Un estudio realizado en 2014, en cinco países de la región, demostró que la suma de la cantidad de horas remuneradas y las no remuneradas (dedicadas al cuidado y la reproducción del hogar) es mayor en las mujeres que en los varones. En algunos países la cantidad de horas de trabajo no remunerado es equivalente o mayor a una jornada laboral completa, y estas siguen concentradas en manos de las mujeres de la familia.
Siguiendo con esta línea, el 30 % de las mujeres que no tienen ingresos también dedican su tiempo al trabajo no remunerado en el hogar. Esa condición libera a la mujer de la suma de ambos trabajos pero condiciona su libertad, pues se genera una subordinación y dependencia del varón que limita su capacidad de decidir cómo o con quién vivir, lo que las hace más vulnerables al abandono del jefe del hogar e incluso a la violencia.
Estas mujeres representan el porcentaje de población más vulnerable a caer en la pobreza o incluso en la indigencia de un momento a otro. A la vez, esta condición de vida – tanto en la pobreza del abandono como en la de la violencia- se extiende a los hijos, lo que reproduce el círculo de exclusión y vulnerabilidad social.
Conclusiones
Los números presentados reflejan una fotografía estática: la brecha de desigualdad está cerrándose continuamente, debido a las constantes luchas de las mujeres por el reconocimiento de sus derechos en igualdad con los de los varones. De no poder estudiar a ir a la universidad libremente y compartir aula con los varones hay un gran paso, pero las diferencias persisten y si se mantienen en la invisibilidad de lo “natural” y no se observan sus consecuencias, se limita el avance.
En la última década la brecha disminuyó, pero también volvió a agrandarse en cada crisis o caída de la actividad, situación que refleja lo casual y no del cambio. La condición de doble opresión que viven las mujeres del mundo y de la región, es un problema estructural ya que son las prácticas cotidianas las que estigmatizan y discriminan.
Según el foro mundial global la paridad se alcanzará en cien años, pero el año pasado eran ochenta y siete. Es esencial avanzar en la aplicación de políticas públicas con perspectiva de género para poder combatir efectivamente la pobreza y avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria en el menor tiempo posible.
Notas:
[1] The Global Gender Gap Report 2017, Foro Económico Mundial.
[2] Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación hacia las mujeres en Naciones Unidas.
[3] “Trabajo Decente e igualdad de género” elaborado conjuntamente por CEPAL, FAO, PNUD, ONU Mujeres y OIT en noviembre de 2013.
[4] La matriz de la desigualdad social en América Latina. CEPAL, 2016.
[5] Autonomía de las mujeres e igualdad en la agenda de desarrollo sostenible, CEPAL, Octubre 2016
[6] Autonomía de las mujeres e igualdad en la agenda de desarrollo sostenible, CEPAL, Octubre 2016
[7] “Trabajo Decente e igualdad de género” elaborado conjuntamente por CEPAL, FAO, PNUD, ONUMujeres y OIT en noviembre de 2013.
[8] Autonomía de las mujeres e igualdad en la agenda de desarrollo sostenible, CEPAL, Octubre 2016
[9] Autonomía de las mujeres e igualdad en la agenda de desarrollo sostenible, CEPAL, Octubre 2016
Lucía Converti, @ConverL, investigadora CELAG.
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