Justicia se ensaña con jóvenes detenidos en brutal represión
Jhony Andrés Salgado (38) está siendo acusado por los delitos de portación ilegal de arma comercial y uso indebido de indumentaria policial. Gustavo Adolfo Cáceres Amaya (26) es acusado por los delitos de portación de explosivos o material de guerra y posesión de tráfico de drogas en perjuicio de la salud y seguridad pública. Ambos fueron detenidos en la represión violenta que ejecutaron las Fuerzas de Seguridad del Estado en las colonias Berlín y Quebrada Seca de El Progreso, Yoro, al norte de Honduras.
A Jhony lo detuvieron en su casa de habitación. Fue obligado por tres elementos de la policía nacional a subirse a una patrulla, sin saber de qué lo acusaban. La madre del detenido asegura que su hijo estaba junto a la familia resguardándose de los efectos del gas lacrimógeno que a diestra y siniestra la Policía Militar y el Ejército lanzaban contra manifestantes.
Jhony es un obrero de la construcción reconocido en su colonia y es cercano a la iglesia católica. Al momento de ser detenido no portaba arma ni indumentaria policial según testigos. Fue hasta después de su captura que la Policía Nacional llevó las evidencias a la Unidad Metropolitana 11. El sub comisionado Héctor Orlando Ruiz, jefe de la estación no quiso dar declaraciones sobre el caso, en su lugar el vocero Oscar Garay Sevilla mandó a los medios de comunicación el reporte policial asegurando que a Jhony se le detuvo por encontrarle dichas evidencias.
A Gustavo lo detuvieron en el puente de Quebrada Seca, lugar que estuvo tomado durante días en rechazo a los resultados del Tribunal Supremo Electoral que dan como ganador a Juan Orlando Hernández, a pesar de ser inconstitucional. El 21 de diciembre más de 500 efectivos armados realizaron el operativo de desalojo en las tres salidas y entradas de El Progreso. En esta acción decenas de personas resultaron afectadas por los efectos del gas lacrimógeno, dos fueron detenidas y una fuertemente golpeada.
Mercedes Cáceres hermana de Gustavo asegura que él tiene problemas de aprendizaje y que trabaja vendiendo agua purificada para sobrevivir. El día de su detención Gustavo iba de jalón en la paila de un vehículo hacía la embotelladora de agua y que la policía lo bajó esposándolo sin darle explicación. Él fue trasladado a la estación policial y allí la policía lo fotografió con material supuestamente explosivo y marihuana.
La audiencia de Declaración de Imputados se realizó en los Juzgados Progreseños y estuvo a cargo de la jueza Sandra Benítez, quien deliberó enviarlos al centro penal y realizar la audiencia inicial el próximo 27 de diciembre. Fuera de los juzgados se mantuvo la familia de los jóvenes, así como amigos y vecinos que argumentan la inocencia de ambos, afirmando que la policía está utilizándolos como “Falsos Positivos”.
La represión del jueves 21 de diciembre en el sector de Quebrada Seca duró más de 2 horas provocando mayor indignación en la población que rechaza los resultados de las elecciones generales del 26 de noviembre. “Queremos que JOH sea encarcelado por criminal”, expresó Sandra Mejía, vecina de Jhony quien se mantuvo esperando la resolución de la audiencia. Ella relata que durante la represión hubo menores de edad afectados por el gas y que tuvo que refugiar a muchas personas en su casa cuando huían de la violencia que provocó la policía y los militares.
La ciudad de El Progreso, Yoro se encuentra bajo un fuerte resguardo militar y policial que ha impedido que la ciudadanía salga nuevamente a manifestarse pacíficamente. El municipio estuvo totalmente paralizado por más de cuatro días y los efectos de la protesta social comenzaron a sentirse en todo el país.
Honduras vive en estos momentos uno de los episodios más dramáticos de la lucha popular en Centroamérica. Desde el año 2009, cuando la población salió masivamente a repudiar el golpe de Estado, dado en ese entonces contra el Presidente Zelaya, no se había presenciado ese nivel de movilización popular.
El detonante ha sido el fraude electoral cometido por el Partido Nacional y su ilegal candidato, Juan Orlando Hernández. Pero este estallido social no es sólo fruto del descontento con los resultados electorales, sino la consecuencia de una crisis política, social y económica profunda que azota desde hace décadas a Honduras.
Ante la reacción del pueblo indignado, tanto el ejército como la policía han desatado una furiosa represión contra el pueblo movilizado que ha dejado ya un saldo de 30muertos y más de 900 personas detenidas según las organizaciones de derechos humanos.
Los dos acusados deberán de esperar a su audiencia, en ella esperan que se haga justicia, que el sistema no continúe ensañándose con los excluidos y desposeídos.
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