Por Cesario Padilla
La agenda gubernamental se impuso por la fuerza y trajo resultados negativos para la prensa hondureña, luego de tres semanas de haberse llevado a cabo el proceso electoral, denunció este martes la Directora de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU), Dina Meza.
Un Decreto que impuso el actual gobierno a inicios de diciembre, llevó a suspender las garantías constitucionales por diez días; en estos, un toque de queda en el que sólo podía transitar periodistas que estuvieran debidamente acreditados ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Además, amenazas, cárcel e incumplimiento de medidas de protección para quienes se encuentran en riesgo por su labor periodística, es la suma de acciones contra la prensa independiente, luego del proceso del pasado 26 de noviembre y que describió Meza.
“Hemos tenido acceso a testimonios de periodistas, específicamente en la zona sur, que están siendo amenazados porque simplemente se desmarcan de la agenda oficial, aquella en la que si dice que todo está perfecto y que este fraude electoral no existe, entonces esta prensa está siendo atacada”, dijo la periodista y defensora de los derechos humanos.
Específicamente se refirió a la detención del Neptalí Rubí, quien tiene su espacio en un canal de la ciudad de San Lorenzo, Valle, zona sur del país, quien fue detenido mientras daba cobertura a una protesta de miembros de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, en el municipio de Nacaome, el reciente 11 de diciembre.
Meza detalló que, siempre en la zona sur el periodista Jairo López, quien producto de un proceso legal, campañas de desprestigio y amenazas, solicitó medidas para salvaguardar su vida ante el estatal Mecanismo Nacional de Protección a Periodistas, Comunicadores Sociales y defensores de derechos humanos, pero los entes policiales se resisten a ejecutarlas.
En cuanto al toque de queda, impuesto bajo el Decreto Ejecutivo PCM-084-2017, Meza cuestionó el punto de quienes no se acreditaron ante el TSE, hoy cuestionado por denuncias de fraude de parte de la ciudadanía que respaldó con su voto la candidatura de Salvador Nasralla, “no podíamos avanzar en ninguna cobertura, esto constituye una violación a la libertad de expresión e información para el pueblo hondureño”.
Aunque el decreto ya no está vigente, pero las fuerzas militares y policiales continúan ejerciendo violencia contra las y los manifestantes, y según la directora de ASOPODEHU, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), no está haciendo nada para denunciar e intervenir en el cese de estas acciones.
“El CONADEH tiene la potestad de velar y acceder a cualquier registro y archivo del Estado en cualquier momento y debería de estar viendo quienes son los responsables de reprimir y asesinar al pueblo”, puntualizó.
Represión se extiende hacia aparatos técnicos de medios
Los sabotajes, persecución e intimidación gubernamental salieron al paso en esta etapa post electoral.
De acuerdo con Dina Meza, radios comunitarias como Radio Taragual, en Lempira; y Radio “Dignidad” en Atlántida, sufren diversas amenazas por su cobertura durante y después del proceso electoral del pasado 26 de noviembre.
En el caso de la Taragual, tiene presencia con fines intimidatorios fuera de la radio y ya tienen amenazas con cerrar sus operaciones.
Previo al diálogo con la periodistas y defensora de los derechos humanos, la Mesa Nacional de Derechos Humanos de la Coalición contra la Impunidad (espacio que acoge a más de 50 organizaciones de sociedad civil y derechos humanos), en un pronunciamiento, exigió respeto a la libertad de expresión y se solidarizaban con aquellos medios de comunicación, que por su cobertura de la protesta ciudadana y denunciando las acciones del TSE por consolidar la candidatura del actual mandatario y candidato ilegal a la presidencia, Juan Orlando Hernández, han sido violentados en su labor periodística.
El canal de televisión UNE TV denunció antes y después del proceso electoral vigilancia militar, robo a periodistas e intentos de cierre de operaciones por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL). Mientras que Radio Progreso se encuentra fuera del aire en la zona central, debido a un sabotaje hecha hacia su antena y torre respectiva.
Antes del proceso electoral, la organización Reporteros sin Fronteras (RSF), alertó sobre la “situación dramática” de la libertad de expresión en el país.
“El hecho es quebrar toda la estructura informativa independiente para que este fraude electoral permanezca y que la dictadura se siente el próximo 27 de enero”, concluyó Dina Meza.
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