Los países que reconocen como legal el fraude electoral en Honduras -por influencia de los lobistas del crimen organizado- no solamente cometen un error de consecuencias políticas, sino que participan conscientemente de las violaciones a la vida y las libertades y eso tendrá consecuencias jurídicas y éticas. El pueblo hondureño lo resiente y lo reclama. Entrevista a Berta Oliva coordinadora General del Cofadeh
Cómo están las condiciones de derechos humanos ahora en Honduras en relación a las elecciones?
Las condiciones de vigencia y respeto de los derechos humanos antes de las elecciones generales del 26 de noviembre de 2017 eran precarias, pero después de esa fecha las condiciones son extremas. Nosotras hemos definido la situación como una emergencia, pues han sido desbordados los niveles de brutalidad de las fuerzas militares –soldados del Ejército, comandos de la Policía Militar de Orden Público y grupos paramilitares ovedeciendo la estrategia de represión gubernamental–, y la institucionalidad democrática nacional es practicamente inexistente para las víctimas. El cuadro resumen adjunto revela las cifras más visibles de la tragedia. En la crisis actual todas las instancias de investigación criminal, las fiscalías, el poder judicial y el sistema de comunicación están bajo control absoluto del Presidente-Candidato del país; no es posible ejercer la demanda de justicia en condiciones siquiera mínimas de garantía de obtener respuesta pronta y fundada en Derecho. La población, que ha sido robada en su derecho a elegir y ser electa, está manifestándose en las peores condiciones de inseguridad jamás vividas en la historia del país, y el aparato represivo está echado con todo su arsenal de guerra –incluyendo la propaganda, la apología al odio y la inteligencia militar– para anular los esfuerzos de la población contra el fraude electoral documentado por los partidos de oposición política y confirmado por la Misión de Observación de la OEA.
La situación es similar al Golpe de Estado en 2009? O cuáles son las diferencias?
No somos amigas de hacer comparaciones, porque cada evento tiene sus propias circunstancias, pero sin duda el momento actual es similar al que sufre un pueblo en circunstancias de golpe de Estado: sin garantías constitucionales, sin respeto a sus derechos individuales y sin reconocimiento de su identidad de sujeto social y político por todo el aparato de guerra activado a nivel nacional, que incluye a los medios de desinformación, las iglesias beneficiadas por la corrupción gubernamental, los sectores privados, las fuerzas militares y el lobby internacional que actúa como un cartel de crimen organizado para validar el fraude y, en suma, imponer la dictadura. Esta vez el golpe de Estado ha sido cometido por los mismos golpistas de hace ocho años, que atenazaron el poder coludidos con el crimen organizado local e internacional. Es, en definitiva, un nuevo golpe de Estado llano y razo que solo los ciegos se niegan a mirar.
Qué clase de líder es el Sr. Hernández? Cuál es su historia en relación de derechos humanos?
Hernández es, esencialmente, un militar autoritario vestido de civil. Hijo de militar, hermano de militares y colega de militares, por tanto su liderazgo está basado en la fuerza desmedida de las armas con el disfraz de urbano demócrata. Es un abogado apegado a la disciplina cuartelaria, disciplinado en la consecución de las metas de beneficio personal, familiar y grupal, y sin escrúpulos para lograr los fines generales del poder. Es un político comprometido con la estrategia hegemónica de Estados Unidos en la región, y específicamente con los centros de poder que controlan la mafia económica mundial, con evidentes antecedentes de adecuación fraudulenta de las leyes a su favor. Violó la Constitución para ser diputado, para ser candidato presidencial y para constituir la nueva dictadura nacionalista neoliberal de las republiquetas ZEDES, que van a imponer la legalidad de los corruptos paraísos fiscales en Honduras.
Cómo están los grupos de maras, como los Salvatrucha, por ejemplo, tomando ventaja de esta situación caótica y la falta de orden por la ley?
Los ministros de defensa y seguridad, que es la misma identidad en definitiva, afirman que las irreconciliables maras 18 y 13 están rechazando juntas al lado de la población indignada el fraude electoral del 26 de noviembre, pero no han capturado a ninguno de sus liderazgos en tales actividades, más bien están a la caza de liderazgos juveniles universitarios presentes en la insurrección social que vive Honduras. Nosotras no somos expertas en maras, pero no entenderíamos cómo eso sería posible en tanto las dos organizaciones conocidas –M18 y MS– definen sus territorios y los disputan hasta morir. Estamos convencidas que el tema es, más bien, cómo la reacción popular en barrios, colonias y regiones territoriales ha dado ventaja al gobierno para introducir al lado de las fuerzas uniformadas grupos civiles armados al vivo “modelo colombiano” para reprimir las protestas al margen de la ley y, lamentablemente, también revivir la estructura de un escuadrón de muerte ya reconocido que operó ilegal en los años ochentas, el 3-16.
Qué debe hacer el Sr. Nasralla y quienes lo apoyan para arreglar la situación política, combatir condiciones de pobreza y sufrimiento, y proteger el futuro de la democracia en Honduras?
La pregunta está planteada para ser respondida por la Alianza de Oposición política, en nuestro caso formamos parte de la Convergencia Ciudadana contra el Continuismo que plantea la expulsión del grupo político actual que ha organizado el Estado para ponerlo al servicio del crimen organizado local e internacional, saqueando los recursos activos de Honduras para su beneficio sectario, sin importarles el impacto en violaciones a los derechos humanos. Esa expulsión el pueblo la votó el 26 de noviembre, pero la elite se resiste a obedecer el mandato popular, y esta situación es la que ha dado lugar a una insurrección popular que apenas comienza este diciembre 2019 y que va a extenderse sobre los años venideros mientras el país no acuerde un nuevo pacto social y político surgido de un proceso constituyente. Si la dictadura se fortalece sobre el delito del fraude vulgar y perruno, más de un millón de jóvenes menores de 35 años van a partir en 2018 hacia el Norte del Continente, y la democracia será inestable e ingobernable hasta constituirse en una amenaza a los intereses políticos de Estados Unidos en la región.
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