Por Javier Suazo
“Cuándo un gobierno incorpora otros actores que resultan afectados por una crisis política en forma indirecta, sin llamar a los afectados en forma directa, lo que busca no es dialogar sino imponer su posición acuerpada por los primeros en contra del pueblo”
Víctor Raúl Haya de la Torre
Honduras ha venido de crisis en crisis después de la vuelta a la llamada democracia de fachada en 1982. Ha habido crisis de poderes, cuando un poder del Estado (en este caso el Ejecutivo) ha usurpado funciones de otro poder (Judicial), con el propósito de reelegir al presidente, bajo la mascarada de imponer un candidato oficialista a la Presidencia de la Republica. Otra crisis, es la crisis de identidades, donde se cuestionò la nacionalidad de dos (2) candidatos a la Presidencia de la Republica, que fueron electos, uno por el Partido Liberal, y otro por el Partido Nacional. La crisis política de junio de 2009, que provocó el Golpe de Estado contra Manuel Zelaya Rosales, presidente electo en forma directa por la voluntad del pueblo hondureño.
Estas crisis fueron resueltas por la vía democrática, o sea el diálogo entre las partes en conflicto, actuando como mediadores en las primeras connotados dirigentes de los partidos denominados pequeños (PINU-SD y Democracia Cristiana) que gozaban de credibilidad entre la sociedad hondureña en su conjunto, y también con la participación de las FFAA y de un mediador internacional.
En el caso de la solución de la crisis política generada por el Golpe de Estado contra Zelaya Rosales, también privó el diálogo, donde fue evidente la voluntad del presidente electo, Porfirio Lobo Sosa (2010-2013) y Manuel Zelaya Rosales, con apoyo y acompañamiento de gobiernos amigos, por suscribir un acuerdo para que Honduras pudiera reinsertarse de nuevo en el concierto de naciones de la OEA, y las fuerzas disidentes poder participar de la vida pública, conformar un partido político e inscribirse en el proceso electoral venidero.
Se acusó a Manuel Zelaya Rosales de desmovilizar el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) y abandonar las calles, con la suscripción de este acuerdo, pero se otorgó el beneficio de la duda cuando el Partido Libertad y Refundación (LibRe) se posicionó como la segunda fuerza política del país después de más de 100 años de bipartidismo. Mas aún, las elecciones celebradas en 2013, que ganó Juan Orlando Hernández (JOH), fueron cuestionadas por ser poco transparentes ya que el gobierno ejerció un control directo sobre los miembros del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Registro de las Personas y Corte Suprema de Justicia, en alianza con el lado “Oscuro” del Partido Liberal.
En todas estas crisis, la solución ha sido un diálogo político franco entre las principales fuerzas en contienda, actuando la llamada “sociedad civil” como aval de dichos dialogo y los acuerdos alcanzados, incorporando también a testigos de honor, o sea prominentes miembros de la sociedad hondureña.
La crisis actual debería seguir este patrón, pero al parecer se busca con el “diálogo” otros propósitos y beneficios individuales y de grupo.
El presidente Juan Orlando Hernández (JOH), una vez reconocido como presidente reelecto por David Matamoros Batson, presidente del TSE, convocó a un dialogo para lograr un gran acuerdo nacional, destinado a resolver la crisis actual que afecta a la sociedad y economía del país, destacando que el mismo debe ser conducido por actores nacionales con el acompañamiento de facilitares internacionales. Habló de robustecer el sistema electoral y limitar la relección a dos (2) periodos. Para él, debe ser un dialogo consistente e incluyente con la participación de todos, pero pronunció en contra de una segunda vuelta electoral (léase repetir las elecciones), ya que sería como un reconocimiento que perdió la elección presidencial, pero que el TSE y su empleado, David Matamoros Batson, dicen que él ganó a Salvador Nasralla.
A la cita se hicieron presentes los representantes de la llamada sociedad civil gubernamental, en lo que respecta a dirigentes no a las instituciones, muchos de ellos impuestos por el gobierno; o sea que los dirigentes de las organizaciones apoyan a JOH y su política de ajuste económico neoliberal, pero también se benefician de ello. Destacan el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), liderado por empresarios de las maquilas, empresas térmicas, industria turística e intermediarios financieros. Se suman las iglesias evangélicas, cooperativas agrícolas y organizaciones campesinas cuyos dirigentes oficiales subsisten con las dádivas del gobierno. Preocupa, sin embargo, que el llamado sector social de la economía, apoye este tipo y modalidad de dialogo, cuando su creación respondió a los propósitos de construir un económica mas justa y sobre la base de una sociedad solidaria, democrática y de apoyo a los más necesitados.
Un caso patético es el de la Academia, donde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) se sumó al dialogo, sin analizar causas, efectos, consecuencias, propuestas de solución; pero, sobre todo, sin valorar los argumentos de la ilegalidad de la candidatura de JOH, el fraude y las recomendaciones de organismos internacionales como la OEA, que recomiendan nuevas elecciones. En contraposición, los obispos episcopales de la Iglesia Católica, reconocen que hubo irregularidades en el proceso electoral que ponen en duda los resultados, y recomiendan la convocatoria a un Constituyente para cambiar la obsoleta Constitución de la Republica violada y mancilla por los políticos.
Todas las organizaciones oficiales exigen que paren las protestas y la toma de carreteras, ya que según ellos las pérdidas económicas, sin mostrar un análisis serio, superan 17,000 millones de lempiras, unos 15,000 empleos temporales navideños y reducción en 75% las ventas de productos.
Este llamado al Diálogo ocurre cuando el presidente Hernández ofreció además una recompensa monetaria para aquellos que denuncien a los dirigentes que lideran las marchas, toma de calles y saqueo; y nombramiento del nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras (2017-2019), cargo que recayó en el general de brigada Rene Orlando Ponce Fonseca, que se venía desempeñando como comandante del Ejército, ex miembro del batallón 3-16, al que se acusa de los desaparecidos en Honduras. El mandato de JOH a los nuevos subalternos militares es “Protesta pacífica protegerla, Protesta violenta actuar”, y su Ministro de Seguridad repite, “No existe ninguna marcha pacífica”.
El Ingeniero Salvador Nasralla, candidato de la Alianza Opositora contra la Dictadura, manifiestò que el dialogo es bienvenido, siempre y cuando JOH reconozca que ganó las elecciones robadas por David Matamoros Batson y el TSE, y a partir de allí convocar a nuevas elecciones con árbitros internaciones e independientes, lo que puede hacerse en un periodo corto a partir de mes de enero próximo, bajo la coordinación de la OEA donde ya fueron nombrados Jorge Quiroga y Álvaro Colón. Otros miembros de la Alianza Opositora, señalan que no se rehúye al dialogo, pero el voto del pueblo expresado en las urnas es innegociable. Lo que implica que no asistirán al dialogo convocado en los términos propuestos por JOH y las organizaciones de “sociedad civil” afines, lo cual es compartido por Luis Zelaya, candidato del Partido Liberal.
Aquellos analistas políticos que hablan de un gran dialogo nacional liderado por el Ejecutivo para resolver los grandes problemas de Honduras como la injusta distribución de la tierra, la pobreza, desempleo, marginalidad y represión, están usando dicha convocatoria como un distractor para legalizar el fraude elector y la reelección ilegítima.
La propuesta de dialogo por la legalidad del fraude, gana más fuerza al reconocer EEUU como presidente reelecto de Honduras a JOH, sin conocerse los informes finales de la UE y OEA. La explicación es que Honduras fue de los pocos países (Guatemala, EEUU e Israel) que votaron en Naciones Unidas a favor de que Jerusalén sea declarada capital de Israel, otra de las cruzadas del presidente Donald Trump.
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