La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) insta al Estado de Honduras a respetar y garantizar los derechos humanos de la población y de los sectores que reclaman el respeto a la voluntad popular en el contexto de la incertidumbre sobre el resultado de las elecciones presidenciales del 26 de noviembre de 2017. La Comisión Interamericana solicita la anuencia del Estado de Honduras para enviar una misión urgente al país a fin de evaluar la situación de los derechos humanos en el actual contexto.
La Comisión hace este llamado habiendo documentado una serie de movilizaciones en varias ciudades del país y graves de hechos de violencia, incluyendo muertes, personas heridas y detenidas y daños a la propiedad, en los cuales estuvieron involucradas fuerzas de seguridad especiales y el Ejército.
Tal como lo hiciera a través del comunicado conjunto con la Oficina Del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUCH), la CIDH expresa nuevamente su preocupación respecto a la aplicación del Decreto 084/2017, mediante el cual se suspendieron garantías por 10 días y la posible afectación del ejercicio del derecho a la reunión pacífica durante ese lapso. Del mismo modo, la CIDH a través de su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, y en conjunto con varios expertos de Naciones Unidas, manifestó su preocupación por el uso ilegal y excesivo de la fuerza para disolver protestas en el contexto post-electoral. Ello resultó en la muerte de al menos 12 manifestantes, decenas de personas heridas y cientos de detenidas. Muchas de las personas detenidas fueron trasladadas a instalaciones militares, donde habrían sido brutalmente golpeados, insultados y sometidos a torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. En ese contexto también habrían ocurrido ataques y detenciones de periodistas, así como denuncias de sabotaje de la torre y antena en Tegucigalpa de Radio Progreso, y amenazas a periodistas de ese medio, quienes cuentan con medidas cautelares otorgadas por la CIDH.
De acuerdo a la información disponible, la situación de violencia persiste. Según organizaciones de la sociedad civil, entre el 30 de noviembre y el 20 de diciembre se reportaron 27 muertes violentas, incluyendo tres personas menores de edad, y más de 200 personas heridas. La CIDH expresa su profunda preocupación por la información recibida sobre la utilización de armas de fuego para el control de las manifestaciones e indicando que las muertes habrían sido perpetradas en su mayoría por miembros de la policía militar.
Asimismo, preocupan a la Comisión las denuncias recibidas acerca de un agravamiento de la violencia en la zona norte del país, la realización de allanamientos presuntamente ilegales en domicilios de particulares y las advertencias hechas por las fuerzas de seguridad que parecen alimentar la idea de que las protestas son en realidad acciones a cargo de “turbas” o “pandilleros”.
Honduras debe dar cumplimiento estricto a sus obligaciones de respetar y garantizar los derechos a la vida, a la integridad personal y la seguridad, así como los derechos políticos, el derecho de reunión pacífica y los derechos a la libertad de asociación y libertad de expresión de todas las personas bajo su jurisdicción. Esto incluye la obligación de las autoridades, en particular las encargadas del orden público y la seguridad interior, de tomar medidas operativas para facilitar el derecho a la reunión pacífica y dar estricto apego a los principios generales sobre el uso de la fuerza en estos contextos. La Comisión reitera que el hecho de que algunos grupos o personas ejerzan violencia en una manifestación no vuelve, per se, violenta toda la protesta ni autoriza a prohibir el derecho a manifestarse en momentos de turbulencia política.
El uso de armas de fuego durante protestas es una medida extrema, y no deben utilizarse excepto en aquellas oportunidades en que las instituciones policiales no puedan reducir o detener con medios menos letales a quienes amenazan su vida e integridad, o la de terceras personas, y nunca para disparar indiscriminadamente a una multitud o grupo de personas en estos contextos.
La CIDH urge al Estado hondureño a iniciar investigaciones respecto de estos hechos y a adoptar medidas urgentes para impedir que se repitan estos actos y para garantizar plenamente los derechos de reunión pacífica y de libertad de expresión. Por otra parte, la Comisión recuerda la obligación del Estado de garantizar la atención médica y humanitaria a todas las personas heridas, y a que no sean objeto de ningún tipo de agresión o represalia.
Por otra parte, la CIDH toma nota de los informes de la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE/OEA) en Honduras. El informe preliminar del 4 de diciembre señaló que “el estrecho margen de los resultados, así como las irregularidades, errores y problemas sistémicos que han rodeado esta elección no permiten a la Misión tener certeza sobre los resultados”. La MOE/OEA recomendó seis actividades con el objeto de que se esclarecieran las dudas sobre el proceso. El 17 de diciembre de 2017, la MOE/OEA en su segundo informe concluyó que observó “un proceso de baja calidad electoral y por ende no puede afirmar que las dudas sobre el mismo están hoy esclarecidas”. La CIDH hace un llamado al Estado de Honduras a respetar el principio de representación popular, garantía indispensable de un régimen democrático y del Estado de Derecho.
Finalmente, la Comisión manifiesta su disposición para que una delegación de la CIDH visite Honduras a la mayor brevedad posible con la finalidad de verificar la situación de derechos humanos denunciada.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
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