Indignado por la falta de respeto a la voluntad popular, expresada en las Elecciones Generales del 26 de noviembre, y con la convicción que estaba luchando por un mejor futuro para sus cuatro hijos y esposa, el 15 de diciembre, David Quiroz decidió expresar su descontento en una manifestación, sin embargo, jamás se imaginó que nunca regresaría para encontrarse con su familia, quien mantenía viva la esperanza de creer en una Honduras libre de corrupción y miseria.
“A las seis de la mañana llegó un convoy de militares, por el sector norte y el sector sur, reprimiendo al pueblo, sin diálogo, con gases lacrimógenos, con bala viva, con balines y balas de goma. Nosotros presenciamos la muerte de mi esposo cuando a él lo balearon, le incrustaron una bala en el brazo izquierdo atravesando su tórax”, recordó, entre una mezcla de rabia, dolor y lágrimas, Sandy Mancía, esposa de David, mientras el Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), presentaba su segundo informe sobre violaciones a los derechos humanos en el contexto de las protestas anti fraude.
El nombre de David Quiroz es el número 21 en la lista de 30 ejecuciones que el COFADEH registra, y representa el costo humano, durante la crisis post electoral provocada por el gobierno nacionalista, que instala una dictadura basada en la sangre de decenas de hondureños, que además murieron ahogados en el hartazgo ciudadano en el que viven miles de personas ante un país agonizante.
David sufrió antes de morir, así como es la vida de los casi seis millones de hondureñas y hondureños que viven en la pobreza: “me decía que le limpiara su naricita, sentía el gas pimienta. Entró a quirófano a las ocho y diez de la noche -15 de diciembre-, salió de la operación, pero no resistió, le dieron paros cardíacos”, cuenta su esposa Sandy.
Allanamientos ilegales y persecución
La represión en las manifestaciones y los asesinatos se han complementado con allanamientos domiciliares, ilegales y violentos en zonas residenciales por parte de las fuerzas de seguridad, “con el aparente propósito de detener a los manifestantes”, indica el COFADEH.
“Los allanamientos fueron realizados en las zonas de mayor resistencia y mayores manifestaciones, ahí fueron agredido y de hecho se mantiene una especie de intimidación por parte de la Policía Militar; patrullajes a diferentes horas del día y la noche, lo que presentan un patrón de desmovilización para la población resistente”, explica Mery Agurcia, abogada del COFADEH.
El informe del COFADEH relata que durante los allanamientos a viviendas las personas más afectadas han sido las mujeres: “en San Pedro Sula una víctima reportó que un policía militar entró por la fuerza, la tomó por el cuello y le puso una pistola en la cabeza”.
Criminalización y judicialización
COFADEH recuerda que en los últimos años se aprobaron una serie de reformas jurídicas “que han dado surgimiento a nuevos tipos penales dirigidos claramente a reprimir la protesta social, entre ellas las actuales reformas al Código Penal”.
Hasta el 30 de diciembre de 2017, un mes después de las elecciones generales, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) ha detenido 24 personas acusadas por los delitos de asociación ilícita, incendio agravado, portación ilegal de armas y uso indebido de indumentaria policial.
Las nuevas criminalizaciones se suman a los expedientes “abiertos a inicios de diciembre, que sumaban 117”, acciones y tipos penales que, de acuerdo al COFADEH, son de dudosa compatibilidad con el derecho internacional de los derechos humanos.
Sandi Mancía, esposa de David Quiroz, quien fue asesinado por las balas militares de una clase política que le apuesta al quebrantamiento de la ley y voluntad popular para sustente su plan dictatorial, dice que no confía en el sistema de justicia “porque ya no tenemos protección de las autoridades”, por tanto, no espera castigo para los responsables del asesinato del padre de sus hijos.
“Si no tenemos protección del presidente cómo vamos a tener protección de las autoridades, son nuestros enemigos; nosotros somos un pueblo que no tenemos armas, simple y sencillamente lo único que tenemos es la expresión para podernos defender, tengo temor que me vayan a matar a mí”, declaró Sandi, minutos antes de mostrar a los periodistas un vídeo del ataque militar en el que murió su esposo, y que guarda como prueba esperando algún día su caso llegue hasta los tribunales.
La zona de Dos Caminos, Villanueva, Cortés, donde balas militares asesinaron a David, se ha mantenido en lucha permanente, pero la represión ha sido brutal, la presencia de las botas y los fusiles intimidan a una población que rechaza la imposición del fraude electoral.
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