Diario ¡Por esto! (Mérida)
Por Manuel E. Yepe
Un viejo cuento humorístico habla de dos peligrosos orates encerrados en una celda que, mirando a los curiosos que les observan a través de las rejas, se preguntan: -¿Por qué habrá tanta gente recluida en esa prisión? Algo parecido es lo que motiva a las autoridades de la política exterior de Estados Unidos a estar buscando la mejor manera para castigar a las naciones que desafían sus posicionamientos en las votaciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Se informa que Washington estudia la forma de privar de apoyo a los países que disientan de Estados Unidos mediante un proyecto de ley que prohíba la asistencia de Washington a países que voten de manera diferente a EEUU en más de la mitad de los debates que concluyan con votación en las reuniones de la ONU.
El proyecto, presentado a la Cámara de Representantes por los congresistas republicanos Louie Gohmert y Steve King, sugiere privar de apoyo financiero en el marco de la cooperación económica y militar a aquellos Estados que votaran de manera diferente a la de EEUU en las reuniones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad de la ONU, en más de la mitad de los casos.
El documento objeto de estudio explica que pudieran haber excepciones a esta norma porque admite que el Presidente de la nación tiene derecho a continuar brindando asistencia a los Estados disidentes, si ello responde a los intereses nacionales de EEUU. Adicionalmente, el secretario de Estado puede excluir a un país de la prohibición si desde la última sesión de la Asamblea General “ha habido un cambio fundamental en su liderazgo y sus políticas, y como resultado de dicho cambio el gobierno de la nación en cuestión dejará de oponerse a la posición estadounidense en Naciones Unidas cuya transgresión dio origen a la sanción”.
El Departamento de Estado Usamericano, desde 1984, ha preparado informes anuales en los que registra la votación de cada país miembro de la ONU para rastrear las disidencias, y calcula el porcentaje de coincidencia en las posiciones de cada país con las de Washington. Sobre la base de estos informes el Departamento de Estado, así como también el Congreso, realizan el seguimiento de los puntos de vista de otros países acerca de las cuestiones que son clave para los intereses de Estados Unidos.
Según tales estudios estadísticos, en 2016 Washington y Moscú coincidieron en el 40,3% de los casos; votaron de la misma manera en 31 ocasiones y 46 veces sus posiciones no coincidieron. Entre los representantes de naciones que más discreparon con la votación de Estados Unidos, según el informe del Departamento de Estado de 2016, fueron Irán (18,6%), Siria (16,7%) y Corea del Norte (11,1%).
Según manifestó el politólogo ruso Vladímir Bruter, experto del Club Valdai del Instituto Internacional de Estudios Humanitarios y Políticos de Moscú, en una entrevista que le hizo la publicación Russia Today, Washington jamás había prestado ayuda a países que no respaldaran su punto de vista antes de pensarse en este proyecto de ley. "La única diferencia será que, con la nueva ley, Washington habrá consolidado este principio a nivel legislativo".
Sin embargo, advirtió Bruter, hay también países que nunca han necesitado del apoyo de EEUU. "Rusia o Siria siempre han tenido claro cómo comunicarse con Washington", pero a países como "Egipto, Filipinas, Argentina, Brasil y México, pudiera resultarles algo problemático".
Por tal motivo, el experto ruso considera que el nuevo proyecto de ley estadounidense constituye "una advertencia" para aquellos países que tratan de construirse un curso político independiente, pero que siguen siendo sumamente dependientes de EEUU.
El proyecto de ley que Washington pretende que se apruebe se fundamenta en un principio de reciprocidad que no puede ser el que caracterice las relaciones entre naciones acaudaladas y pobres en el mundo actual.
El desarrollo desigual es producto de relaciones desiguales de larga data y, necesariamente, tiene que ser abordado con vínculos desiguales en beneficio de los menos favorecidos en la carrera por el desarrollo para que ello contribuya reparar el histórico disfavor. Parece algo natural y lógico que la asistencia internacional al desarrollo sea en una sola dirección y que, por motivos históricos también sea voluntaria. Pero nada impide aspirar a que algún día sea imperativa, a la manera que ya lo es internamente en algunos países en los que las regiones más desarrolladas son obligadas legalmente a asistir a las más rezagadas, en aras de su progresivo avance a los niveles de las más adelantadas.
Lo vergonzoso es que se utilice por los poderosos la asistencia al desarrollo como arma para imponer sus políticas a los países de menor desarrollo, como hace Washington con tanta frecuencia.
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