Las posibilidades de aprobar un nuevo presupuesto son cada vez menos probables, y es que, si el Congreso Nacional no convoca a sesión a la mayor brevedad posible, la distribución presupuestaria para el 2018 funcionará bajo los criterios vigentes.
El presupuesto del 2017 ha sido orientado a fortalecer las políticas de seguridad, en las que incluye compra de armas, inversión en equipo para los nuevos entes militares, de la misma forma para el pago de la deuda internacional que supera los 35 mil millones de Lempiras anuales.
En ese sentido, economistas aseguran que en el país es urgente revisar esos acuerdos y modificarlos para darle un giro que lejos de fortalecer una política militarista y de compra de armas, sea aplicado a mejorar la salud pública, la adquisición de medicinas y también al fomento de una educación de calidad.
“Si el fraude se impone, entonces tendremos un presupuesto en la misma línea de los últimos años, privilegiando programas de asistencia social del gobierno, seguridad y armas”, comenzó manifestando el economista y ex secretario de finanzas Hugo Noé Pino.
Para Hugo Noé la primera implicación que tendrá el país bajo la aplicación presupuestaria del 2017, será la incapacidad de poder cubrir las nuevas necesidades de la población en una distribución monetaria desigual.
“También otra de las repercusiones dependerá de cuanto se tarden en aprobar el presupuesto para el 2018, y es que mientras no sea aprobado no puede ejecutarse una parte del financiamiento externo que estaba programado para el otro año, lo mismo algún tipo de contrataciones o aumentos”, siguió caracterizando Pino.
De acuerdo a la Ley del Presupuesto General de la República, sino se aprueba un presupuesto antes de finalizar el año en curso, se deberá trabajar con el vigente, así ocurrió en el 2008. “Sabemos que la principal razón de la no aprobación de este presupuesto se debe a la crisis política actual, pero es acá donde todos los actores políticos deben lograr consensos para aplicar un nuevo presupuesto que de verdad responda a las necesidades de la gente y el desarrollo del país”.
La distribución del presupuesto no es el único punto que necesita reforma según Pino, también se necesita valorar los puntos de transparencia que la última administración ha implementado, por ejemplo, la vigencia de una Ley de Secretos Oficiales que limita el conocimiento público de cómo se está usando el dinero del Estado y si verdaderamente se está invirtiendo en las partidas presupuestarias.
Asimismo, considera que ve muy pocas probabilidades que en el transcurso del 2018 se puedan aplicar reformas que se salgan de la línea de distribución militarista, pues la coyuntura política muestra indicadores que la tendencia aplicada por el Partido Nacional parece continuar y con una representación fuerte a lo interno del Congreso Nacional.
Atraso municipal
Producto de la crisis política, las municipalidades también han tenido atrasos en la aprobación de los presupuestos para el 2018. San Pedro Sula todavía no da luces de una posible discusión y aprobación presupuestaria para el próximo año, mientras tanto El Progreso anuncia la extensión del mismo que ronda los 460 millones de Lempiras.
“Todavía no me han dicho nada sobre discutir la aprobación del presupuesto, sabemos que acá todo lo domina el alcalde y él es el que convoca con su grupo de asesores para aprobar este tipo de decisiones”, dijo la regidora sampedrana Gloria Millian.
En San Pedro Sula esa ha sido la dinámica, hasta que el grupo cercano al alcalde define la ruta presupuestaria, se convoca al pleno y sin mucha discusión se procede a aprobar.
“Estamos esperando, sabemos que San Pedro Sula debe invertir más en desarrollo social, en hacer que la gente crezca y pasar de las obras a pensar en el ser humano como tal, es una tarea pendiente ahora de esta nueva composición municipal”, dice Millian.
Mientras tanto la gente en las calles de la capital industrial pide a su gobierno, tanto local como nacional, que piensen en la educación, en la salud y también en programas de desarrollo social y combate a la pobreza.
Bajo esa dinámica de discusión y espera se encuentran la mayor parte de municipalidades del país, algunas en los próximos días lo aprobarán y otras funcionarán con el mismo estimado económico durante todo el 2018.
El índice actual de pobreza en Honduras es de 44.6% a nivel extremo y de pobreza general del 68.2%, superando a todos los países de América Central, situación que evidencia la precariedad humana en la que la gente no quiere continuar por cuatro años más.
En la actualidad el monto del presupuesto supera los 228 mil millones de Lempiras, el que en su mayoría se distribuye en seguridad, programas asistencialistas y compra de armas, armas que han servido para reprimir a la gente en la actual crisis política.
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