Global Witness presentó un informe sobre la situación que vive del ambiente a nivel mundial. La organización documentó el asesinato de 200 defensoras y defensores de la tierra y medio ambiente en el 2016. Honduras registra catorce crímenes.
El 2016 fue el año con más muertes documentadas. Esta tendencia no solo está creciendo; se está expandiendo con asesinatos diseminados en 24 países, mientras que en 2015 fueron en 16 países. Considerando que muchos asesinatos no son reportados, y aún menos son investigados, es probable que el número verdadero sea en realidad mucho más alto.
El informe resalta que la oleada de violencia contra los defensores del ambiente, es generada por la lucha en defensa de la tierra y bienes naturales, dejando como responsables a las empresas mineras, madereras, hidroeléctricas, agrícolas y a los gobiernos.
En general, el documento dice que Brasil es el país más mortífero del mundo y que Honduras continúa siendo el más peligroso, considerando el número de asesinatos per cápita registrados durante la última década.
Asimismo, el informe manifiesta que enfrentarse a la minería es más peligroso que a otros proyectos, con 33 personas asesinadas; mientras que el número de asesinatos con temas relacionados a la tala de madera va en aumento. Global Witnees dice que el 40% de los 200 líderes asesinados son indígenas, la mayor parte en América Latina
Para esta organización, los gobiernos y los actores empresariales están fallando en combatir la causa fundamental de los ataques: la imposición de proyectos extractivos en comunidades sin su consentimiento libre, previo e informado. Los inversionistas, incluyendo a los bancos de desarrollo, en realidad están alimentando la violencia al financiar proyectos. La criminalización y los casos civiles agresivos están usándose para reprimir el activismo ambiental y la defensa del derecho a la tierra alrededor del mundo, incluso en países como Estados Unidos.
Honduras y sus 14 víctimas
Global Witnees registra el crimen de 14 líderes ambientalistas en 2016, sin contar los no reportados. Para este organismo internacional, el país es el más peligroso para los defensores del ambiente, porque la mayoría enfrenta procesos criminales o son asesinados.
La lista la encabezan los dirigentes campesinos Allan Reynieri Pérez y Manuel Milla quienes fueron asesinados el domingo 19 de junio de 2016 en la comunidad de Panamá en Trujillo, Colón. Ambos eran integrantes del Movimiento Campesino Gregorio Chávez.
El informe resalta el asesinato de los campesinos Elvin Joel Palencia, José Pantaleón Alvarenga Galdámez, Roberto Carlos Palencia Fuentes y Santos Filander Matute, víctimas de la masacre del 21 de febrero de 2016 en el caserío Cabeza de Vaca Número Dos en Locomapa, Yoro. Todos eran miembros de la Tribu Tolupana de Locomapa, quienes se oponían al corte ilegal de madera en el sector.
Asimismo Jairo Ramírez estudiante de la Universidad Nacional de Agricultura (UNA), de 22 años de edad, fue asesinado después de participar en una protesta por la muerte de la ambientalista Berta Cáceres.
La lista continúa con el crimen del presidente del Movimiento Campesino del Aguán-MCA-, José Ángel Flores, quien fue asesinado en la comunidad La Confianza, en Colón, también en ese mismo suceso perdió la vida el campesino Silmer Dionisio George.
En la nómina se registra el crimen contra Lesbia Yaneth Urquía de 49 años, madre de tres hijos que fue asesinada en Mata Mula en Marcala, La Paz y el asesinato de Rufino Alexis Bulnes Mejía, indígena tolupán que falleció en la comunidad de Aguadero, en Morazán, Yoro.
La lista de los catorce la cierra Berta Cáceres, ex coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), quien fue asesinada en su vivienda la madrugada del 2 de marzo del 2016.
Entre impunidad y criminalización
Catorce defensoras asesinadas en 2016 reafirman que Honduras es el país per cápita más peligroso de la última década, con 127 asesinatos desde 2007. Las represas hidroeléctricas y los agronegocios son las industrias más vinculadas a los asesinatos. La corrupción generalizada, la falta de consulta a las comunidades y el fracaso total del gobierno en proteger a los activistas son los detonantes de los ataques.
El 90% de crímenes de defensores del ambiente se encuentra en la impunidad, pocos de ellos han logrado la captura de asesinos materiales, pero ninguno ha dejado tras las rejas a los responsables intelectuales. Un ejemplo de ello, es el asesinato de Berta Cáceres, crimen en el que no se vislumbran a los autores intelectuales.
“Creemos que la impunidad prevalece en este asesinato: el Estado no da información sobre las investigaciones, sí es cierto que tiene abiertos procesos judiciales contra supuestos autores materiales, pero por el momento no conocemos quienes están detrás de ellos, la impunidad prevalece ante un ambiente de secretividad”, dijo el abogado de la familia Cáceres, Víctor Fernández.
Mientras que Berta Zúniga, hija de Berta, afirma que seguirán luchando hasta que se instale una comisión internacional que investigue el crimen de su madre, para que se castigue a los responsables intelectuales del asesinato.
Para Fernández, la impunidad prevalece porque el mismo sistema que investiga es el que criminaliza a los defensores del ambiente. “En el caso de Berta, el Ministerio Público, la justicia hondureña que investiga su crimen, fue la estructura que la persiguió, que abrió procesos criminales en su contra, solo por luchar junto a su comunidad por la defensa del río Gualcarque, esa misma situación enfrentan los líderes en todo el país, si no son criminalizados, son asesinados”.
Para Zúniga es importante que el Estado tome responsabilidad, en lo que corresponde a brindar seguridad a los defensores del ambiente, además que retome las sugerencias de los organismos internacionales para que niegue permisos de operación a los proyectos hidroeléctricos y mineros que solo traen muerte para la población afectada.
La responsabilidad de las empresas, el Estado y la cooperación
El informe de Global Witnees, muestra su preocupación por el papel que juegan en el conflicto los inversionistas, los Estados y la cooperación internacional. El documento toma de partida el ejemplo del banco Holandés de Desarrollo (FMO) y su contraparte finlandés (FINNFUND) que luego del asesinato de Cáceres, continuaron financiando el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
“Los bancos sólo se pronunciaron cuando el asesinato de Berta generó indignación internacional, y anunciaron su retirada del proyecto solo cuando un empleado de la compañía en la que invirtieron fue arrestado por supuesta participación en el asesinato. Si hubieran actuado antes, Berta podría seguir viva y la reputación de los bancos podría continuar intacta”, cita el informe.
Hace unos días, estos organismos anunciaron su retiro de Honduras para dejar de financiar los proyectos en coordinación con la empresa Desarrollos Energéticos. Ante el comunicado emitido, Berta Zúniga dijo que todo es parte de un protocolo para que estas empresas inversionistas en colaboración con el Estado puedan retomar sus trabajos en otras regiones y así seguir afectando a la naturaleza y generando riquezas para ellos.
“El Estado juega un papel nefasto en nuestra realidad, ellos son cómplices de las empresas inversionistas y hasta de la cooperación que ven en la tierra hondureña un negocio”, declaró Zúniga.
Bajo ese contexto, Juan Jiménez Mayor vocero de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), dijo que el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, recibió la licencia ambiental después de entregarse los contratos, en ese sentido recalcó que el procedimiento no garantizó la opinión de las comunidades bajo la consulta previa, libre e informada.
En conferencia de prensa, el vocero de la MACCIH Juan Jiménez Mayo, reveló que se amplió la capacidad de generación del proyecto, dicha ampliación no paso por el Congreso Nacional, la otorgó un funcionario, un ministerio, situación que traerá consecuencias jurídicas, ya que esas competencias únicamente corresponden al poder Legislativo. “Esta ampliación además excede el periodo de gobierno. Hay una serie de consideraciones de orden jurídico para determinar que esto se dio así y que tuvo que pasar por el Congreso”, dijo Jiménez Mayo.
Luego que la empresa Desarrollos Energéticos S.A, DESA anunciara un retiro temporal del proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca”, en el departamento de Intibucá, aparecen nuevas líneas de investigación conducidas por la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad, MACCIH por los supuestos delitos de abuso de autoridades, fraude y colusión entre funcionarios y representantes de la empresa.
La consulta previa a las comunidades, es otro punto que resalta el informe, y pone de ejemplo la comunidad de Santa Elena, La Paz, donde habitantes de la comunidad se enteraron que la represa Los Encinos comenzó trabajos en la zona sin antes consultar a las comunidades.
El asesinato de defensores del ambiente en Honduras, junto a la impunidad y criminalización, son las principales preocupaciones de Global Witness en este informe sobre la realidad de defensores del ambiente durante el 2016.
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